Cordobés de 58 años, juez desde 1993, Jaime Díaz Gavier fue el encargado de leerle a Luciano Benjamín Menéndez su condena a prisión perpetua por cuatro de los miles de crímenes que cometió cuando gobernaba, a su manera, diez provincias argentinas. Junto con los vocales Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará, resolvieron que el general retirado de 81 años pasara el resto de sus días en la cárcel de Bouwer, donde el jueves cenó puchero. Entrevistado por PáginaI12 horas después del histórico fallo, Díaz Gavier destacó la contribución de las víctimas, explicó que la cárcel común debe ser la regla y la domiciliaria una excepción bien fundada y consideró “un poco absurdo” impedir la difusión de las imágenes de los imputados como ocurre en el Tribunal Oral Federal 5 porteño. “La Justicia no estuvo ni está al margen de lo que pasó en la Argentina. Muchas de las cosas que pasaron no habrían sido posibles sin su consentimiento o indiferencia”, reflexionó.

–¿Qué siente tras haber condenado a prisión perpetua a Menéndez?

–La sensación es de deber cumplido. Es una satisfacción en el sentido de que los juicios se han hecho esperar muchos años. Luego se destrabaron, pero aún así hubo idas y vueltas. Los juicios son producto del reclamo de la sociedad argentina para esclarecer, determinar los hechos, fijar responsabilidades penales e, incluso, como un modo genuino de poder superar la historia para poder seguir adelante sobre una base de justicia efectiva. Siento satisfacción porque fue un gran trabajo montar este juicio en tan poco tiempo, pero se hizo precisamente con la idea de que había que dar respuesta a la sociedad de la manera más rápida posible, dentro de los marcos procesales y los términos que debemos respetar.

–¿Qué simboliza para usted Menéndez, no como juez, sino como ciudadano de Córdoba?

–Para mi generación, que atravesó el llamado “proceso”, la dictadura militar, en la plenitud de la juventud (en 1976 Díaz Gavier tenía 26 años e iniciaba su carrera como abogado), el recuerdo es muy complicado. Se asocia a todo tipo de temores, inseguridades. Lo importante es que la historia siguió su curso y, aunque con demora, se ha podido llevar adelante el juicio y dictar sentencia.

–¿Fue difícil tomar la decisión de hacer cumplir la pena en una cárcel común?

–Siempre es difícil decidir sobre la libertad de una persona, sea quien sea. Desde el punto de vista jurídico y procesal, la primera dificultad pasa por determinar los hechos y atribuir responsabilidades. En estos casos es aún más complejo por el tipo de delitos, cometidos de manera tal de disimular y hacer desaparecer las pruebas. Desde ese punto de vista, lo difícil es la condena en sí. Sobre la prisión común, no hicimos más que aplicar la ley, que establece que una persona condenada debe cumplir su pena en un establecimiento penitenciario del Estado. Hay excepciones, como la edad o eventualmente una enfermedad en estado terminal, pero aun en esas situaciones la ley requiere informes y dictámenes médicos y psicológicos que justifiquen la imposibilidad de cumplir la pena en la cárcel. Se está cumpliendo la norma, así debe ser.

–¿Qué balance hace del desarrollo de las audiencias? La sensación es que todas las partes quedaron conformes.

–Afortunadamente sí, creo que pudimos manejarlo con imparcialidad, con objetividad. Es evidente que había tensiones muy fuertes, dramáticas, no comunes en otros juicios, porque se trata de un período de la historia muy complicado y que no ha terminado de procesarse. De manera tal que haber podido llevarlo adelante en un marco de respeto a los derechos de las partes y de control de todo tipo de reacciones fue muy importante. En ese sentido me parece importante destacar la actitud del público, básicamente constituido por víctimas o familiares de víctimas, que hicieron un verdadero esfuerzo de autocontrol y consiguieron dominar reacciones que hasta podrían ser comprensibles.

–¿Se quejaron los imputados por la difusión que tuvo el juicio, por su exposición ante las cámaras? Se lo pregunto porque en Capital Federal el tribunal oral que concentra la mayor cantidad de juicios por crímenes de lesa humanidad, el número cinco, impide que se conozca el rostro de los imputados e incluso que se transmita el audio de sus sentencias.

–(Silencio.) Confieso que no lo sabía y en principio no me gusta esa idea. Entiendo que debemos respetar el principio de publicidad, de manera que la gente pueda conocer la actuación de un poder del Estado. Ignoro las razones y valoraciones del TOF 5. Lo que hicimos aquí fue preservar la seguridad de los testigos para que no ocurrieran casos como los de Julio López. El cuerpo policial encargado de custodiarlos cumplió y cumple su tarea con eficiencia. Honestamente me parece que preservar la identidad de los imputados es un poco absurdo. El pueblo tiene derecho a conocer quiénes son. A quien hay que proteger es al testigo que está prestando un servicio público, máxime cuando pasaron por situaciones extremas.

–Antes del comienzo del juicio, usted dijo que un sector minoritario de la Justicia no era partidario de avanzar con las causas por crímenes de la dictadura. ¿Sigue existiendo esa resistencia?

–No tengo ninguna duda. Hablo al menos de la Justicia federal, que integro y conozco, y es la encargada de intervenir en estas causas. Creo absolutamente que, no sólo en Córdoba sino en todo el país, la Justicia no estuvo ni está al margen de lo que pasó en la Argentina y que muchas de las cosas que pasaron no habrían sido posibles sin el consentimiento o la indiferencia de actores sociales que no atendieron estas cosas, que no querían creer o ver. La Justicia es parte de la sociedad y tiene los mismos síntomas de crisis. Es evidente que existen sectores que fueron y son renuentes a investigar y juzgar este tipo de crímenes.

–¿Conoce la cárcel de Bouwer? ¿Cómo es el calabozo de Menéndez?

–Sí, somos también jueces de ejecución de sentencias, tenemos el deber de visitar a los condenados. Honestamente no he visto qué calabozo le asignaron, pero conozco el módulo, los pabellones. Es una cárcel moderna, de las mejores que me ha tocado ver en el país. Las celdas individuales tienen sanitario y lavabo. En otros sectores lamentablemente hay superpoblación. En el sector del pabellón donde están los detenidos vinculados a fuerzas de seguridad y armadas el régimen es el mismo que en el resto de la cárcel. Por razones obvias no pueden tener contacto con la población común, porque su destino sería muy previsible.