El oficialismo volvió a obtener dos triunfos importantes en el Congreso. La Cámara baja aprobó un paquete de leyes económicas impulsadas desde el Gobierno. Entre ellas, las prórrogas de la emergencia económica y del impuesto al cheque, donde la oposición exigía la coparticipación total de los recursos recaudados por esa vía. El bloque K defendió la séptima prórroga de las emergencias laboral, alimentaria y sanitaria, argumentando que es necesario sostener los planes sociales –como el Jefes y Jefas de Hogar– y contar con un “paraguas jurídico” en la renegociación de los contratos con las privatizadas. “Es irresponsable provocar el déficit del Tesoro”, sentenció el oficialismo para justificar su negativa a ampliar la coparticipación del impuesto bancario. Los proyectos pasarán ahora al Senado.

La resistencia opositora a las prórrogas del impuesto al cheque y de la ley de emergencia económica –los dos puntos más controvertidos del paquete de doce proyectos que el Gobierno envió al Congreso– amenazaba con poner en riesgo la mayoría oficialista en Diputados. El kirchnerismo finalmente salió airoso en las votaciones más ajustadas, pero no le sobró demasiado. Aunque la mesa chica del bloque K, con Agustín Rossi y Patricia Fadel a la cabeza, ya había sacado cuentas y seguía “el minuto a minuto” del porotómetro oficialista, hubo tiempo para las sorpresas con apoyos “impensados” y deserciones “algo previsibles”.

Cuatro horas duró el debate sobre el primero de los puntos, que aglutinaba las prórrogas de los impuestos al cheque, a las Ganancias y a los cigarrillos. Allí, el núcleo duro opositor dejó las diferencias de lado para enfrentar con una propuesta común al proyecto oficial. La UCR, la Coalición Cívica y el Partido Socialista, junto al PRO, cobistas y el peronismo anti K, incluido el flamante felipismo, se abroquelaron tras la propuesta de coparticipar todo lo que el Estado recaude en 2009 por el impuesto al cheque: unos 20 mil millones de pesos. Apoyados en un discurso “federalista”, el macrista Federico Pinedo, la socialista María Martin, la cobista Laura Montero, el peronista puntano Claudio Poggi, Juan Carlos Morán (CC), Felipe Solá y el radical Oscar Aguad (ver aparte) arremetieron contra el “centralismo” del gobierno “unitario” del kirchnerismo.

Los ex aristas de Solidaridad e Igualdad y el diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano tuvieron sus propios proyectos, que buscaban ampliar la participación de las provincias en el impuesto sin provocar el déficit del Tesoro.

El jefe de la bancada K, Agustín Rossi, defendió la iniciativa oficial calificando de “irresponsable” la propuesta opositora de “quitarle” al Gobierno “10 mil millones de pesos”, lo que provocaría un “déficit fiscal” que “recaería indefectiblemente sobre las provincias”. Luego acusó: “Quieren sistemáticamente boicotear este modelo económico que les cierra a los argentinos”.

Pero otra discusión ya se había planteado en el recinto: para su aprobación, las prórrogas impositivas deberían contar con la mitad más uno de los votos de la Cámara (129 sobre 257 diputados) y no la mayoría simple de los legisladores presentes (116 sobre 230 que estaban en sus bancas). El propio Rossi reconoció la disparidad de opiniones “porque no se trata de la creación de un nuevo impuesto, sino de una prórroga”. Rossi asumió los riesgos de alcanzar la mayoría calificada, pero apeló a que el titular de la Cámara, Eduardo Fellner, hiciera uso de su facultad de votar.

El kirchnerismo logró las prórrogas con 137 votos a favor y 93 en contra. En el caso del impuesto al cheque, la votación en particular achicó la diferencia: 135 a favor (incluido Fellner), 92 en contra y tres abstenciones. Sólo ocho votos más de los necesarios. Los neuquinos del MPN, los radicales K, el Encuentro Popular y Social (EPyS), el Frente Cívico santiagueño y los renovadores salteños, además de los aristas fueguinos y el cobista rionegrino Juan Scalesi, acompañaron al oficialismo. Pero el Frente para la Victoria sufrió la deserción de los santafesinos Jorge Obeid, Walter Agosto y Ariel Dalla Fontana.

El debate por la emergencia económica prometía una mayor distensión en el bloque k: para aprobarla hacía falta la mayoría simple. Pero la correlación de fuerzas volvió a cambiar y los aliados oficialistas del ESyP, que integran el socialista k Ariel Basteiro y las militantes de Libres del Sur Cecilia Marchán y Victoria Donde, le negaron el apoyo a la prórroga.

La séptima extensión de la emergencia económica –inaugurada en 2001– sostiene la emergencia sanitaria, alimentaria y laboral, que mantiene la vigencia de los planes Jefes y Jefas de Hogar y habilita al Ejecutivo a recurrir a medidas excepcionales –como fue la doble indemnización– para garantizar las fuentes de trabajo. También deja en manos del Gobierno, por un año más, la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos con las compañías privatizadas –tarifas y subsidios, incluidos–.

La UCR y el PRO promovieron la derogación de la ley. La CC optó por el rechazo del proyecto oficial y los demás sectores quisieron introducir cambios. Nada de eso prosperó. Para el oficialismo, la emergencia “protege a la Argentina ante el Ciadi por la renegociación con las privatizadas” y prolonga el alcance de los programas sociales. La votación no dejó dudas: 134 votos a favor y 95 en contra definieron que la emergencia económica regirá durante todo 2009. Sin mayores disidencias también se aprobaron la modificación sobre bienes personales y el aumento del uno por ciento en la alícuota del impuesto al gasoil, entre otras cosas.