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Aunque son amigos dilectos del Gobierno, los hombres de la Cámara Argentina de la Construcción no tenían hasta ayer un detalle que les permitiera desmenuzar los 71 mil millones de pesos en obras que integrarán el plan que Cristina Fernández de Kirchner anunció el martes al clausurar el encuentro anual de su entidad. Quieren saber si ese monto incluirá los 22 mil millones de pesos presupuestados para el año que viene, dinero que destacó el secretario de Obras Públicas, José López.

Este monto es, en sí mismo, bastante generoso: no sólo representa un aumento del 20 por ciento en las partidas previstas para el año en curso sino que contempla lo suficiente como para regularizar pagos donde hubiere atraso, empezando por Vialidad Nacional. Al respecto, el secretario de la CAC, Gregorio Chodos, manifestó su satisfacción por el adelanto del plan de obras públicas y subrayó que “es una política keynesiana como hace mucho no hay”. “Yo le creo a la Presidenta. ¿Por qué no voy a creerle si la actividad del sector en estos últimos cinco años prácticamente no tiene antecedentes?”, remarcó Chodos. Cristina anticipó que el 15 de diciembre próximo se darán a conocer los detalles de un plan de obras públicas, que demandará una inversión de 71 mil millones de pesos. Además, aseguró que de esta manera el sector de la construcción elevará los puestos de trabajo de 362.000 a 770.000.

En tanto, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros manifestó hoy su satisfacción con la decisión del gobierno nacional de impulsar un plan de obra pública. “La CAEM coincide con el concepto de que la obra pública es generadora de empleo ya que cuenta con un significativo factor multiplicador en la actividad económica general”, señaló la entidad a través de un comunicado de prensa. La cámara detalló que en el caso de la minería, “la obra pública es un demandante neto de insumos, especialmente de la minería no metalífera, productora de áridos como piedra partida, cemento, calizas y minerales metalíferos como hierro y cobre, fundamentalmente, a través de distintos usos propios de la construcción”. Según la CAEM, “el desarrollo de la obra pública es una excelente herramienta para mostrar a la sociedad argentina la forma en que la minería participa activamente en cada uno de los sectores económicos que motorizan la generación de empleo y riqueza genuina a partir del trabajo productivo”.

Respecto del plan anunciado, una importante incógnita a despejar es cómo será el listado de emprendimientos en el interior del país donde, sostienen, el dinero de la Nación llega según el arbitrio del gobierno nacional. Con más fluidez a las provincias amigas, con más mezquindad a las otras. Nicolás Gallo, una de las figuras del gabinete aliancista, descuenta que el armado de esa estratégica nómina de obras no puede diferir del que él mismo hizo, tiempo atrás, con la concurrencia de los gobernadores. Julio De Vido iba entonces a los cónclaves como ministro de Obras Públicas de Santa Cruz, militando por la pavimentación de la Ruta 40 y la construcción de hidroeléctrica de Las Leonas.

Pero si bien la génesis para diseñar un plan a ejecutar en varios ejercicios puede no diferir radicalmente de una administración a otra, la manera de costearlo sí. El programa kirchnerista estará reclinado en la mecánica convencional de pago de obra pública: recursos del Tesoro, que se reforzarán ahora con los del sistema previsional. El complemento, en este caso, será la probada fórmula de los fondos fiduciarios.

Es factible también que en este caso haya fondos del sistema previsional, algo que interesa a los constructores, que insistieron con propuestas en ese sentido cuando existían las AFJP. La promesa de Cristina Kirchner de duplicar el equipo de empleados de la construcción es lo que generó más desconcierto. Los empresarios consideran “imposible” que se llegue a más de 700 mil ocupados sólo por el impulso de las obras públicas. Según la cúpula de la CAC, los obreros de este segmento representan el 30 por ciento del total. La explicación surgiría, en todo caso, si el ambicioso plan oficial fuera una enumeración tan exhaustiva de lo ya previsto que incluyera en el mismo paquete las iniciativas privadas.