Mientras el represor Julián “Laucha” Corres sigue prófugo, su búsqueda pasó a manos de la Policía Aeroportuaria y el gobierno nacional ofreció una recompensa de 150 mil pesos a cambio de datos que permitan ubicarlo. Sin embargo, sigue siendo un misterio quién está a cargo de la flamante Unidad Especial del Ministerio de Justicia, encargada de la búsqueda de delincuentes de lesa humanidad prófugos. Para el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, hubo “negligencia” o “connivencia formal”. Según dos organismos de derechos humanos, existió “complicidad del aparato estatal”. Fueron relevados once policías, dos de los cuales siguen detenidos, luego de que este ex teniente de Inteligencia del Ejército –procesado por secuestros, torturas y asesinatos en La Escuelita y a la espera de ser enjuiciado– se escapara el sábado a la madrugada de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal. Las víctimas organizaron una cadena de correos electrónicos para difundir la foto de Laucha Corres. “Esto es un escándalo, una provocación”, le dijo a PáginaI12 Patricia Chabat, sobreviviente de ese centro clandestino.

“La fiscalía trabajó muchísimo para detenerlo y que se vaya así por la puerta principal... los policías denunciaron el hecho horas después, ni siquiera armaron algo para simular una fuga... algo falla, aunque suene repetido, pero está claro que no se desmanteló el aparato represivo”, agregó Chabat, que en 1999 identificó a Corres en el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca. Chabat vive en La Plata e integra la Unión por los Derechos Humanos. “Estamos muy limitados, no sólo fue la propia Policía Federal, el juez tampoco lo mandó a otro lado más seguro siendo que había estado prófugo y concurría a una empresa petrolera como si nada... es una cadena que permite y fortalece la impunidad”, sostuvo.

El fiscal federal bahiense Hugo Cañón dijo a Páginai12 que hay “valiosos aportes de pruebas”, tras los allanamientos a la delegación policial y a las viviendas de los policías detenidos, y que tiene la “esperanza de que se pueda desentrañar la maraña de redes y conexiones” del caso. El funcionario enfatizó que hay dos líneas de acción: una consiste en establecer la responsabilidad del Estado en la fuga; la otra, el paradero del represor. Además, aclaró que no hay un dato preciso que indique que Corres haya salido del país, tan sólo es su sospecha por la demora de los policías en informar sobre la ausencia, “como si le hubieran dado tiempo”. La orden de captura internacional de Julián Corres ya fue dictada.

En la especulación de Cañón es imposible que el represor se haya fugado a las 5.45 como dicen, sino que debe haber ocurrido cerca de la medianoche. El último dato lo aporta un testigo que dice que lo vio cuando se iba a lavar los dientes luego de ver televisión. El fiscal aseguró que son “inaceptables y contradictorias” las explicaciones de la policía, y reiteró las enormes fallas de seguridad de esa dependencia. De hecho, Corres habría tenido un teléfono celular en su celda. “A esta altura creo menos en las casualidades y más en las causalidades”, dijo. Cañón pidió a las autoridades nacionales investigar por qué hasta ahora se demoró el traslado de 83 represores a cárceles comunes.

“Esto tiene que ver con la policía y con el exterior, no es una improvisación, no se pudo ir caminando, alguien lo apoyó desde afuera”, expresó Eduardo Hidalgo, de la APDH de Bahía Blanca. Por su parte, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y Justicia Ya! denunció que la fuga de Corres contó con la “complicidad del aparato estatal” y consideró que existe un “plan oficial de enjuiciar a un puñado de viejos represores emblemáticos para salvar a las instituciones genocidas”.