El Consejo de la Magistratura citó ayer a los jueces de la Cámara Federal de Mendoza Luis Miret y Otilio Roque Romano para que realicen su descargo por las diferentes acusaciones que podrían desembocar en su remoción. Ambos fueron acusados por organismos de derechos humanos de su provincia por su desempeño como juez y fiscal de instrucción durante la dictadura y deberán presentarse el 15 de julio.

La convocatoria fue realizada por la Comisión de Disciplina y Acusación del cuerpo en su reunión plenaria, en donde también se citó al juez de ejecución penal porteño, Axel López, por ordenar salidas transitorias de un detenido que luego violó y mató a una joven de diecinueve años.

Miret y Romano, que integran las salas 1 y 2 de la Cámara Federal de Mendoza, fueron acusados por organizaciones de derechos humanos y por el gobierno de esa provincia por su complicidad con represores de la última dictadura al haber dilatado el avance de los juicios en su contra. Las denuncias indican que, durante la última dictadura, ambos magistrados dictaron prisiones preventivas basándose en declaraciones obtenidas bajo tormentos y que no denunciaron ni investigaron a quienes los aplicaron.

Los camaristas están cuestionados, entre otros casos, por la detención de Luz Faingold Casenave. Miret, como juez de instrucción de Mendoza en 1977, y Romano, como fiscal, estuvieron involucrados en el “arresto” de la adolescente de dieciséis años. Miret primero dispuso que la joven fuera entregada a su madre, pero revocó su propia orden media hora después. En lugar de enviarla a un “lugar de alojamiento apropiado”, el juez la dejó presa durante tres semanas, en las que fue torturada y violada. Otra de las causas incluye a Romano. En plena dictadura, el defensor de la detenida Alicia Morales de Galamba pidió informes a la policía mendocina y al Ejército sobre el destino de los muebles de su casa y de su automóvil. Romano, fuera de plazo, intervino alegando ser el “principal custodio de los actos del procedimiento” y se opuso al pedido, ya que de otro modo “convertiríamos al Tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas”.

La causa contra los camaristas fue iniciada por los ex presos políticos Fernando Rule y David Blanco. El mes pasado se sumó a la denuncia el gobierno de Mendoza. De acuerdo con la presentación del ministro de Justicia y Derechos Humanos de esa provincia, Mario Adaro, ambos jueces omitieron en forma sistemática salvaguardar la integridad de los detenidos a su disposición y no promovieron –como debían– la investigación de los delitos que esos prisioneros denunciaron. Además, obstaculizaron de forma sistemática y deliberada las investigaciones dispuestas por otros magistrados.

Romano fue uno de los camaristas mendocinos que en marzo pasado confirmó la suspensión de la ley de medios audiovisuales, cuya resolución aceptó analizar el miércoles la Corte Suprema al hacer lugar a un recurso del Estado nacional.

El juez de ejecución penal Axel López, por su parte, tendrá que presentarse el 8 de julio. López fue denunciado por haber permitido salidas transitorias al detenido Pablo Díaz, quien estaba preso por una violación. En una de esas salidas, Díaz violó y mató a Soledad Bargna en su domicilio en el barrio porteño de Caballito.

Luego de que los jueces declaren, la Comisión estará en condiciones de decidir si promueve la suspensión y el juicio político de los magistrados, si los sanciona o si directamente desestima la denuncia.