La compra directa de 2100 patrulleros para la Policía Bonaerense puede transformarse en un problema antes que en una solución. La medida dispuesta por el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, y publicada en el Boletín Oficial de la provincia el lunes pasado, aunque está permitida por la Ley de Emergencia (prorrogada ya varias veces por la Legislatura), volvió a instalar dos sospechas: si es el modo más transparente de equipar a esa fuerza de 52.000 hombres y si la declamada seguridad ciudadana “amerita recurrir a remedios extraordinarios...” como sostuvo el gobernador Daniel Scioli en los fundamentos para prolongar por un año más, hasta el 20 de julio del 2009, la norma que rige desde mayo de 2004.

Con el número de expediente 21100-236133/08 se publicó en el boletín 25944 la solicitud de adquisición de los 2100 automóviles con un plazo de dos días para que las empresas oferentes realizaran sus presentaciones. A esta compra expeditiva se agregará próximamente la de 2660 motos de baja y alta cilindrada que también autorizó el ministerio. Ambas operaciones se decidieron cuando la Bonaerense –según estimaciones de marzo último– tiene un 40 por ciento de su flota de vehículos inutilizable y de ese porcentaje, un 30 por ciento es irrecuperable. Una cantidad considerable de ese parque automotor se convirtió en desecho y permanece en un depósito de Tolosa, localidad vecina a La Plata.

Los antecedentes de adquisiciones como éstas son los que estimulan las habladurías sobre corrupción. En 2004, el ministro de ese momento, León Arslanian, destinó 1.076.401,20 euros a la compra de 150 motos Guzzi de 750 centímetros cúbicos que proveyó la empresa Esarg motor, de Ana María Bestido, representante en el país de la marca italiana. En promedio, cada unidad salía 7000 euros. La operación, que inicialmente iba a ser de 270 motocicletas, se desdobló, en contra de lo que establece la Ley de Contabilidad Provincial. Otras 120 se adquirieron después. Pero todavía no había sucedido lo peor. Según denunció este año Jorge Benítez Cruz, un ex director de Automotores del Ministerio de Seguridad, para las Guzzi “no hay ningún tipo de repuesto en la Argentina, ya que es una moto que prácticamente no se comercializa en sus versiones de uso civil”. Muchas quedaron fuera de servicio porque no se les realiza el mantenimiento adecuado.

En mayo de 2007, el juez federal Sergio Torres comenzó a investigar una compra de chalecos antibala por parte del ministerio. La Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata continuó con la pesquisa, intentando averiguar si se habrían pagado sobreprecios. El presunto ilícito lo descubrió una unidad especial de la Policía Federal mientras trabajaba en una causa por contrabando. Los efectivos comprobaron que los blindajes de esos chalecos no brindaban las suficientes condiciones de seguridad.

Otro episodio que investiga la Justicia también tiene relación con blindajes. Pero en este caso, de 500 patrulleros. Una empresa habría cobrado por su colocación a razón de 1200 dólares por unidad. Las pericias del Ejército determinaron después que los vehículos no tenían las placas de acero de 6 milímetros que los hacen resistentes a las balas. El resultado fue que las puertas de los vehículos terminaron perforadas por los disparos de las pericias. La causa que hoy llevan adelante los fiscales Carlos Agüero y Esteban Lombardo menciona a dos empresarios: son Ramón Igarreta e Italo Latanti, que ya fueron citados a indagatoria. La maniobra comenzó en 2004 cuando el ministro de Seguridad era Raúl Rivara y pese a que el ministerio llegó a un acuerdo con la compañía Igarreta SA para que blindara de nuevo los patrulleros sin costo adicional, el expediente judicial sigue abierto.

La Ley de Emergencia policial, que para Arslanian era “un instrumento valiosísimo”, para el actual ministro también resulta funcional. En la utilización discrecional de la norma, Stornelli no se ha diferenciado de su antecesor, que en noviembre de 2007 adquirió, gracias al Decreto 3223, firmado por Felipe Solá, 250 camionetas sin pliegos licitatorios. Para este año, el ministerio cuenta con un presupuesto de 2.960.000.000 pesos, del cual saldrá la partida para pagar los patrulleros y motos sin recurrir a una licitación. La ley se lo permite al ex fiscal federal, y despeja el camino para que ciertos proveedores reciban trato preferencial. En el Ministerio de Seguridad es un secreto a voces que Automotores San Jorge, una concesionaria de Chevrolet (que usa la Bonaerense), Suzuki e Isuzu, ha sido el proveedor más favorecido de rodados de la primera marca.

Ciertos comentarios también dan cuenta de empresarios amigos de funcionarios o ex comisarios que hacen sus pingües negocios con blindajes y otros elementos de seguridad. Estas informaciones suelen salir del propio ministerio, ubicado en el antiguo edificio platense de 2 entre 51 y 53, allí donde varios policías se vieron obligados a dejar sus tareas administrativas para salir a la calle por orden de Stornelli. La decisión del ministro causó malestar “porque se trasladó a gente de La Plata hasta municipios como Pilar o José C. Paz y San Isidro, lo que implica varias horas de viaje, más las horas de servicio”, le confió una fuente a PáginaI12.

Como fuere, apenas unos 20 mil uniformados se dedican a enfrentar el delito, mientras el resto cumple tareas administrativas o de apoyo logístico (traslado de detenidos, por ejemplo). “En el ministerio hay mucha gente al cuete”, agregó la fuente. Estos cambios de tareas y de destino también son posibles gracias a la Ley de Emergencia que viene renovándose un año tras otro. Si fuera por Stornelli, duplicaría la cantidad de efectivos que ya tiene la Bonaerense. “Si me dieran 50 mil más, yo tengo trabajo para todos...”, afirmó en declaraciones recientes y agregó que en promedio hay un policía cada mil habitantes, una ecuación que no se compadece ni con los 52 mil que revistan en la fuerza, ni con los 20 mil que sólo cumplen tareas de seguridad. Las cuentas dan un policía cada 288 personas en el primer caso y uno cada 750 en el segundo si se toma en cuenta que la provincia tiene 15 millones de habitantes (previsiones del Indec para junio de este año).

El ministro no es un entusiasta de las estadísticas, pero debería sacar bien las cuentas antes de que sea demasiado tarde.