Con un centenar de personas en la sala, incluidas varias Abuelas de Plaza de Mayo, los representantes del Ministerio Público Fiscal y los abogados del organismo que preside Estela de Carlotto solicitaron ayer una pena de veinticinco años de prisión para el último dictador, Reynaldo Bignone, y para el ex comandante de Institutos Militares Santiago Riveros, por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo durante la última dictadura. A pedido de organizaciones civiles que promueven la publicidad de los juicios a represores y por primera vez desde la reapertura de los procesos, jóvenes menores de 18 años fueron autorizados por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín a presenciar la audiencia. Faltaron con aviso los imputados, autorizados por los jueces. Hoy a partir de las 9.30 será el turno del abogado Pablo Llonto y de los letrados del colectivo Justicia Ya!

El alegato de los fiscales Juan Patricio Murray, Javier De Luca y Marcelo García Berro, que debieron detallar más de ochenta casos de secuestros y torturas, se prolongó durante dos días. Los acusadores que representan al Estado pidieron la pena máxima para Bignone, Riveros y Fernando Verplaetsen, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo. La misma pena habían solicitado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la abogada Alcira Ríos. También reclamaron veinte años de prisión para el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601, coronel Alberto Tepedino; catorce años para el general Jorge García, ex director del Colegio Militar de la Nación, y doce para el general Eugenio Guañabens Perelló, director de la Escuela General Lemos. Para el ex comisario Germán Montenegro, jefe en 1977 de la comisaría de Bella Vista, donde fueron blanqueados varios de-saparecidos, pidieron dos años de prisión en suspenso.

Luego fue el turno de Mariano Gaitán, joven abogado de Abuelas, custodiado en primera fila por Carlotto, Rosa Rosinblit y Buscarita Roa. Abuelas es querellante por “diez madres y padres secuestrados, torturados y desaparecidos, cuyos hijos les fueron arrebatados y entregados a otras familias que se los apropiaron como botín de guerra”, explicó Gaitán, quien destacó la importancia de hacer constar en la sentencia la detención ilegal de embarazadas, con vistas al juicio por el plan sistemático de sustracción de menores. Igual que los fiscales, Abuelas reclamó que las condiciones de detención clandestina se consideren un tormento en sí, existan o no testigos de las sesiones de torturas.

Luego de detallar cada caso y explicar la responsabilidad de Riveros y Bignone, Gaitán pidió que las penas sean de prisión efectiva. “Las víctimas del terrorismo de Estado no piden que se aplique a los responsables los métodos que ellos han aplicado, pero ningún sentido tiene dictar una condena si la misma no será cumplida y los imputados permanecerán en sus casas”, destacó, y recordó que el arresto domiciliario es “una facultad del juez”, no una concesión automática.

Concluyó su alegato recordando “las tres consignas que han guiado la lucha del movimiento de derechos humanos en nuestro país y que en buena medida han hecho posible este juicio: Memoria, Verdad y Justicia. Estas tres palabras, erigidas hoy en columnas en la Puerta 4 de Campo de Mayo, resumen los principios y valores que debe tener en cuenta el Tribunal al momento de dictar sentencia”.