El conflicto por el recorte en las becas para estudiantes secundarios de bajos recursos puso contra las cuerdas al ministro de Educación, Mariano Narodowski, quien ayer tuvo que enfrentar una virtual interpelación de legisladores, docentes, padres y miembros de centros de estudiantes. Fue en la Legislatura, poco antes de la multitudinaria marcha que protagonizaron alumnos de distintas escuelas públicas de la ciudad en apoyo del reclamo. En el encuentro, los legisladores le reprocharon al ministro que hasta ahora sólo haya dispuesto de las dos terceras partes de la partida destinada a becas. En efecto, de los 24 millones asignados para financiar esta ayuda sólo se utilizaron hasta ahora 16 millones, mientras que fueron rechazadas más de 30 mil solicitudes con fundamentos que los legisladores de la oposición consideraron como “poco claros” y “arbitrarios”. Narodowski justificó la subejecución del presupuesto en que “el proceso de otorgamiento de becas todavía no terminó”. Los diputados porteños resolverán el lunes, en sesión especial, si piden interpelar al ministro. Mientras tanto, los potenciales beneficiarios de las becas están ingresando en el último trimestre del año y el problema aún está sin resolver.

Narodowski concurrió a la Legislatura para frenar un intento de la oposición de pedir una interpelación para que explique las razones que desencadenaron el conflicto por las becas y las respuestas que dio el ministerio a la toma de escuelas, tales como la suspensión de clases y la identificación de los alumnos que participan de la protesta.

La idea del macrismo era que la reunión se realizara a puertas cerradas, pero ante el rechazo de legisladores de la oposición, el vicepresidente del cuerpo, Diego Santilli, resolvió habilitar el salón Presidente Perón, con participación de público y medios de comunicación. Allí, el ministro recibió duras críticas de docentes y representantes de los gremios, que le reprocharon por la situación de unos 35 trabajadores del área de becas que no han cobrado sus haberes desde febrero.

“La beca no es una política universal, es para aquellos que más lo necesitan, de esta manera la van a cobrar los que estén en situación de vulnerabilidad social y económica”, dijo Narodowski ante los diputados. Y entre los argumentos que expuso como criterios para otorgar o no los beneficios, sostuvo que “no se otorgarán a aquellos estudiantes cuyos padres sean propietarios de sus casas”. También criticó las tomas de colegios y aunque les reconoció a los estudiantes “el derecho a protestar”, se preguntó si “los chicos son sujetos de derechos políticos o no”.

De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo porteña, de las aproximadamente 30 mil solicitudes que fueron rechazadas, hay 1100 aspirantes que pertenecen a familias indigentes (con ingresos menores a los 500 pesos mensuales) y 12.000 que están bajo la línea de pobreza (hogares que no superan los 1050 pesos por mes). “Puede ocurrir que la familia tenga una casa propia en un barrio carenciado, o que el jefe de hogar no tenga trabajo”, dijo el defensor adjunto, Gustavo Lesbegueris, para rechazar el argumento. También precisó que incluso han quedado afuera del beneficio las alumnas madres, que tienen garantizado el beneficio por ley. El recorte también afectó a las llamadas escuelas de reingreso, adonde concurren los adolescentes que habían abandonado los estudios y los retomaron.

El gobierno porteño no puede creer que más de la mitad de los estudiantes secundarios de escuelas públicas necesiten becas. “Hay 60.000 solicitudes sobre un total de 110 alumnos”, explican. La diputada Gabriela Cerruti (Frente para la Victoria) replicó este argumento con un dato: “En una ciudad con 67 mil planes de Ciudadanía porteña y más de 30 mil tickets para alimentos, es posible que haya esa cantidad de solicitudes”.

“El ministro no pudo explicar cuál había sido el criterio para rechazar las becas que no fueron asignadas”, dijo a este diario la diputada ibarrista Gabriela Alegre. “No dijo por qué en la escuela Padre Mugica, de la Villa 31, quedaron el 50 por ciento de los chicos sin cobertura de beca”, agregó la legisladora. Lo mismo ocurrió en una escuela del Bajo Flores donde, según el ministerio, los chicos no presentaron solicitudes porque el beneficio siempre se otorgó en forma automática.

Para la socialista Verónica Gómez, “no se trata de un conflicto por razones presupuestarias sino por voluntad política: el ministerio tiene un presupuesto de 24,7 millones destinado a becas, de los cuales sólo asignó 16,3 millones, de acuerdo con la resolución 4251 del Ministerio de Educación”. En el ministerio aceptan la cifra pero explican que “todavía no terminó el proceso de reconsideración y, de ser necesario, si el presupuesto no es suficiente, se reasignarán partidas”, explicó una fuente de esa cartera. Hasta ayer se habían recibido unos 890 pedidos de reconsideración, pero queda por delante un mes más para ese trámite, de acuerdo con la prórroga dispuesta por el ministerio.

“No se entiende qué van a reconsiderar si no explican cuál es el criterio por el que fueron rechazados”, afirmó la diputada Alegre. “Parece que el macrismo pretende que los chicos se cuelguen un cartel que diga `soy pobre’ para que le den una beca”, añadió la Silvia La Ruffa, del Frente para la Victoria.

Lo que llamó la atención de los opositores es que prácticamente ninguno de los diputados macristas presentes tomó la palabra para defender al ministro o, al menos, su política de asignación de becas. Santilli, como moderador, se limitó a advertir a los docentes más críticos que suspendería la audiencia si no había silencio. El clima del encuentro fue tan tenso que hasta tuvo que hacerse presente el vocero personal de Mauricio Macri, Iván Pavlovsky.

Diego Kravetz, presidente del bloque kirchnerista, advirtió que “mientras el gobierno de Macri envía a la Legislatura una ampliación presupuestaria de 100 millones para subsidiar a la educación privada, no hace lo mismo para otorgar más becas a los chicos de las escuelas públicas”.

Para la diputada Liliana Parada (Igualdad Social), “el ministro generó un conflicto innecesario y socialmente injusto, lo que configura un error político inexcusable”.

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