A pesar de contar con la ventaja de que la oposición no es atendida hasta ahora por la mayoría de sociedad, el Gobierno comenzó a enredarse solo, extrañamente, con algunos temas que sí preocupan a muchos. El principal es el de la inflación, que si bien pareciera estar aún lejos de ser alarmante es medida de tal forma que da como resultado índices para el descrédito y permite que los oportunistas de siempre tiren al boleo proyecciones inflacionarias disparatadas. El otro es el conflicto con los productores agropecuarios, que con un extraordinario apoyo mediático, sumado a errores del propio gobierno, logró instalarse en la primera página de la agenda política e intranquilizar a un sector importante de la clase media, que, aun sin tener una opinión formada sobre esa confrontación específica, sabe que quiere disfrutar de la bonanza económica que le deparó la gestión Kirchner sin crispaciones ni sobresaltos.

Según lo que pudo percibir Página/12 en charlas con funcionarios de alto rango, desde que tomaron nota de la situación con alguna demora comenzaron a plasmar la idea de que el Gobierno debía dar un vuelco importante para revertir la erosión a la que estaba siendo sometida la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que abrió la puerta a que actores políticos y económicos tuvieran actitudes desafiantes cuando antes no se atrevían ni a susurrar una disconformidad.

La estrategia para el golpe de timón parece tener un Día D: el 25 de mayo. Esa fecha emblemática es la elegida por la Presidenta para proponer la concertación para el Bicentenario, una suerte de pacto social y económico, que incluya a todas las fuerzas productivas. Según el diseño oficial, ese acuerdo no debería tener un renglón en blanco dejado por los ruralistas. La decisión, entonces, es llegar a un acuerdo de largo alcance con las entidades agropecuarias. Claro que no a cualquier precio. Pero en el Gobierno hay optimismo. No sólo porque modificó algunas variables propias (desde el cambio de ministro de Economía hasta propuestas concretas a pequeños productores y sectores específicos como el del trigo), sino también por la situación objetiva de los ruralistas, que saben que ya no podrán llevar adelante una medida salvaje con cortes masivos de rutas y desabastecimiento, como el que sí pudieron imponer en marzo. El sentido común indica que la sociedad ya no toleraría otra medida de esas características y podría llevarlos a perder los niveles de simpatía que supieron cosechar en una parte de ella.

Respecto de la inflación, el Gobierno se enfrenta a dos problemas y analiza cómo encararlos, pero sin dejar trascender su estrategia. Uno es de la suba de precios en sí misma para mantener el índice en niveles razonables. Y el otro es la credibilidad del índice. El nuevo modelo de medición del costo de vida todavía no vio la luz. En el Gobierno están convencidos de que el método que se presente debe ser convincente.

Además de estas cuestiones medulares, en el Gobierno pareciera haber espacio para abordar otros ítem. Por ejemplo, muchos opinan que debería darse una oxigenación de métodos y de nombres, como no ocurrió el 10 de diciembre cuando asumió la Presidenta. Pero según pudo recabar Página/12, eso no ocurrirá el 25 de mayo. Una alta fuente de la Casa Rosada aseguró, contra todas las versiones que circulan en ese sentido, que no están previstos cambios en el gabinete. A la Presidenta –al igual que a Néstor Kirchner durante su gestión– no le gusta “entregar” funcionarios a pedido de la oposición o de los medios de comunicación. Por eso, cuando un funcionario es cuestionado desde esos sectores se lo suele fortalecer. En esa lógica, difícilmente el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, sea desplazado de su cargo en estos momentos. Quizá cuando las aguas se tranquilicen sí se le asigne otra función de menor exposición.

En cuanto a las tácticas, hay dentro del Gobierno quienes sostienen que la Presidenta debería repensar cuáles de las que le fueron útiles a su esposo le sirven con igual eficacia a ella. Por ejemplo, el modo de comunicarse con la sociedad. Una de las ideas que da vueltas es la de reservar los actos en la Casa Rosada para cuando quiera comunicar ella algo en particular. Y para los temas cotidianos elegir el elenco del Gobierno, incluidos legisladores, quienes deben abordar cada día frente a los medios la posición oficial, seleccionando a distintos funcionarios-comunicadores de acuerdo con qué sectores de la sociedad se intente persuadir. Los que propician esta idea buscan evitar que se repita lo que ocurrió en los primeros días del conflicto con los productores agropecuarios, cuando entre los voceros que defendían la postura del Gobierno aparecían en forma desmedida Hugo Moyano y Luis D’Elía, para festín de quienes buscaban alejar aún más a la clase media del Gobierno.

Otro tema que marcará buena parte de la agenda futura de la Casa Rosada es la modificación de la Ley de Radiodifusión, ya que la que está en vigencia es la impuesta por la dictadura militar en 1977. Como es un tema muy delicado por los intereses económicos que pone en juego, Cristina Kirchner no quiere dar pasos en falso, por lo que buscará el mayor consenso posible, aunque sabe las dificultades que presentará lograrlo, y que el proyecto oficial sea jurídicamente sólido.

Atravesando los variados desafíos hay uno de difícil solución, como es la colisión entre dos necesidades ciertas: la de Kirchner de respaldar personalmente a la Presidenta y la de que esto no reavive en la oposición la bandera del doble comando. Se trata –evalúan– de lograr un delicado equilibrio y una fina ponderación para acertar cuándo una aparición del ex presidente puede fortalecer a su esposa y cuándo corre el riesgo de opacar las virtudes que la llevaron a la ocupar la presidencia.