Un militar retirado y cuatro ex policías bonaerenses imputados por privaciones ilegales de la libertad y torturas contra una treintena de víctimas en Junín, provincia de Buenos Aires, fueron detenidos por orden del juez federal Daniel Rafecas, que instruye la megacausa Primer Cuerpo de Ejército. La lista incluye al ex comisario inspector Edgardo Mastandrea, quien supo pasearse por programas de televisión como “experto en seguridad pública”. Los otros detenidos son el coronel retirado Angel José Gómez Pola, los comisarios Abel Oscar Bracken y Julio Angel Esterlich y el médico Aldo Antonio Chiacchietta, sindicado como quien controlaba la resistencia de los secuestrados a las torturas con picana eléctrica en la comisaría 1ª de Junín.

La causa que investiga los secuestros y torturas de treinta y dos personas, de las cuales cuatro permanecen desaparecidas, se inició en marzo de 2007, con la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires ante el juez federal de Junín, Héctor Plou. La mayor parte de la víctimas eran dirigentes gremiales, políticos y miembros de la Coordinadora de Arte (Coart) de Junín. Los centros clandestinos de detención en los que ocurrieron los delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1977 son, además de la comisaría 1ª, la Unidad Regional VIII, el Destacamento de la localidad de Morese y la actual Unidad 13 del Servicio Penitenciario bonaerense, por entonces en construcción.

El 30 de diciembre pasado, el magistrado consideró “acreditada la existencia de un circuito represivo que comprometió el funcionamiento de los cuatro centros clandestinos de detención” y procesó con prisión preventiva a los dos primeros represores: el subinspector Miguel Angel Almirón, que tenía a su cargo el Destacamento Morse, y el suboficial inspector Francisco Silvio Manzanares, de la comisaría 1ª.

El 5 de marzo pasado, Rafecas y funcionarios del juzgado realizaron inspecciones oculares de los distintos centros, acompañados por sobrevivientes que fueron torturados allí.

Las víctimas reconocieron el sector de calabozos de la comisaría 1ª, la torre de vigilancia de la UP13, donde se practicaba la tortura, y el pabellón 10 del penal, donde cumplieron parte de sus cautiverios. La mayoría eran blanqueados en la seccional de policía y luego trasladados como detenidos a disposición de Poder Ejecutivo a las cárceles de San Nicolás, Mercedes o La Plata.

Los flamantes detenidos, que serán indagados en los próximos días por el juez Rafecas, son el coronel Gómez Pola, que fue jefe del área militar 131 entre 1976 y 1977; el comisario Bracken (radicado en Lincoln, donde solía escribir artículos sobre historias de gauchos e indios), que fue jefe de la comisaría 1ª; el entonces oficial inspector Mastandrea, sindicado como miembro de un grupo de tareas que operaba en la región, igual que el oficial subinspector Esterlich; y el médico policial Aldo Chiacchietta, responsabilizado de controlar los signos vitales de las víctimas que fueron torturadas en la comisaría y en la cárcel en construcción.

Mastandrea supo asesorar de manera informal en temas de seguridad al ARI, al que se acercó de la mano del ex diputado Carlos Raimundi. Cuando trascendieron las causas en su contra por violaciones a los derechos humanos, que investigaba entonces el juez federal nicoleño Carlos Villafuerte Ruzo, el propio legislador forzó su salida de la fuerza.

El policía continuó ofreciendo charlas, disertaciones y asesoramiento ante episodios de inseguridad.

Luego de la detención, la mesa nacional del ARI explicó mediante un comunicado que “Mastandrea jamás se desempeñó como asesor del ARI” y que “por este motivo nunca participó en la redacción de ninguna política pública propuesta” de esa fuerza.

El documento reconoce que Mastandrea “sólo tuvo cercanía con el ex diputado nacional Carlos Raimundi, lo que de ninguna manera implicó al partido ARI, que una vez más debe negar rotundamente vínculos con este personaje, ahora detenido por crímenes repudiables”.