Fabián Daydé, coordinador de Defensa Civil del municipio de Victoria, dice sin titubeos: “La razón de los incendios en Victoria es la quema para renovar pasturas. El isleño sabría dónde quemar y qué quemar. El nuevo ocupante quema cualquier cosa”. En las islas afectadas por los focos asentaron hacienda productores atraídos por la construcción del puente Rosario-Victoria (iniciado en 1999 y finalizado en 2003) que abarató el transporte y elevó la cantidad de ganado a entre 150 y 200 mil cabezas. La flota de barcazas también se amplió para completar la faena. La superpoblación de vacunos en la zona de Victoria al sur de Entre Ríos, donde los arroyos son inmanejables, hizo más trágica la inundación de marzo de 2007: murieron 20 mil vacas y se evacuaron más de 100 mil. La provincia ya tenía en tierra firme 1.400.000 hectáreas de soja.

En los últimos años abundaron las propuestas de organizaciones medioambientales y trabajos científicos que intentaron explicar la drástica transformación de la región. El Taller Ecologista es una entidad fundada en Rosario en 1985 que intenta conjugar “la problemática social, la exigencia del respeto a los derechos humanos y los aspectos ambientales integradamente, y no bajo una visión conservacionista reducida”. El título de una de sus denuncias es “Quemar por dinero II: que no nos preocupe sólo el humo”.

En ese texto de diez carillas el Taller hace demoledoras críticas a las autoridades de Entre Ríos. Sobre la Secretaría de la Producción de esa provincia sostiene que “avanza con el arrendamiento de las islas públicas, sin intervención del área medioambiental, sin estudios de impacto ambiental, sin audiencias públicas, sin cumplir con ningún tipo de normativa ambiental...” Sobre las conclusiones de un encuentro que trató la problemática de los humedales, afirma que “debe cambiarse la visión de que un territorio sólo es productivo si contiene agricultura o ganadería. El espacio silvestre es muy importante en cuanto a la provisión de medicina, alimento y vida. El humedal nos provee de un gran servicio ambiental, y por ello no se puede simplificarlo en agricultura o ganadería”.

Estas críticas son del 10 de noviembre de 2006. Siete meses después para detener las quemas en las islas, Taller Ecologista les envió una carta a los gobernadores Jorge Busti (Entre Ríos), Jorge Obeid (Santa Fe) y al presidente del directorio de Parques Nacionales, Héctor Espina. En ella denunciaba que los incendios “provocan problemas en la salud de las poblaciones ubicadas a la vera del río Paraná y en las islas, por emisión de sustancias tóxicas (algunas de ellas cancerígenas)...”

La Fundación de Historia Natural Félix de Azara también denunció que el puente Rosario-Victoria “dividió la zona en dos y generó graves impactos ambientales. La cara más visible de estos impactos son las constantes quemazones .” Agregó que “el ganado se quintuplicó a la par que aumentaron los focos ígneos para inducir al rebrote de pastos”. Estos comentarios son de noviembre de 2006.

Hay otros problemas ecológicos en la región. Por ejemplo, el pacú, un pez de valor alimentario y codiciado por la pesca deportiva, desapareció. El dragado sin control, la contaminación efluentes industriales o efluentes cloacales, el paso de barcos de gran calado y hasta la influencia de las grandes represas levantadas río arriba, han sido denunciados por distintas organizaciones ecologistas.

Las grandes inundaciones han hecho lo demás. Se repitieron en 1905, 1959, 1966, 1982, 1983 y también el año pasado. El trabajo “Efectos del evento de inundación de 1982-83 sobre la región del Delta del Río Paraná. El caso del departamento Victoria, Entre Ríos”, presentado en el Congreso de Antropología Social de La Plata de 1997, sostiene que “existen claras ventajas para la cría de animales en la isla, de manera que aquellos grupos que disponen de ganado propio tienen un claro estímulo para permanecer en ella”. Cuando Mauricio Boivin, Ana Rosato y Fernando Balbi lo escribieron, aún no se había construido el puente Rosario-Victoria que facilitaría el envío de ganado a las islas.

Esta repoblación se rige por la ley 9603, de Arrendamiento de islas fiscales de la provincia de Entre Ríos. El artículo 2 dice que la Secretaría de Producción es su autoridad de aplicación “para la convocatoria al procedimiento público de selección de ofertas para el arrendamiento de las islas, fracciones o lotes de las mismas y anegadizos sometidos a su régimen, con excepción de aquellas comprendidas en las disposiciones de la ley Nº 7094”. Cuando la Secretaría de Producción puso en marcha esta tarea se le amplió el presupuesto con 250 mil pesos. En su artículo 10, la norma establece que no podrán ser arrendatarios fiscales “los miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las autoridades superiores provinciales, los miembros de la Comisión de Adjudicación creada por el presente decreto (9695), los concursados y los declarados en quiebra y las personas físicas y jurídicas que mantuvieran deudas con el Estado provincial”.