El ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, construyó su defensa del Presupuesto 2009 sobre el caballito de batalla del macrismo: los baches. “El bache no tiene ideología”, se jactó Piccardo, esperando no encontrar resistencias. Pero terminó enredándose con las preguntas sobre el aumento a las empresas recolectoras de basura. La diputada de Nueva Izquierda, Patricia Walsh, quiso saber por qué costaba entre un 60 y un 100 por ciento más la limpieza de las empresas privadas respecto del Ente de Higiene Urbana. “Vamos a tener un costo competitivo, que la ciudad se merece, después discutimos si es más o menos que el Estado”, respondió Piccardo, quien terminó empantanado en una discusión sobre el cálculo de los costos de las recolectoras con el legislador de la CTA, Martín Hourest.

Según un análisis del Presupuesto 2008 del bloque Nueva Izquierda, una cuadra que limpia el Ente de Higiene Urbana le cuesta al Estado 30.921 pesos, mientras que en los contratos con las empresas privadas ese monto llega a 49.183 pesos, un 60 por ciento más. Si se agrega la actualización que los macristas consiguieron para este año, ese monto llega a 62.954 pesos por cuadra, es decir, un 104 por ciento más que la empresa estatal de referencia. “El costo relativo es el más alto de la historia de la ciudad: ya en 2008 representa un 6,5 por ciento del presupuesto total”, planteó Walsh. “El contrato que estamos administrando tuvo varias readecuaciones y la más importante fue de diciembre de 2006”, se defendió Piccardo, quien anunció que deberá prorrogarlo por todo 2009. “Ustedes nos pidieron 400 millones de ampliación este año, que en media mañana se pudieron reducir a 200 millones. Así que yo desconfío de todos los números que presentan”, le retrucó Aníbal Ibarra, diputado de Diálogo por Buenos Aires.

“En su balance final de 2007, la UTE entre Pescarmona y Martín y Martín presentó un balance con un 20 por ciento de utilidades”, planteó Hourest, sobre una de las empresas recolectoras. “Es decir que, cuando el presupuesto era de 573 millones de pesos, las empresas contratistas de la basura tenían ganancias extraordinarias. Este año el presupuesto fue de 740 millones y, con la ampliación que pidieron, llegó a 956 millones. Es una decisión política de incrementar esta tasa extraordinaria a 1085 millones en 2009”, consideró Hourest.

–No es así. No podemos modificar el contrato, que fue hecho en 2005.

–Los contratos pueden ser denunciados. ¿Qué amerita subirle el contrato a una empresa que en 2007 tenía una utilidad del 20 por ciento? ¿Con qué indicador establecieron una estructura de costos?

–No hay nada extraño que explicar. Son los valores del mercado, que son validados por la Procuración –respondió Piccardo, cuyo rostro denotaba cierta sorpresa.

–El procurador anduvo persiguiendo jueces por cuenta del jefe de Gobierno, así que no me hable de la Procuración. Nosotros hicimos un cálculo con el convenio de camioneros y la inflación implícita en el presupuesto y ningún indicador da el 70 por ciento de aumento, que es lo que hubo entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008.

–¿Usted verificó los datos? –probó Piccardo, cuyo rostro ya se enrojecía.

–Los verifiqué, vienen de las planillas de Grindetti. Le repito: ¿Qué justifica el aumento?

–Lo tendría que explicar Ibarra, que estableció el sistema.

–Eso es de la primaria: “Señorita, yo no fui, fue él” –intervino Ibarra–-. Cuando se reactualizaron los costos, yo ya no era jefe de Gobierno. No lo puedo hacer escapar de ésta, lo lamento.

–¡Les entregaste 60 palos de indemnización, que los pagaron los vecinos! –se sumó el vicepresidente primero Diego Santilli.

–Tranquilícese, Santilli, que sube el calentamiento global en esta oficina –bromeó Ibarra.

–Vuelvo a preguntar, si habían propuesto 400 millones de reactualización y les aprobamos 200, ¿por qué desaparecieron los otros 200? ¿Eso no se renegoció? –volvió a la carga Hourest.

–Eso fue una cuestión del presupuesto... –dijo Piccardo, quien aseguró que había créditos atrasados desde 2007.

–El ministro no puede explicar la estructura de costos –interrumpió el ibarrista Gonzalo Ruanova.

–¡Ya la explicó! –entró en el juego Alvaro González, presidente de la Comisión de Presupuesto–. Ya eran dos legisladores macristas defendiendo al ministro.

–¿Por qué hay un aumento del 7 por ciento en 2009? –insistió Hourest.

–No tenemos otra opción que extender los contratos, sino la basura la tenemos que salir a juntar nosotros –dijo Piccardo.

–Me dice que con el 60 por ciento de los votos no pueden negociar con empresas que están esperando para conseguir una licitación por diez años más. Yo lo lamento –concluyó Hourest.

Cuando superó el mal trago de los contratos de la basura, Piccardo recibió la pregunta de la legisladora Liliana Parada, quien recordó las denuncias sobre un grupo de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), al que acusan de desalojar a personas sin techo en forma violenta. “No apoyamos actividades fuera del marco de la ley. Y no recibimos esas denuncias”, sostuvo Piccardo, quien tomó como ejemplo el “trabajo con Desarrollo Social en la Plaza Noruega”, de la que el Gobierno porteño desalojó a un grupo de cartoneros por la fuerza.

Sobre los cartoneros, Walsh preguntó por qué les asignaban tan sólo 45 millones de pesos y Piccardo tuvo que aclarar que pedirán un aumento hasta 102 millones. Ibarra también inquirió sobre el control los carteles que se ponen sobre los kioscos de diarios. “¿Están licitados? ¿De quién es el negocio? Ahí hay intereses de (Francisco) De Narváez, un socio político del jefe de Gobierno”, consideró Ibarra.