Mauricio Macri intentará conseguir una postergación de su indagatoria en la causa del espionaje, según él mismo anunció ayer. La citación del juez Norberto Oyarbide está prevista para el 28 de este mes, pero coincide –justificó– con un viaje oficial a la India. En la causa, el jefe de Gobierno porteño quedó imputado como posible miembro de una asociación ilícita dedicada a conseguir escuchas telefónicas a través de la SIDE, en la que tuvieron un papel central el primer jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, y el ex policía Ciro James, presos ambos.

“No hay que correr mucho la fecha, serán cuatro o cinco días”, minimizó Macri, anticipándose a reproches de que quiere dilatar la causa. Dijo que no tiene “ningún problema en declarar”, algo para lo cual se siente “listo”. Todo indica que el juzgado le dará la prórroga. Si está bien fundada, dicen en tribunales, no tendrían por qué negarle un derecho reconocido a cualquier mortal. Sus abogados, Santiago Feder y Ricardo Rosental, todavía no presentaron formalmente ningún pedido, sólo lo anticiparon a Oyarbide de manera informal.

Desde el lunes último, cuando se concretó su citación como sospechoso, Macri repite –palabras más, palabras menos– las mismas frases. “No tengo nada que ver con las escuchas, no tengo la menor idea de eso, mi labor era hacer la (policía) Metropolitana y la Metropolitana está en las calles y es un éxito”, reiteró ayer. “A este señor James nunca lo vi en mi vida (...) nunca trabajó ni en Boca Juniors ni en ninguna empresa (del grupo Macri) (...) Igual voy a ir y voy a colaborar con la Justicia como lo hicimos desde el primer día. Somos los más interesados en que se estudie cómo alguien pudo haber hecho 400 escuchas telefónicas desde el 2004 para acá”, dice el libreto del líder de PRO.

Pero sobre la investigación, sobre la responsabilidad que a él se atribuye en la escucha ilegítima a su cuñado Daniel Leonardo y a Sergio Burstein, de Familiares de AMIA, Macri sigue sin decir nada. Ni dice nada sobre el nombramiento de James en el Ministerio de Educación porteño en la época de la escucha a Leonardo. Tampoco cuestiona a Palacios.

Esta semana, los investigadores del espionaje confirmaron una escucha ilegal más, a un teléfono de la Asociación Personal Legislativo (APL) de Misiones. La pinchadura se hizo igual que las demás: un grupo de policías misioneros introdujo el número de teléfono en el marco de una causa penal y un juez, Horacio Gallardo, ordenó la pinchadura a la SIDE. A diferencia de los casos conocidos hasta el momento, las grabaciones de la línea del gremio eran retiradas en dependencias de la central de inteligencia en Posadas, no en Buenos Aires. La intervención se extendió entre agosto y diciembre del año pasado. Pero en octubre, cuando fue detenido James, los policías misioneros dejaron de retirar las grabaciones. El hallazgo empeora el panorama para el juez Gallardo, que está siendo sometido a juicio político en Posadas junto con su colega José Luis Rey. Todas las escuchas investigadas por Oyarbide se gestionaron desde sus juzgados. Para concretarlas vincularon falsamente con homicidios y otros delitos a las personas a las que querían espiar.

El jueves es presentó ante Oyarbide la titular de APL, Nidia Figueredo, y deslizó la hipótesis de que la escucha al gremio pudo haber sido promovida desde la Cámara de Representantes de Misiones, donde apuntó a su titular, el ex gobernador Carlos Rovira, y a su jefe de seguridad, Luciano Tabaresv (un comisario retirado).