Cristina Kirchner voló ayer hacia El Calafate, junto a Néstor Kirchner, donde se quedarán hasta el lunes. Mientras, en el Gobierno quedaron repasando los argumentos con los que sostendrán la apelación al fallo de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo Federal que impide usar reservas para cancelar deuda con los bonistas privados. Uno de los puntos que será planteado por el Ejecutivo es la falta de legitimidad procesal de los legisladores para accionar ante la Justicia. En el Gobierno recuerdan que esa tesis fue esgrimida por la Corte al rechazar el planteo de San Luis que buscaba declarar la invalidez del decreto 2010/09: se trataba del DNU –luego derogado por la Presidenta– que creaba el Fondo del Bicentenario. En aquel momento, el máximo tribunal argumentó que como el gobierno de San Luis tenía representantes en el Congreso, la provincia no tenía legitimidad procesal para recurrir a la Corte.

Otro de los planteos que se están preparando en la Procuración General del Tesoro tiene que ver con la discusión alrededor de la “identidad de objeto”. Según la jueza Claudia Rodríguez Vidal, el DNU que dio existencia al Fondo del Bicentenario tuvo su continuidad en el decreto que creó al Fondo de Desendeudamiento. Sin embargo, desde el Gobierno recurrirán ese argumento poniendo el acento en dos diferencias a las que la magistrada pareció no darles importancia: el segundo DNU acota que el pago con reservas está aplicado al año 2010, menciona explícitamente la cifra de la que se trata –alrededor de cuatro mil millones de dólares– y además dispone de la creación de una comisión de seguimiento de los pagos.

Aparte de los planteos jurídicos para recurrir la medida cautelar de primera instancia, en la Casa Rosada también están preparando los argumentos con los que se pretende cuestionar a la oposición. La idea es responsabilizar a los bloques opositores por haber frustrado una posibilidad de reducir las tasas de interés que deben pagar las provincias argentinas que salen a buscar financiación en el exterior. Ayer mismo se produjo un ejemplo emblemático, cuando la provincia de Buenos Aires acordó recibir un préstamo por una tasa de interés de alrededor del 15 por ciento anual: un índice por cierto muy elevado. “Quieren impedir que saquemos definitivamente al país del default”, subrayaron anoche en la Rosada. Esa queja buscará conmover a los gobernadores con dificultades financieras.