“Estas no son maniobras administrativas. Hubo un núcleo que organizó la red y se podría estar ante un caso de asociación ilícita, uno de los delitos graves castigados por el Código Penal.” La ministra de Defensa, Nilda Garré, citó en el auditorio San Martín del Edificio Libertador a noventa altos oficiales del Ejército para describir con lujo de detalles la denuncia por malversación de fondos que radicó ante la Justicia y provocó el pase a disponibilidad de 31 militares, entre ellos cuatro generales –dos en actividad–. “Esto no es un ataque al Ejército, todo lo contrario”, explicó desde el estrado. El jefe del III Cuerpo, Gustavo Schurlein, intentó una justificación por los engorrosos procedimientos administrativos que dan lugar a errores. No fue el mejor argumento: la ministra se acercó al micrófono y lo refutó. El jefe del Ejército, Roberto Bendini, se mantuvo en silencio. PáginaI12 pudo saber que otros dos generales están bajo la lupa de los auditores de Defensa por hechos similares.

El jueves 7 de agosto, Defensa se presentó ante la Justicia con el resultado de la auditoría realizada bajo la dirección del contador Jorge Argüello. Algunas cálculos indican que se habrían desviado fondos por cerca de 80 millones de pesos. La denuncia por asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho, tráfico de influencias y falsedad ideológica alcanzó a más de ochenta civiles y militares. El juez Rodolfo Canicoba Corral quedó a cargo de la causa, cuya instrucción recayó en el fiscal Eduardo Taiano. Veintitrés de los treinta y un militares acusados estaban en actividad, entre ellos el director de Personal del Estado Mayor, general Mario Fernando Troncoso, y el comandante de Intendencia, general Eduardo Salvador Gibelli. También el director de Estudios Históricos, general Héctor Mario Giralda, que estaba en retiro pero había sido convocado a la actividad por el artículo 62 de la ley orgánica del personal, y el ex comandante de Operaciones Terrestres, general Raúl Horacio Gallardo. Por orden de Garré, Bendini pasó a disponibilidad a todos los militares imputados que estaban en actividad.

Flanqueada por Bendini y el viceministro Germán Montenegro, Garré explicó durante media hora los alcances y propósitos de la denuncia. Exhortó al Ejército a “unir eficiencia con legalidad” y a “no confundir irregularidades con delitos castigados por el Código Penal”. Llamó a “no ser autocomplacientes con las explicaciones sobre este grave caso”, subrayó que los problemas de contratación los tiene “todo el Estado”, pero insistió en que deben ser resueltos “con las normas administrativas y la ley. Nada autoriza a cometer delitos en nombre de una supuesta necesidad urgente”.

Los comandantes de todos los cuerpos y brigadas y los jefes de unidades militares y servicios administrativos –entre ellos 18 generales y 28 coroneles– escucharon a Garré. La posta la tomó luego el jefe de la Auditoría Interna. Con la ayuda de un powerpoint en el que se optó por tapar los nombres propios de los acusados, Argüello precisó que se realizaron 30 auditorías en 2006 y 70 en 2007. “De los 1317 expedientes que fueron analizados por este caso, 583 habían sido manipulados con modificaciones de folio, falsificaciones de firmas u otro tipo de acciones delictivas”. “Hubo maniobras groseras que de ningún modo se pueden asimilar a irregularidades administrativas sino por el contrario a acciones delictivas.”

Garré había propuesto que si algún oficial quería hacer una pregunta o alguna consideración pidiera la palabra. Este diario puedo saber que el general Schurlein, al mando del III Cuerpo, con asiento en Córdoba, ensayó entonces una defensa amparándose en los mecanismos burocráticos que podrían dar lugar a algunas maniobras. Garré, que había dejado el estrado para mirar desde la primera fila el powerpoint de Argüello, se levantó, fue hasta el micrófono y retomó los argumentos que dieron lugar a la denuncia judicial. Recordó que se había informado de “manera cuidadosa” y que se había dirigido un mensaje a todos los efectivos del Ejército para explicar la situación. Con tono sereno y enfático, abundó en que “lo que no podemos hacer es actuar de manera autocomplaciente con actos de corrupción. Se le han quitado recursos al Estado a través de ilícitos cometidos en el Ejército, que tampoco recibe lo que necesita cuando ocurren este tipo de maniobras”.

De pie ante el conjunto de los oficiales superiores, dijo: “Separemos las cosas: podemos mejorar la administración por razones técnicas, pero aquí pasó un hecho muy grave que es delictivo y tenemos que ponernos todos al frente de la situación para extirpar estos procedimientos. En un país con muchas necesidades insatisfechas en sectores populares y también en la propia fuerza, hay que cuidar adecuadamente los recursos”.

Entre los colaboradores de Garré explicaban que la convocatoria a los altos oficiales se enmarca en la decisión de enfrentar estos temas de forma directa. “Se habla asumiendo la responsabilidad política para decirles cara a cara que esto es lo mejor para el Ejército”, repetían anoche en el Edificio Libertador.

El derrotero de la investigación judicial determinará las responsabilidades penales de los militares y civiles imputados en la causa. La contratación directa o falseando licitaciones para conchabar a familiares escondidos en empresas ad hoc creadas según las necesidades de compra son algunas de las maniobras detectadas por los auditores de Defensa.

Más allá del avance en los tribunales, la revisión de los expedientes puso en jaque a gran parte de los oficiales de mayor confianza de Bendini y exacerbó la tradicional puja interna por los ascensos y pases que empiezan a definirse con miras a fin de año. El jefe del Ejército se ha transformado en un experto en sortear obstáculos: la denuncia en su contra por malversación de fondos mientras estuvo como jefe de Regimiento en Santa Cruz llegó a un conveniente falta de mérito; a fines del año pasado, su jefe de Inteligencia, el general Osvaldo Montero, fue pasado a retiro en el marco de una conspiración contra Garré y por denuncias ante la Oficina Anticorrupción. Bendini asumió la jefatura del Ejército con Néstor Kirchner y fue ratificado por la presidenta Cristina Fernández. El desgaste de esa continuidad está, para muchos, llegando a su límite.

Garré viaja hoy rumbo a Canadá a la cumbre de ministros de Defensa de América. El regreso está previsto para el próximo fin de semana. En algunos corrillos de Gobierno aseguran que antes de la primavera el revuelo interno por la revisión de gastos y manejo de fondos dejará en el camino a otros dos generales.