Sin el imputado en la sala pero con su abogado Norberto Giletta empeñado en estigmatizar a quienes sobrevivieron a los centros clandestinos de la última dictadura, se inició ayer la ronda de testimonios del juicio al general Jorge Olivera Róvere, imputado por 120 secuestros y cuatro homicidios en 1976. Luego del escándalo del martes y de la revisión del criterio de publicidad acotada por parte del Tribunal Oral Federal 5, que por primera vez luego de cinco juicios por crímenes de lesa humanidad autorizó el miércoles el ingreso de un fotógrafo, las testimoniales comenzaron sin reporteros en la sala. La Corte Suprema de Justicia, en la acordada 29 del año pasado, reclamó garantizar sólo la publicidad de audiencias iniciales, alegatos y sentencias.

La primera de los casi 400 testigos que declararán durante los próximos seis meses fue Patricia Erb, sobreviviente de Campo de Mayo, citada por los casos de los desaparecidos Aníbal Carlos Testa y Elena Cristina Barberis, por los que está imputado el ex jefe de la subzona militar Capital Federal. Erb fue secuestrada en Floresta el 13 de septiembre de 1976 y trasladada a un galpón repleto de cautivos encadenados y encapuchados. Un par de veces, mientras la llevaron a un baño, pudo ver fugazmente “gente muy torturada, que no se podía parar y los llevaban arrastrando”, dijo. Por comentarios de otros secuestrados supo que estaba en la mayor guarnición militar del Ejército: Campo de Mayo.

Erb describió con el mayor detalle posible los recuerdos de sus 23 días en cautiverio, dio apodos y en algunos casos nombres de personas secuestradas allí, entre ellos “La Gringa” y “El Cordobés”, como llamaban a Barberis y Testa, y el del ex dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores Domingo Menna. Luego contó que la blanquearon en una comisaría de Bella Vista, donde gracias a las gestiones de su familia la visitó el cónsul norteamericano, que le tramitó su pasaporte.

–¿De dónde conocía al Cordobés y la Gringa? –preguntó Giletta, que defiende a Olivera Róvere desde hace más de veinte años.

–De la militancia –respondió Erb.

–¿Dónde militaba usted? –indagó el ex juez de la dictadura.

–En la Juventud Guevarista, era una activa militante pese a mi juventud.

–¿Y cómo conocía a Domingo Menna? –preguntó desafiante Giletta.

El fiscal Félix Crous objetó la pregunta porque “no tiene nada que ver con el objeto del juicio”, dijo, pero los miembros del TOF5 no hicieron lugar al pedido y le ordenaron responder.

–Era un reconocido dirigente del PRT –explicó Erb.

–¿Por qué motivo supone que sobrevivió? –metió el dedo en la llaga Giletta, consciente de la estigmatización de delatores que los propios represores se esmeraron en imponer a los sobrevivientes.

Crous volvió a objetar la pregunta. “No es pertinente y me preocupa el camino que está tomando la defensa”, advirtió. A los jueces Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías, no les pareció una pregunta reprochable.

–Supongo que me liberaron porque era ciudadana norteamericana y hubo muchas gestiones y presión para obtener mi libertad –dijo Erb.

Luego hubo otros cuatro testigos. Por la desaparición de Carlos Florentino Cerrudo declararon su hermana Delia, que presenció el secuestro, y Orlando Ormanechea, detenido en el mismo operativo por un grupo armado de civil. Rubén García, suboficial retirado de la Policía Federal, declaró como testigo de contexto de un procedimiento en el laboratorio Lepetit en noviembre de 1976. Contó que fue comisionado a constatar la existencia de un enfrentamiento armado pero al llegar se encontró con un oficial que se presentó como “mayor Valderrobles”. Cuando informó el dato sus superiores le ordenaron retirarse. Francisco Astelarra contó que dos semanas antes del secuestro de su hermano Santiago, delegado del Cemic, una patrulla del Ejército preguntó por él en casa de sus padres, y que al día siguiente de su secuestro un llamado anónimo alertó a la familia que se lo había llevado “gente del Ejército”.