El Consejo de la Magistratura decidió, por ahora, seguir adelante con el proceso contra el camarista de Casación Alfredo Bisordi, quien presentó su renuncia el mes pasado y ponía el 31 de marzo como su último día de trabajo. Esa fecha ya pasó y el Poder Ejecutivo no se expidió sobre la aceptación de su salida, ni hizo la consulta de rutina al cuerpo que sanciona a los jueces. Por eso, la diputada oficialista Diana Conti presentó ayer una propuesta para citar al juez a una especie de indagatoria con más de una decena de acusaciones, como paso previo a promoverle juicio político. Otro consejero, el juez Luis Cabral, iba a dictaminar para imputarle a Bisordi sólo faltas disciplinarias.

Cabral tuvo a cargo toda la investigación contra los camaristas de Casación. Armó un expediente por separado para cada juez acusado, pero todavía no dictaminó en ningún caso. Para Bisordi venía preparando una propuesta para sancionarlo, pero no para hacerle juicio político. Ante la falta de respuesta del Ejecutivo sobre la renuncia del camarista –hasta la semana próxima tampoco habría noticias porque Cristina Kirchner se va a Francia–, Conti anticipó un contraataque con un dictamen mucho más amplio y más duro que no tiene apoyo seguro y sería discutido el jueves próximo.

Lo acusa de “haber sido partícipe” del entramado de maniobras que llevaron a la parálisis de los juicios contra represores. Le cuestiona, entre otros puntos, no haberse excusado en ciertos expedientes sobre derechos humanos; no haberse corrido de la presidencia de la Cámara “cuando estaba moral y jurídicamente inhabilitado” por enfrentamiento público con las víctimas de la dictadura; haber reiterado públicamente su ofensa a las víctimas; haber omitido medidas para acelerar las causas; haber agraviado al ex presidente Néstor Kirchner al que trató de “enemigo”; haber actuado para “garantizar la impunidad” en casos de abusos policiales. Y la lista continúa.