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La disputa por las mediciones de precios del Indec es un clásico que se juega desde hace más de dos años, cada treinta días. Además, este año será un tema frecuentado en forma asidua por la oposición, que esta semana comenzará una ronda de consultas públicas en el Senado. Lo indefendible de la vandalización del organismo lo convierte en prenda de unidad entre agrupaciones tan distintas como el socialismo y el peronismo disidente, entre los hombres y mujeres de PRO y el claudiolozanismo. Al mismo tiempo, desacomoda al ministro Amado Boudou, quien comienza a advertir que los consejos asesores que formó al iniciar su gestión se impacientan por la falta de resultados y pueden convertirse en impugnadores más temibles que los políticos profesionales para quienes siempre todo está mal. Pero más allá de esta pugna hay en los índices de enero difundidos la semana pasada, algunas novedades que merecen cuidadosa atención. El 1 por ciento de crecimiento del índice general es algo menos de la mitad que el que acusan diversas consultoras privadas. Un tercio de ese índice se debe al crecimiento de los precios de alimentos y bebidas, que según el Indec superó en un 60 por ciento el nivel general y que constituyen el principal rubro de consumo de los segmentos más vulnerables. Si ese 1,6 por ciento se repitiera a lo largo de todo 2010, la inflación anualizada de alimentos y bebidas llegaría al 22,9 por ciento. En la misma proporción menguaría el poder adquisitivo de los planes de transferencia de ingresos, como la asignación universal por hijo. El sociólogo Artemio López calcula que en ese caso los 180 pesos equivaldrían en un año a 138,8 y su capacidad de resolver la indigencia y pobreza caería en forma drástica. La disparada en el precio de la carne bovina y la radioteatral sobreactuación del presidente electo uruguayo José Mujica ante centenares de empresarios argentinos convocados a un Hotel Casino de Punta del Este, con golpes bajos incluidos, ha puesto en el centro del análisis público la necesidad de incrementar los niveles de inversión privada. Sin embargo, sería un error grave subestimar la incidencia de la estructura oligopólica de producción y comercialización de esos bienes esenciales, que es una de las causas de la falta de inversión. Aumentar los precios cuando no hay competencia es mucho más fácil que aumentar la producción. Desde que comenzó el repunte macroeconómico y en cuanto se anunció la asignación universal, era sólo cuestión de tiempo (poco) para que esos jugadores con trampa pasaran el rastrillo sobre la mesa y se llevaran la mayor parte posible de los planes sociales. A esta altura debería estar claro que no será el as de cartón de Comercio Interior quien los disuada, ni con lisonjas ni con aprietes.

Lengua suelta

En un rasgo típico de hombre grande con mujer joven, el senador Carlos Reutemann soltó la lengua y se declaró satisfecho con tal de que en 2011 “no se hayan afanado la Plaza de Mayo”. Hasta el diario La Nación, que celebró “el fondo del asunto”, rechazó “la forma empleada”, que atribuyó a influencia de la grosería oficial. El método es rudimentario, pero al ex gobernador santafesino le sirvió para comunicar que sigue la carrera presidencial. Mientras Maurizio Macrì y Julio Cobos recorren sus propios laberintos, Reutemann vuelve a instalarse como la mayor esperanza blanca con vistas a los lejanos comicios presidenciales. En agosto del año pasado, cuando su senadora Roxana Latorre habilitó el tratamiento de la prórroga de las facultades delegadas, Reutemann dijo que “hace un año y medio venimos en una batalla campal contra el kirchnerismo”. Ahora ha dejado en claro que continúa, pese a las mojigangas de Hugo Moyano sobre su abandono.

