A pocas semanas de que la Justicia italiana determinara que Emilio Eduardo Massera es imputable, en forma sorpresiva el genocida fue internado ayer en la unidad coronaria del Hospital Naval, presuntamente aquejado por una “afección cardíaca”. Los especialistas definieron como “síncope” el episodio padecido por Massera, según afirmaron fuentes judiciales. “Los italianos se dieron cuenta de la trampa, y por eso quiere hacerse el enfermo otra vez; es el gran simulador”, definió la abogada Liliana Mazea, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). En tanto, allegados a la investigación no descartaban que el juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), pudiese disponer en las próximas horas que peritos del Cuerpo Médico Forense constaten la veracidad de las causas de la internación.

El juez también espera que la Universidad de Buenos Aires y entidades académicas integren el equipo de profesionales de la salud mental que deberá realizar nuevas pericias psiquiátricas al ex comandante en jefe de la Armada durante la dictadura. Esos estudios se ordenaron a partir del dictamen del neurólogo italiano Piero Rocchini, quien aseguró que el dictador “simula” su enfermedad y “que está en condiciones de afrontar un juicio”, tal como publicó Página/12 la semana pasada. A partir de ese dictamen, el juez Marco Mancinetti podría ordenar la reapertura del proceso que se le sigue en Italia por la desaparición de Angela Aietta de Gullo, Giovanni Pegoraro y su hija Susana, además del secuestro de la hija de ésta, nacida en cautiverio. Si esto ocurriera, el Estado italiano podría pedir la extradición de Massera.

Según el experto italiano, es apenas “moderado” el “decaimiento psíquico” que sufre el ex integrante de la primera Junta Militar, “causado por una inicial demencia vascular”, con los síntomas acentuados por un “cuadro de simulación”. Por lo tanto, determinó que “debe ser considerado plenamente en condiciones de ser sometido a juicio, pese a posibles intentos manipulatorios, más o menos conscientes, actuados por medio de exageraciones, incluso espectaculares, de síntomas psíquicos ficticios”. Para llegar a esta conclusión, fue clave la utilización del test de Bender, que impide simular un daño orgánico. La prueba se repite un tiempo después, el sujeto no recuerda los errores que cometió la primera vez e incurre en nuevos fallos. Si el error se repitiera significa que hay lesión orgánica; de lo contrario ésta queda descartada.

Los juicios contra Massera en Argentina se interrumpieron en 2005 ante pericias que determinaban que no estaba en condiciones psíquicas de defenderse en un juicio oral y público. En 2001, quien fuera amo y señor de la ESMA, entre otros campos de exterminio, sufrió un derrame cerebral, y a partir de entonces su defensa insistió con que fuera declarado insano. La Justicia argentina lo puso en una situación de suspenso, a la espera de algún cambio en su estado de salud, que de hecho congeló su imputación en esos procesos, como el referido al plan sistemático de apropiación de menores, entre otros.

Italia puso en duda la seriedad de esos peritajes y envió al perito Roberto Tatarelli, que lo revisó en marzo de 2007, luego de varios obstáculos que puso el entonces juez y hoy ministro porteño Guillermo Montenegro. Tatarelli concluyó que la demencia le impedía al ex marino afrontar un juicio, y el juez italiano suspendió el caso y estipuló revisiones periódicas para evaluar posibles cambios. Pero esos informes no fueron nunca enviados por los jueces argentinos. Fue así que entró en escena Rocchini, y ayer Massera fue admitido en el Naval.

“Estoy indignada, se me ocurre pensar que no es casual, una no sabe si finge o es real, y mientras tanto retrasa el peritaje” solicitado por los organismos querellantes luego del informe italiano, dijo a Página/12 Lita Boitano, integrante de Familiares de Desaparecidos y testigo como familiar de desaparecidos italianos. “Nuestra bronca es por este agravamiento sorpresivo de Massera, el mismo día en que el juez Torres nos da visto bueno como peritos de parte”, expresó Mazea, miembro del colectivo querellante Justicia Ya!