La lectura predominante de las entidades agropecuarias de la renuncia de Martín Lousteau fue que se trató de una concesión hacia ellas. A partir de ese hecho, actuaron en consecuencia. Evaluaron que la salida del ministro tendió el puente que hasta entonces no encontraban para replantear las negociaciones. Les dio una excusa para empezar a retirar el ultimátum del 2 de mayo. Varios de los dirigentes más enfrentados ideológicamente con la Casa Rosada fueron ayer quienes expresaron que “la tregua puede extenderse” más allá de esa fecha. Lo dijeron Mario Llambías, Néstor Roulet y Pedro Apaolaza –este último firmó una solicitada en medio del lockout pidiendo que Dios perdonara a Cristina Fernández–. Llambías incluso destacó que la Presidenta “tuvo un gesto político importante” al acercarse a saludarlos tras la jura del nuevo titular de Economía.

De pronto, Lousteau dejó de ser ese ministro inexistente, sin poder, manejado por la Casa Rosada, que cuestionaban los ruralistas y describían la mayoría de los medios de comunicación hasta el jueves a la tarde, para convertirse en el “ideólogo” de las retenciones móviles, el único hacedor de la política que llevó al Gobierno y al campo a una confrontación descomunal. Ayer la dirigencia rural jugó a que Lousteau fue el único responsable y que ahora que abandonó el cargo, se abre otra etapa con el Ejecutivo. El Gobierno hizo menos explícito ese discurso, pero fue lo que dejó traslucir desde el momento en que lo echó. En definitiva, Lousteau actuó de fusible, como suele ocurrir con los ministros en momentos de crisis.

Federación Agraria y grupos de productores autoconvocados también mencionaron ayer que postergarán la vuelta a acciones directas si esta semana el Gobierno muestra predisposición a acordar. “Hay expectativas, le vamos a dar un crédito pequeño, muy pequeño, para ver si (Carlos Fernández) asume el rol que debe asumir”, sostuvo Pablo Orsolini, dirigente de aquella entidad. El tono sigue siendo de presión y en algunos casos –como el de Alfredo De Angeli y del propio Apaolaza– amenazante, pero la mayor parte de la dirigencia busca apurar un arreglo.

“Se comprobó que el campo puede desabastecer”, agredió Apaolaza, pero de inmediato remarcó que “no hay que hacerlo”. “A esto hay que darle un corte de una vez por todas para que la gente pueda volver al campo a producir, que es lo que sabe hacer, y a vivir tranquila”, completó.

Desde distintas entidades señalaron a Página/12 que hasta la renuncia de Lousteau, la presión de las bases tornaba muy complicado evitar la vuelta al lockout. “A cualquier punto del país que uno fuera el reclamo era el mismo: retomar el paro. Lo único que se discutía era la modalidad. Algunos querían volver a cortar las rutas y otros planteaban que no era conveniente desabastecer las ciudades porque eso nos jugaría en contra. Desde que se fue Lousteau lo que notamos es que nuestro presidente tiene margen para plantear una extensión de la tregua sin que se lo coman crudo”, describió un dirigente de una de las cámaras más combativas.

Ahora que las partes ganaron tiempo para continuar las negociaciones, la clave está en cuáles son las condiciones de mínima para dar por terminada la crisis. Andrés Souto, presidente de la Asociación Agrícola de La Pampa, aseguró que uno de los puntos es la liberación de las exportaciones de carne. Desde el Gobierno afirman que están dispuestos a hacerlo y que, de hecho, figura en el acta acuerdo firmada con los ruralistas hace dos semanas, pero indican que ese mismo convenio establece que debe cumplirse la condición de abastecimiento suficiente a precios razonables. “Todavía no hay abastecimiento suficiente ni se está cumpliendo el acuerdo por los 13 cortes populares. Cuando ello ocurra, se abrirán las exportaciones y se aumentará el cupo permitido de envíos”, remarcó una fuente oficial. En la última semana ingresaron 30.000 cabezas al Mercado de Hacienda de Liniers, cuando lo necesario para cubrir la demanda son 40.000 cabezas. “En la medida que esta semana veamos que se abastece al mercado, vamos a abrir las exportaciones”, insistieron desde el Ejecutivo.

Otro punto es garantizar que los productores de trigo reciban el precio pleno. En principio, el Gobierno y los dirigentes agropecuarios dicen coincidir en el objetivo, pero existen diferencias por el mecanismo a implementar. “No les gusta nada de lo que ofrecemos porque uno de los problemas del sector es el alto nivel de evasión, por eso no les llegan las compensaciones. No nos pueden culpar por eso”, chicaneó un funcionario.

La tercera cuestión está centrada en las retenciones móviles. Los ruralistas ya no hablan de eliminarlas, sino de ponerles tope, y Federación Agraria pide diferenciar por tamaño de productor. El Gobierno dejó trascender que hará algún retoque para descomprimir la situación. Finalmente, se discutirá un aumento en el precio de la leche.

“El 2 de mayo en vez de estar en la ruta queremos estar produciendo”, afirmó Roulet, vicepresidente de Confederaciones Rurales. “Si hay señales claras, no quepa la menor duda (de que se extiende la tregua), pero sin señales claras, no”, afirmó. Apaolaza planteó que “la tregua podría estirarse de una semana a diez días, no más de eso”. Y Llambías dijo que el cambio en Economía brinda “una oportunidad para encontrar soluciones”. En el juego político, el ignoto Carlos Fernández aparece en este momento como el actor clave que podría destrabar toda la negociación. Mañana se reunirá con Javier De Urquiza y por la tarde podría convocar a una reunión a los ruralistas.