El Consejo de Ministros de España aprobó ayer la extradición a la Argentina del ex piloto naval Julio Alberto Poch, acusado de participar en los vuelos de la muerte durante la dictadura militar. El marino, que confesó sus labores durante el terrorismo de Estado ante compañeros de trabajo de la aerolínea holandesa Transavia, es el primer piloto imputado de haber arrojado al mar desde aviones militares en vuelo a los detenidos-desaparecidos de la Escuela de Mecánica de la Armada.

La Audiencia Nacional de España dictó el 15 de enero último un documento en el que estimaba procedente extraditar a Poch, con la condición de que la Argentina garantizara que el teniente de fragata retirado no pueda ser condenado a cadena perpetua. Esa pena es inadmisible para la Justicia española, que en cambio emite condenas de más de mil años de cárcel, como bien puede atestiguar Adolfo Scilingo. El Consejo de Ministros aprobó la extradición de Poch luego de obtener esa garantía, previa valoración de la Audiencia Nacional.

Poch nació en Buenos Aires el 20 de febrero de 1952, egresó del Colegio Nacional Buenos Aires en 1968 y cursó la Escuela Naval Militar entre los años 1969 y 1972. En los ’80 se radicó en Holanda, donde obtuvo la ciudadanía. Fue arrestado el 22 de septiembre de 2009 en el aeropuerto de Manises (Valencia), durante un vuelo que realizaba como piloto civil para la compañía Transavia. El 6 de octubre declaró ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que no tuvo nada que ver con los vuelos de la muerte, porque “nunca estuvo destinado” en la ESMA, dato irrelevante si se tiene en cuenta que la Armada rotaba a todos sus oficiales por los grupos de tareas, tal como recordó esta semana el capitán Antonio Pernías.

Poch también negó la denuncia al respecto que hicieron sus compañeros de Transavia ante autoridades holandesas tras una cena en un restaurante de la isla de Bali, en Indonesia. Según la denuncia, Poch se jactaba de haber participado en los vuelos de la muerte, en los que las personas secuestradas eran arrojadas semidormidas por la administración forzada de drogas.

Luego de recibir la denuncia desde el Reino de los Países Bajos, el juez federal Sergio Torres cruzó el Atlántico para escuchar a los testigos sin intermediarios. Meses después ordenó su captura internacional a Interpol y su extradición a través de Cancillería. Luego de la detención en Valencia, durante su último vuelo como piloto comercial, Poch aceptó a principios de año ser extraditado a la Argentina y reclamó que le garantizaran “un juicio justo”, según declaró ante las autoridades de la Audiencia Nacional de Madrid. Durante su comparecencia ante la Justicia española, Poch insistió en que llevaba “cuatro meses detenido injustamente” y que se había “arruinado” su carrera por hechos que no niega que haya cometido su fuerza. Sólo que “no existen pruebas” en su contra, más allá de su confesión ante sus compañeros de trabajo.