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Cuando empezaba, 2008 prometía ser el año de los juicios sobre las grandes historias de corrupción de los noventa y otras más recientes. Algunos hasta tenían fecha oficial para la largada. En los tribunales orales porteños preveían unos quince procesos contra políticos, ex funcionarios, empresarios y banqueros. Demasiado optimismo: no llegaron a concretarse ni la mitad. Incluso dos de los que sí se hicieron terminaron en absoluciones favorables al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y al ex juez federal Carlos Branca. El paso del tiempo es un aliado de los acusados: deteriora las pruebas, favorece la excarcelación, permite que los abogados especulen con la prescripción, dificulta que el Estado recupere su dinero y desgasta a los jueces. Víctor Alderete, María Julia Alsogaray, Ricardo Cossio, Francisco “Paco” Mayorga, Juan Carlos Cattáneo y Alfredo Aldaco son sólo algunos entre decenas de personajes que debieron haberse sentado en el banquillo pero siguen gambeteando.

A duras penas, uno de los pocos juicios trascendentes que arrancaron, en octubre, fue el de la venta ilegal de armas. Sólo la lectura de las acusaciones llevó más de un mes y tomó cuatro lograr que Carlos Menem se sentara de cuerpo presente ante los jueces. El caso quizá más flagrante entre los aún postergados es el de las coimas de IBM-Banco Nación. Lleva catorce años de trámite y tenía fecha de inicio del juicio oral el 11 de marzo de 2008, pero terminó dando un salto hasta el próximo 23 de junio. El obstáculo más reciente es un peritaje contable que fue pedido en 2007 al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y se entregó incompleto. Una excusa perfecta para que las defensas pidan lo que falta y apuesten a mover una vez más el comienzo, algo que dependerá del Tribunal Oral Federal 3 (TOF3), a cargo del futuro debate donde se esperan 200 testigos.

El largo periplo de este expediente, en el que se calcularon sobornos de 21 millones de dólares para que IBM informatizara 525 sucursales del Banco Nación, dejó secuelas. El delito que quedó en pie con las pruebas disponibles es el de defraudación a la administración pública, pero no el de cohecho (coimas). De los 18 imputados elevados a juicio, dos ya fallecieron y otro, acusado de encubrimiento, consiguió la prescripción. Hasta ahora, siguen rumbo al enjuiciamiento algunos ex directivos del Nación como Mario Dadone, Genaro Contartese y Alfredo Aldaco, también el ex funcionario de la secretaría presidencial Juan Carlos Cattáneo y un puñado de ejecutivos. Al mismo tribunal le toca juzgar otro contrato sospechoso de IBM en el menemismo, esta vez con la Anses y por 40 millones, que desde 1995 dejó 14 imputados por negociaciones incompatibles. Reclamos de prescripción mediante, rechazados recién la última semana, es otro de los tantos procesos que se hicieron chicle.

El sistema penal vigente tampoco colabora con la celeridad, ya que los procesos orales reproducen y se supone que profundizan la investigación que se hizo en la etapa previa de instrucción. Cada vez que en un tribunal oral dicen que “se está produciendo la prueba” –y lo dicen casi siempre– quiere decir que pueden faltar meses o años para que haya un juicio hecho y derecho. El tiempo pasa, la trama corrupta se desdibuja y los protagonistas agradecen caer en el olvido.

Colapso

Las causas de corrupción de gran envergadura (por el dinero en juego, la complejidad de los delitos y la cantidad y “peso” de los implicados) son una parte pequeña de las que tramitan cada año en los tribunales orales federales. Las estadísticas de la Corte dicen que en los seis tribunales orales porteños, de tres jueces cada uno, tramitan 1700 expedientes al año, de los cuales se resuelven alrededor de 900. La gran mayoría son por drogas y narcotráfico y son los que tienen prioridad, según explicaron tres jueces consultados por Página/12, como todo aquel que tenga detenidos o esté por caducar. En la práctica, sin embargo, no se trata de seis tribunales funcionando a pleno o de igual modo. El TOF5 está fuera del esquema ya que tiene exclusividad para atender las dos megacausas sobre crímenes de la dictadura (Esma y Primer Cuerpo de Ejército), que aun así tienen sus propias tardanzas. Los tribunales 1 y 2 funcionan casi como uno: con dos cargos vacantes cada uno, comparten a dos de sus jueces.

El TOF1 ocupó buena parte del año pasado en un juicio contra el ex presidente del Banco Austral, Carlos María Ganduglia, que terminó sentenciado a cuatro años y medio de prisión efectiva por defraudar a sus ahorristas y a la administración pública. El mismo tribunal juzgará a Alberto Kohan por enriquecimiento ilícito y a Carlos Menem por ocultar cuentas en el exterior. Pero en ambos temas los exhortos internacionales librados que no consiguen respuesta retardan todo. En el TOF2 tramita la causa por el vaciamiento de los bancos Patricios y Mayo, y otra contra el ex cointerventor del PAMI de la Alianza Angel Tonietto.

Frente a lo que ya tiene cara de colapso, cada tribunal aplica sus estrategias. En la causa de los sobornos del Senado, cuyo juicio los más optimistas pronosticaban para el año pasado, el TOF3 advirtió en una resolución que aunque hace más de un año hayan llegado a la instancia oral nueve de los acusados de recibir o pagar coimas para la aprobación de la ley de reforma laboral, hasta que no se defina la situación del ex presidente Fernando de la Rúa no habrá audiencias. Hay que hacer, dicen, un juicio único. Entretanto, uno de los imputados, José Genoud, se suicidó, y otro, Emilio Cantarero, intenta que lo declaren inimputable.

