Un día después de la resolución del Tribunal Oral Federal de Tucumán que dispuso excluirlo por problemas de salud del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la jefatura de policía provincial, el dictador Antonio Domingo Bussi fue dado de alta de una clínica privada y trasladado a su residencia del country de Yerba Buena, donde seguirá con arresto domiciliario. La Cámara Federal porteña, en tanto, confirmó su procesamiento por la apropiación de una criatura nacida durante el cautiverio de su madre en Campo de Mayo, en 1977, cuando Bussi era segundo jefe del Comando de Institutos Militares. La única condena que pesa sobre el represor, por sólo uno de los centenares de crímenes que cometió durante la última dictadura, aún no fue confirmada por la Corte Suprema .

Los profesionales del Sistema Provincial de Salud, a quienes el tribunal (TOF) tucumano encomendó controlar diariamente el estado de salud de Bussi, corroboraron ayer que “estaban dadas las condiciones para que se dispusiera el alta médica”, según confirmó Mariano García Zavalía, secretario del tribunal. Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi habían decidido el miércoles que el segundo juicio oral por violaciones a los derechos humanos en Tucumán continuara sin la presencia de Bussi, de 84 años. Fundaron la resolución en un informe del cardiólogo Cristian Rando, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, quien dictaminó que por sus problemas cardíacos y pulmonares Bussi debía permanecer en terapia intensiva, y que tenía altas chances de no sobrevivir más de un año. Menos de 24 horas después, dejó el hospital.

Las audiencias del debate oral ya se habían suspendido en dos ocasiones por los problemas cardíacos de Bussi. Para evitar nuevas dilaciones, argumentó el tribunal, se optó por seguir el juicio con el resto de los imputados: los generales Luciano Benjamín Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, y Alberto Luis Cattáneo, segundo de Bussi en la Quinta Brigada de Infantería, quien sigue las audiencias desde su casa y por teleconferencia, también por problemas de salud. Los otros imputados son tres agentes de la provincia: Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex jefe del Servicio de Información Confidencial (SIC) o Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, y los hermanos Luis y Carlos de Cándido. Un oportuno infarto intestinal agudo le evitó una condena segura al ex jefe de policía coronel Albino Mario Zimmermann.

Bussi fue internado el domingo como consecuencia de una descompensación (presentaba líquido en los pulmones y un agravamiento general de su capacidad de respuesta coronaria), cuadro que derivó en la postergación del martes. El juicio ya se había suspendido el 2 de marzo por problemas de salud de Bussi y Zimmermann, que murió dos días después.

Como aún no fue declarado insano, privilegio que garantiza la impunidad de Emilio Massera y otros represores, Bussi sigue imputado en decenas de causas en Tucumán, donde actuó en 1976, y también en Campo de Mayo, donde se desempeñó desde 1977. La Sala I de la Cámara Federal ratificó ayer su procesamiento por los delitos de “sustracción, retención y ocultamiento del estado civil”. Se trata del caso del bebé que María Eva Duarte de Aranda dio a luz durante su secuestro, en el Hospital de Campo de Mayo. Duarte fue secuestrada en su casa de Los Polvorines el 9 de septiembre de 1977, con dos meses de embarazo. “Han existido órdenes secretas impartidas por los ex comandantes de las Fuerzas Armadas para que se sustrajera violentamente a los menores para que fueran entregados a matrimonios vinculados con las fuerzas de seguridad”, indicaron los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballesteros. La responsabilidad de Bussi –agregaron– “se desprende por cuanto durante aquel año estuvo cumpliendo funciones como segundo comandante del Comando de Instituciones Militares, dentro de la zona de defensa IV”.