Mientras la Cámara Federal está a punto de resolver si confirma, desecha o modifica el procesamiento de Mauricio Macri en la causa del espionaje, el dirigente de los empleados municipales Patricio Datarmini lo acusó ayer ante el juez Norberto Oyarbide de “haber utilizado a funcionarios de la llamada policía de la Ciudad para generar una persecución en el ámbito político” en la que él se consideró incluido. El sindicalista declaró como testigo porque su nombre fue uno de los que aparecieron en una lista de pedidos de informes financieros y patrimoniales a la empresa Nosis hechos desde una consultora donde compartían oficina (y negocios) el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Fino Palacios, y su segundo, Osvaldo Chamorro.

Según interpretan allegados al expediente, el caso de Datarmini podría ilustrar una vinculación del gobierno de Macri con el espionaje por encima del papel de los policías. El dirigente, secretario adjunto de Sutecba, declaró bajo juramento que está convencido de que lo mandaron a investigar porque “presidía la obra social” de los empleados de la Ciudad (Obsba) cuando Macri decidió intervenirla (en 2008) y “por ser representante para las paritarias a nivel gremial”, todo en el contexto de anuncios de “la rescisión del contrato de 17 mil personas con el argumento de que eran ñoquis”. “Es parte de otra campaña del jefe de Gobierno en mi contra”, dijo, y mencionó una denuncia penal por supuestas anomalías en la obra social, en la que fue sobreseído, y publicaciones de algunos medios.

Los pedidos de datos financieros sobre Datarmini son de julio y agosto del año pasado, cuando Palacios ya dirigía la Metropolitana y lo secundaba Chamorro, luego su sucesor. Igual que todas las solicitudes a Nosis, la suya apareció en una computadora de la consultora del Fino dentro de una carpeta rotulada “Osvaldo”, el nombre de pila de Chamorro. Cuando fue indagado recientemente, dijo que ni sabía cómo se usaba el Nosis y que todo eso lo manejaba Palacios. Otro de los espiados a través de este sistema fue el abogado radical Pablo Sebastián Litardo, quien se había presentado ante la Justicia para pedir que no se cerrara una investigación que involucraba a Calcaterra Construcciones, de los Macri, en posibles sobreprecios en obras en el Hospital Santojanni que podían complicar al gobierno porteño. El pedido de información financiera sobre Litardo se inició diez días después de su denuncia, según declaró en el juzgado.