Desde Tucumán

Luego de la condena a cadena perpetua de Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez por la desaparición del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, la Justicia federal de Tucumán tiene previsto elevar a juicio de otras causas donde están involucrados estos represores y sus subalternos. Los casos son por el accionar represivo en el centro clandestino de detención de Jefatura de Policía y del penal de Villa Urquiza.

El fiscal Emilio Ferrer presentó la causa “Romero Niklison”, en la que cinco víctimas fueron asesinadas inmediatamente por un grupo de tareas de la policía. El caso forma parte del grupo de causas de la Jefatura y abarca a Menéndez, Roberto Heriberto Albornoz, Mario Albino Zimmerman y Alberto Luis Cattaneo.

El paquete de casos de la Jefatura cuenta con otras once subcausas. En este caso se abarcan veintiuna personas y están acusadas siete, incluidas las del proceso Niklison. Según el fiscal, esta “circunstancia abre la posibilidad de la acumulación de estos casos en un único juicio. Si se logran estas acumulaciones, podrían reunirse en un solo proceso los casos de 26 personas y juzgarse a siete acusados”.

En relación con las causas del penal de Villa Urquiza, el Juzgado Federal 1 dispuso la citación a indagatoria de 15 personas. Son causas que se acumulan en torno del proceso de “Fernández Juárez, María Lilia y Herrera Gustavo Enrique, su denuncia por privación ilegítima de la libertad”.

Mientras tanto, hay otras causas demoradas. Hace casi exactamente un año, el 6 de septiembre de 2007, el fiscal Ferrer presentó ante el Juzgado Federal N° 2 un requerimiento de investigación de los hechos ocurridos en el centro clandestino de Nueva Baviera. “Pese al tiempo transcurrido no han sido llevados adelante por dicho juzgado (a cargo de Mario Racedo), circunstancia que ha motivado la presentación de solicitudes de pronto despacho y queja por retardo ante la Cámara Federal”.

El 4 de septiembre de este año, la Procuración General de la Nación se interesó en otro caso tucumano, el del Pozo de Vargas. La Procuración alertó que “deberán extremarse las medidas que permitan definir con certeza si las noticias que las originaron tienen o no asidero y, de tenerlo, acelerar los procedimientos que permitan establecer la identidad de quienes allí se encuentran”.

El represor Antonio Domingo Bussi ya fue notificado de que deberá prestar declaración indagatoria el próximo 29 en el marco de la megacausa del centro de detención clandestino que funcionó en el penal de Villa Urquiza durante la dictadura militar. Pero el ex militar no está dispuesto a visitar los Tribunales Federales. Según su abogada defensora, Adelina Assaf, no podrá trasladarse por problemas de salud hasta la oficina del juez federal Daniel Bejas. El magistrado visitará el coqueto country de Yerba Buena donde vive el condenado para tomarle declaración. Bejas no irá solo sino acompañado por un médico forense, por las dudas de que Bussi “se descompense” y no pueda declarar.

También ya fue notificado el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, quien deberá viajar desde Córdoba para presentarse el 30 de septiembre también ante Bejas. En la lista de imputados de esa causa figuran otros 44 imputados, entre ex agentes del Sistema Penitenciario de la provincia y ex militares involucrados en los hechos de torturas y trato inhumano a los que fueron sometidas las víctimas desaparecidas.

Para el mismo día en que Menéndez se presentará ante el juez, fueron citados otros tres imputados en la misma causa. Alberto Luis Cattaneo fue segundo comandante de la V Brigada de Infantería del Ejército entre 1975 y 1976. Albino Mario Alberto Zimmermann fue teniente coronel del Ejército a cargo de la Jefatura de la Policía. Roberto “El Tuerto” Albornoz fue el jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía de Tucumán entre 1975 y 1978. El resto de los imputados declarará en la Justicia Federal el 21 de octubre. Según fuentes judiciales, la toma de testimonio puede durar tres días, Las declaraciones serán tomadas por la flamante secretaria de Derechos Humanos del juzgado, Virginia Duffy, quien trabaja por estos días en la instrucción de la megacausa.