Déficit

La persistencia de posibles candidatos como Reutemann, Cobos o el filántropo colombiano Francisco de Narváez sólo es posible por los déficit políticos del gobierno. La recuperación económica luego del duro año 2009 es evidente en todos los indicadores, con records de consumo, retroceso de la desocupación e incluso de la informalidad laboral, mientras la asignación universal por hijo y el nuevo ajuste jubilatorio mejoran la situación del sector más desprotegido. La idea del Fondo del Bicentenario (Fobic) fue inyectar más combustible para acelerar la marcha, con la meta de volver más temprano que tarde a los niveles de crecimiento del periodo 2003-2008. La idea oficial es que el revés en las urnas de 2009 se debe a que se votó en el peor momento del peor año y que todo cambiará a partir del repunte. Del mismo modo se atribuyen las dificultades al sistemático repique mediático contra el gobierno y a la actitud que el ministro del interior calificó como casi golpista del vicepresidente Cobos y sus aliados de la UCR. Aunque nada de eso sea desechable, no debería usarse para eludir una revisión crítica de las propias limitaciones políticas. Los medios argentinos, incluyendo al tan vituperado Grupo Clarín, no son menos interesados ni más agresivos que sus homólogos de Brasil, Bolivia, Ecuador o Venezuela. Sin embargo, sus gobernantes gozan de índices de aceptación popular superiores a los que se registran aquí. La discusión con los medios es saludable siempre que no se transforme en una coartada para excluir del análisis los errores no forzados del otro lado de la red. Estos fueron muy evidentes en el manejo de la crisis con el Banco Central. La remoción de una figura de irrelevancia política destacable, como Martín Redrado, redundó en un mes de desgaste y ni siquiera parece asegurada la votación en el Senado del DNU que creó el Fobic. A falta de coincidencias programáticas y, en algunos casos también de afinidades personales, la oposición está bien dispuesta a unirse para lastimar a un gobierno que no se ha molestado por tender puentes cuando tenía los números a su favor y cuyo discurso insistente y lacerante contra los dos gobiernos de la década pasada no le ha granjeado la buena voluntad de nadie. Una vez terminada la convalecencia de su operación, Néstor Kirchner realizará dos actos políticos: la reasunción como presidente del Partido Justicialista y el relanzamiento de la transversalidad con movimientos políticos y sociales que reconocen su liderazgo pero no se sienten contenidos por las estructuras del justicialismo. La relación de fuerzas en el Congreso sugiere que eso no es suficiente, que también es precisa una negociación política franca con aquellos sectores del centro hacia la izquierda que no se identifican o no volverán a identificarse como kirchneristas. Tal vez eso no sea posible en términos permanentes y con formas organizativas comunes, al estilo de la ahora vulnerada Concertación chilena o el triunfante Frente Amplio oriental. Pero sin duda hay espacio para acuerdos específicos sobre proyectos concretos, que podrían aislar a la derecha, tanto en la oposición como dentro del propio gobierno. Eso requeriría un estilo distinto de construcción política, que CFK está en condiciones de intentar, si se lo propone. La experiencia de Agustín Rossi en la Cámara de Diputados es reveladora sobre la amplitud del espacio a transitar en esa dirección.

Plazas y plazas

De la importancia que el gobierno asigna a la reaparición de Reutemann dan cuenta las innumerables respuestas que cosechó, por parte de dirigentes justicialistas de todo el país. Pero la única que merece recordarse fue la del diputado Carlos Kunkel: “Lo que no vamos a dejar seguro es la Plaza de Mayo llena de cadáveres como dejó él en las plazas de Rosario y la ciudad de Santa Fe el 19 y 20 de diciembre”. Esta contestación remite a una de las cuestiones de fondo que merecen debatirse en el país. Con todos sus defectos, el proceso político iniciado en 2003 es el primero en décadas que no ha recurrido a la represión para enfrentar la protesta social. Esta definición, que incluso condujo al relevo de un ministro de Justicia, un secretario de Seguridad y un jefe de la Policía Federal por rechazar la orden de que los efectivos policiales encargados del control de una movilización no llevaran armas de fuego, es coherente con el cuestionamiento a las políticas de exclusión que fueron la marca de fábrica de la democracia nacida en 1983.

Tanto Reutemann como Fernando de la Rúa ordenaron reprimir en diciembre de 2001, lo cual produjo 34 muertos en todo el país, nueve de ellos en Santa Fe. Ni el ex presidente ni el ex gobernador son personas sanguinarias o malas, pero sus políticas conducen a esos resultados, como se verá dentro de no mucho en los PIGS del sur de Europa. De los nueve muertos provinciales, siete fueron asesinados por la policía, cinco en Rosario y dos en Santa Fe. Además hubo heridos graves y más de dos centenares de detenidos. En cambio no hubo muertos ni heridos de las fuerzas de seguridad. La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) había informado tres meses antes que Santa Fe ocupaba el primer lugar nacional en casos de gatillo fácil por habitante. Las movilizaciones colectivas de diciembre eran pacíficas y su motivo principal fue el reclamo de alimentos. Por ejemplo, en el sur de Rosario el 19 de diciembre al mediodía la policía dispersó con balas de goma y gases a más de 200 personas, la mayoría mujeres de villas cercanas, que pedían comida frente a un supermercado. Más tarde, la policía cambió las balas de goma por las de plomo. Hubo persecuciones, disparos al aire, ingresos a domicilios, donde se lanzaron gases lacrimógenos.

