Diputados de la Coalición Cívica (CC) presentaron ayer una denuncia penal por “desobediencia judicial” contra la presidenta Cristina Fernández, todos los ministros de su gabinete y las autoridades del Banco Central, encabezadas por su presidenta, Mercedes Marcó del Pont. La querella, auspiciada por los legisladores Patricia Bullrich, Hilma Re, Juan Carlos Vega y Fernando Iglesias, recayó en el Juzgado Federal Penal número 9, a cargo de Sergio Torres. La actuación del Ejecutivo “constituyó un claro alzamiento contra lo resuelto por el Poder Judicial” y “un ardid para saltear la facultad del Congreso de revisar los DNU, tal como claramente estatuye el procedimiento constitucional”, explicaron los denunciantes. “La Presidenta ignoró el fallo sobre las reservas que había sido dictado en las anteriores presentaciones”, justificó Bullrich la decisión.

“Los decretos son gemelos y se realizó un proceso de simulación del gobierno nacional con el Banco Central para sacar el dinero”, explicó la diputada, en referencia a los dos decretos de necesidad y urgencia que firmó la Presidenta para crear, primero, el Fondo del Bicentenario, que luego derogó, y luego el llamado Fondo de De-sendeudamiento Argentino, con la finalidad de pagar deuda pública a acreedores privados mediante el uso de reservas excedentes del Banco Central. Según el Código Penal, el delito de desobediencia tiene una pena de quince días a un año de prisión.

Además, Bullrich se mostró preocupada porque, según afirmó, “la Presidenta dijo que iba a seguir desobedeciendo a la Justicia, y es una causa muy seria que implica no aceptar la pirámide jurídica del país”. La legisladora además señaló que la posible sanción que podría caberles a la Presidenta, su gabinete y el directorio del Banco Central en caso de que la denuncia prospere “dependerá de los jueces”, pero lo más importante no es eso sino recuperar “el orden ético”.

La denuncia incluye a Cristina Fernández, Aníbal Fernández, Florencio Randazzo, Jorge Taiana, Nilda Garré, Amado Boudou, Débora Giorgi, Julián Domínguez, Julio De Vido, Julio Alak, Carlos Tomada, Alicia Kirchner, Alberto Sileoni, Lino Barañao y Juan Manzur, por haber sido quienes firmaron los DNU 296 y 298/2021, y a Marcó del Pont y el resto del directorio del Banco Central, por haber posibilitado la transferencia de los fondos de reserva.

“Este país tiene que volver a un orden institucional, ético, y eso implica que la primera en cumplir la ley sea la Presidenta”, insistió Bullrich, que no descartó avanzar, en otro momento, con un juicio político. “No vamos a hablar de juicio político porque estamos en un momento muy serio: presentamos una denuncia por desobediencia judicial. El Gobierno y el BCRA no pueden ignorar a la Justicia”, concluyó.