“Es una idea que hay que estudiar con mucho cuidado.” Quien habla es un funcionario que tiene un lugar reservado en la mesa chica. La mesa chica del Gobierno, está claro, que se reúne en la quinta de Olivos cuando allí se sientan no más de cuatro personas. La cautela no es nada casual. El funcionario se refiere a uno de los proyectos que se está analizando en el círculo de decisiones más alto del Ejecutivo. La propuesta de destinar una parte de los 50.200 millones de dólares de reservas que el Estado fue atesorando en estos años para financiar obras en infraestructura energética y un plan de viviendas para sectores de menores recursos. “Todo parece indicar que hay un excedente de reservas. Pero es un tema delicado y todavía falta mucho”, minimiza el funcionario ante Página/12. Aunque desde la Rosada sugieran que el plan no será aplicado en el corto plazo, este diario pudo saber que dos personas están trabajando en evaluar su factibilidad. Se trata del presidente del Banco Central, Martín Redrado, y el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.

La idea de usar parte de las reservas de los Bancos Centrales para obras públicas o inversión en políticas sociales –lo que sería una forma concreta de llevar a la práctica la distribución de la riqueza– no es nueva ni privativa de la Argentina. En América latina ya se han conocido ejemplos de gobiernos que, tras acumular millones de dólares en las arcas del Estado gracias a los superávit fiscal y comercial, decidieron usar parte de las reservas monetarias en obras públicas e inversión social. El objetivo, en esos casos, fue intentar un shock redistributivo de impacto rápido. Para el oficialismo, implementar esa medida respondería a dos cuestiones: una cosmovisión ideológica sobre el rol del Estado para redistribuir la renta, por un lado, y por otro la necesidad de galvanizar su relación con la parte de la sociedad que hasta ahora ha mostrado un apoyo leal aunque también algo pasivo.