La cadena de comando

Nunca se investigó cómo funcionó la cadena de comando. El entonces gobernador Reutemann había designado en la Secretaría de Seguridad a Enrique Alvarez, un agente civil de inteligencia incorporado en marzo de 1976 a la SIDE. El ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez se reunió con representantes de la policía provincial y de las fuerzas federales y con intendentes y dirigentes políticos para definir la respuesta a las movilizaciones. Pero la decisión de reprimir con armamento letal fue transmitida por Alvarez, quien recibió órdenes de Reutemann, a quien veía a diario sin la presencia de Domínguez. Así lo declararon Domínguez y el ex delegado del Ministerio de Gobierno Osvaldo Turco ante la Comisión Investigadora no Gubernamental. En 2005 el juez provincial Roberto Reyes absolvió a Alvarez y Domínguez en la causa que se abrió para determinar las responsabilidades políticas. Reyes fue ascendido a camarista y el fiscal Ricardo Favaretto, que no apeló el fallo absolutorio, a Juez de Instrucción. En 2009 el Juez de Instrucción Rubén Saurín decidió archivar la causa y sostuvo que “si existió un actuar imprudente para resguardar los bienes y las personas, eso no puede ser achacado a la cabeza del Poder Ejecutivo”.

Algunas víctimas

Rubén Pereyra, 20 años, una hija, juntaba cartones. La policía lo mató cuando cruzaba un puente con un cajón de comida.

Juan Delgado, albañil, tres hijos. Esperaba un reparto de comida cuando apareció la policía disparando. Lo mataron en el piso con una Itaka. Le sacaron seis perdigones del cuerpo y balas de goma. El juez Osvaldo Barbero sobreseyó a los policías involucrados en ambos episodios.

Graciela Acosta, 35 años, 7 hijos, en situación de extrema pobreza. Era militante de un movimiento social. Buscaba a sus hijos cerca de un supermercado cuando recibió una bala 9 mms. de la policía. La disparó el agente Luis Quiroz, condenado en diciembre de 2007 a once años de prisión. En 2008, el juez Barbero también procesó al ex comisario de la seccional 29ª de Villa Gobernador Gálvez, José Abraham, y al ex inspector de zona Ignacio Antonio Sifredi, por haber encubierto a Quiroz y por incumplimiento de sus deberes.

Walter Campos, de 15 años. Estaba en la cola de un reparto de comida en Rosario. Lo mató de un disparo a la cara el sargento Angel Omar Iglesias, experto tirador de las Tropas de Operaciones Especiales, quien fue sobreseído.

Yanina García, 18 años, una hija de dos a la que buscaba cuando comenzaron los tiros. Barbero reconoció que la mató una bala de la policía santafesina, pero no individualizó al autor.

Ricardo Villalba, 16 años. Se encontraba frente a un comercio de alimentos saqueado, con la multitud que tiraba piedras a la policía, que le disparó a la cabeza. No hay imputados aunque según la comisión investigadora no gubernamental es evidente que fue uno de tres policías de la seccional 10. Cuando otras personas pidieron que llamasen a una ambulancia, los policías siguieron disparando. Un testigo relató: “Uno de los agentes no nos contestaba hasta que se dio vuelta y dijo ‘que se joda’”.

Claudio “Pocho” Lepratti, 38 años, militante de ATE y la CTA que ayudaba en un comedor comunitario. Subió al techo para pedirles a los policías de la provincia que no dispararan al aire, porque adentro había niños comiendo. El agente del Comando Radioeléctrico Esteban Velázquez lo mató con un disparo de su Itaka calibre 12/70 en la garganta. La Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe reconoció que el crimen ocurrió “fuera de la zona de saqueos y en los fondos de una escuela”. El juez de Sentencia Ernesto Genesio lo condenó a 14 años de prisión. En 2009 el juez Julio García condenó a otros cinco policías (Marcelo Arrúa, Rubén Pérez, Daniel Braza, Roberto De la Torre y Carlos Alberto de Souza) por falsedad ideológica y encubrimiento agravado: balearon y destruyeron el patrullero para simular un ataque y alegar que actuaron en su defensa. León Gieco escribió una canción sobre Lepratti, “El ángel de la bicicleta”, cuyo estribillo dice “¡Bajen las armas! Que aquí solo hay pibes comiendo”.