“Hay que esperar al 25 de mayo.” La frase rebota en las paredes de los principales despachos de la Casa Rosada. Ese día será el relanzamiento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Tres altas fuentes del Gobierno confirmaron a Página/12 que en la fecha patria tienen previsto firmar el postergado pacto social entre el Ejecutivo y las cámaras que representan a los sectores económicos más importantes del país. También suscribiría el acuerdo la CGT. Además, la Presidenta espera aprovechar ese marco para anunciar medidas de aliento a la inversión, como la creación del Banco de Desarrollo y la pronta aprobación de la Ley de Reinversión de Utilidades para pymes de algunos sectores estratégicos de la economía, como parte de un paquete de medidas para frenar la inflación. En el seno del Gobierno existe un debate sobre si esas medidas deberían incluir algún tipo de freno a la demanda. Para regenerar un clima de “mayor confianza”, se intentará que el mismo 25 la primera magistrada pueda dar a conocer un acuerdo con el Club de París. También se barajan distintos escenarios sobre la conformación del gabinete en esta nueva etapa. En un amplio abanico, están los que piden una fuerte renovación, pero cada vez cobra más fuerza la idea de que sigan los mismos ministros.

Funcionarios cercanos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner creen que la salida de Martín Lousteau les brinda margen suficiente para cerrar un acuerdo con el campo, que permita el levantamiento de la medida de fuerza adoptada por las entidades gremiales del sector en marzo. “Esta semana bajarán los precios de los cortes de carne populares y podrán exportar”, explicó uno de los hombres clave de esa negociación a este diario. Además, está convencido de que en los próximos días cerrarán un precio de corte de la leche por litro para el tambero y, si el campo da garantías de paz social, el Gobierno modificaría la alícuota marginal de las retenciones móviles de la soja y el girasol, que hoy es del 95 por ciento, para que el derecho de exportación no supere el máximo del 50 por ciento –hoy se ubica cerca del 40–. Los planes a largo plazo, como el ganadero y el plan nacional de granos, para llegar en 10 años a una cosecha de 140 millones de toneladas diversificada, se presentarán también el 25 de mayo.

El funcionario que está negociando con los distintos sectores la letra chica del pacto social es el ministro de Planificación, Julio De Vido. Ya pasaron por su oficina los hombres de la Unión Industrial, las tres asociaciones de bancos, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Cámara de la Construcción y la CGT. A las entidades del campo espera convocarlas luego de terminado el actual conflicto. Antes de comenzar las conversaciones con De Vido, todos los dirigentes de esas entidades tuvieron reuniones por separado con Cristina Fernández de Kirchner, quien les realizó la propuesta brindándoles un marco general del proyecto. Todos respondieron en forma positiva a la iniciativa presentada.

En líneas generales, el pacto consiste en fijar una serie de objetivos a corto, mediano y largo plazo, que el Estado, los empresarios y los sindicatos se comprometen a cumplir. Se definirán temas como inversión, producción, cadenas de valor, exportación, distribución de la riqueza, tasas de interés, crecimiento del mercado de capitales y responsabilidad sindical en los reclamos salariales, entre otros.

En la Casa Rosada piensan que el acuerdo sumará varios aspectos positivos: será visto como una forma de gobernar mediante el consenso, despertará confianza en los actores económicos y en la sociedad y recreará la inversión. Más allá del cimbronazo que significó para el Gobierno el conflicto con el campo, funcionarios relevantes de la estructura de poder del kirchnerismo piensan que sirvió para darse cuenta de que en unas pocas reuniones se está llegando a un acuerdo que permitirá aumentar y diversificar la producción y bajar los precios. Por eso piensan que recrear la negociación, pero esta vez en un clima de armonía, puede resultar ampliamente positivo.

Aunque la palabra inflación está casi prohibida en la Casa Rosada, sí se habla de generar un shock de inversión y crear un clima de confianza para bajar las expectativas inflacionarias. El razonamiento es el siguiente: el actual aumento de los precios tiene que ver con la presión de una demanda creciente frente a una oferta insuficiente. Como la Presidenta no quiere enfriar el consumo, se propone aumentar la oferta incentivando la inversión. La primera medida será la sanción de la Ley de Reinversión de Utilidades para las Pymes. Esta norma desgrava parcialmente el impuesto a las ganancias a las pequeñas y medianas empresas que reinviertan sus beneficios. Pero la idea es que la ley se ajuste a sectores estratégicos, como los de tecnología de punta y otros que necesiten inversión para aumentar su oferta interna.

La creación del nuevo Banco Nacional de Desarrollo, al estilo Bndes de Brasil, será anunciado con bombos y platillos y constituirá una de las estrellas del acto del 25 de mayo. Los mejores créditos que existen hoy son los del Banco Nación, a 5 años, al 12 por ciento anual. La idea es que esta nueva institución comience prestando a plazos de hasta 15 años a una tasa del 8 por ciento anual. En estas condiciones las posibilidades de las pymes de poder comprar maquinarias para producir se multiplican porque la cuota se reduce significativamente. La idea del Gobierno es que los créditos sean otorgados por convenios mixtos entre la nueva institución y bancos privados (ver aparte).

Aunque el principal asesor económico de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo Néstor Kirchner, por su despacho pasan otros profesionales que también son escuchados. Cada vez más economistas utilizan todo tipo de eufemismos para referirse al mismo tema: enfriar la economía para bajar la inflación. Incluso ex colaboradores del ex presidente hablan de incentivar la inversión para aumentar la oferta de bienes y servicios, pero también bajar un poco el gasto para disminuir el consumo. Otros, más cautos, prefieren aconsejar “reasignar el gasto, destinando a inversión parte de lo que hoy se utiliza para subsidios”. Por ahora, la jefa del Ejecutivo no tomó ninguna medida al respecto.

Para mejorar el clima de negocios y atraer inversiones internacionales se buscará cerrar un acuerdo con el Club de París. La propuesta argentina es hacer un pago simbólico de aproximadamente 500 millones de dólares, seguir abonando los pagos corrientes (los que van venciendo) y renegociar el resto a un plazo de entre tres y cinco años. En el Ejecutivo esperan que, con el apoyo de los Estados Unidos, antes del 25 de mayo se finalice la negociación.

En el Gobierno hay quienes piensan que no puede haber un relanzamiento sin cambios en el gabinete. Pero una fuente del más alto nivel del poder repasó con Página/12: “De Vido es el responsable del acuerdo social; el ministro de Economía acaba de asumir; Aníbal Fernández es el hombre que garantizó la paz en las calles en medio de los peores conflictos; Randazzo anda muy bien; Ocaña es excelente; el ministro de Ciencia y Tecnología recién asume y está trabajando bien; Alicia bien, como siempre; Tomada es una garantía; Alberto es la mano derecha de la Presidenta”. De Moreno afirma: “Antes de sacarlo que me digan quién se va a ocupar del bolsillo de la gente”.