Cuando un mismo funcionario tiene varias causas pendientes por delitos ligados a su cargo, se genera la misma discusión: ¿hay que hacer un solo juicio? Por ejemplo, el ex titular del PAMI Víctor Alderete tiene cinco expedientes en el TOF6 por sobreprecios y manejos sospechosos en contrataciones. El debate sobre la cantidad de juicios está desde hace un año y medio en la Cámara de Casación Penal, un tribunal que ya mostró su capacidad de obstaculizar en las causas por violaciones a los derechos humanos. El TOF1 está en plan de hacer un solo juicio a Claudia Bello, que será la sumatoria de varios y que, como tal, viene rezagado. El paquete incluye la acusación por sobreprecios en el contrato del antídoto para el inexistente efecto Y2K.

El dilema de la unificación rodea a otras cinco causas históricas contra María Julia Alsogaray, a cargo del TOF6. En una de ellas, por contrataciones dudosas de publicidad en el Plan del Manejo del Fuego, ya estaba en condiciones de ser juzgada y tenía cita fija con el tribunal en octubre del año pasado. Para posponerla, recusó a sus tres integrantes con la idea de que deberían hacerle un solo juicio. La continuidad de Sus Señorías está a estudio, una vez más, de Casación. La recusación puede terminar en la Corte, y así pasan los días. Alderete también tenía turno el año pasado en el TOF6 en una causa donde se lo acusa de haber entregado documentos falsos ante la AFIP para justificar 200 mil dólares. Es un tema tan viejo, de 1998, que intentó que le dieran como probation tareas comunitarias a cambio de no ir a juicio, pero no tuvo éxito.

Los mismos jueces atienden otras causas ya dignas de la prehistoria, como la de Yacyretá y otra contra el ex ministro Roque Fernández y el ex titular del BCRA Pedro Pou por el “otorgamiento ilegítimo” de un adelanto de 2 millones de dólares al banco Basel. También deben juzgar a policías y ex funcionarios por los asesinatos del 20 de diciembre de 2001 y un enorme caso de lavado de dinero que implica al Cartel de Juárez. Como asunto prioritario, de todos modos, preparan el juicio por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos.

“Temerarios”

En diciembre la Corte lanzó una advertencia por las demoras en los juicios contra represores y la extendió a los juicios penales en general. Cuestionó el modelo procesal por mantener “una instrucción lenta, formalista y plagada de oportunidades dilatorias”, señaló la “congestión” de los tribunales orales porteños y le reiteró al Gobierno un pedido para que cree otros nuevos y se pueda “superar el estado de algunos procesos, que no pueden ser llevados a juicio en un tiempo razonable”.

Los jueces orales comparten parte del diagnóstico: allí donde hay funcionarios implicados, dicen, hay poderosos estudios de abogados expertos en plantear nulidades, recusaciones, pedidos de prueba imposibles, peritajes infinitos, investigaciones complementarias, todas cuestiones que admite la ley y que una vez que se meten en la burocracia kafkiana pueden hacer estragos en un expediente. Los magistrados agregan sus propias quejas: por ejemplo, que una reforma reciente les agregó a sus funciones la de controlar la ejecución de las sentencias, algo que antes hacían los jueces de ejecución. Desde afuera de los tribunales, las ONG especializadas dicen que los jueces y fiscales no son santos y a menudo carecen de independencia.

El TOF4, que ya lleva el record de un año de audiencias tres veces por semana en el juicio por el accidente de LAPA, tomó una medida novedosa: advirtió que ante las presentaciones dilatorias “insustanciales y carentes de adecuada racionalidad” de los abogados que sean “temerarias y maliciosas” impondrá multas. Ese tribunal proyectaba juzgar en 2008 al ex titular de Turismo Paco Mayorga por negociaciones incompatibles en la explotación de hoteles; creía poder avanzar con otros dos juicios mega, el de la Mafia del Oro y el conocido como IBM-DGI (otros contrato sucio con sobreprecios de 120 millones de dólares); y planeaba dejar preparado el de la facturación trucha en el servicio de catering del Tango 01 en viajes de los gobiernos desde Carlos Menem hasta Néstor Kirchner.

A duras penas juzgó y absolvió en noviembre a Domingo Cavallo y un grupo de colaboradores que estaban cerca de conquistar la prescripción, por contrataciones irregulares en Encotesa y por haber instado a los bancos a desacatar las órdenes judiciales de devolver depósitos en diciembre de 2001. Resignados, los jueces del TOF4 ya dicen por lo bajo que este 2009 será dedicado a LAPA y asuntos urgentes.

Sin condenas

Según la Base de Datos del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), nuestros tribunales registran sólo nueve condenas en casos de corrupción y crímenes económicos en la última década. Dos fueron por enriquecimiento ilícito –María Julia Alsogaray y José Manuel Pico– y el resto por administración fraudulenta y subversión económica. Las causas tardan 14 años en promedio en llegar a juicio oral y el 20 por ciento prescribe en el camino. Ni siquiera resulta fácil que el Estado recobre el dinero que le robaron: la llamada “recuperación de activos” no está legislada y el decomiso sólo es posible una vez que existe condena. Los embargos preventivos en una primera instancia a veces tardan tanto que, cuando se dictan, los imputados ya están en condiciones de decir que no tienen nada. O se aplican y un buen día, como el juicio no llega, el mismo juez que lo impuso lo levanta, como consiguieron algunos implicados en IBM-Nación. “Plata para hoy, impunidad para mañana”, parece el lema de eterna vigencia.