La provincia de Buenos Aires invierte alrededor de tres mil millones de pesos en subsidiar a las escuelas privadas. El incremento de los recursos públicos destinados a pagar todo o gran parte del salario de los docentes de los establecimientos particulares es un reclamo reiterado de la Iglesia y de los empresarios del sector. El director general de Escuelas, Mario Oporto, decidió que en septiembre se empezará a revisar la asignación de subsidios con el objetivo de beneficiar “a colegios con bajos aranceles y de barrios carenciados”. “Creo que la Iglesia va a apoyar, porque ellos también están preocupados por la atención de los sectores más necesitados y pobres de la población”, especuló Oporto.

Entre las autoridades provinciales tienen fresco el recuerdo de la última reunión, a fines de abril, del gobernador Daniel Scioli con veinte obispos de la provincia. Cuando desde la cúpula eclesiástica arreciaban las críticas por los índices de pobreza, el arzobispo de La Plata y titular de Educación del Episcopado, Héctor Aguer, se preocupó en dejar sentado como principal reclamo el incremento de los subsidios a las escuelas privadas.

La sola mención de una posible reasignación del aporte que beneficia a un 72 por ciento de las escuelas privadas –un 20 por ciento de las cuales son confesionales– pone en alerta a un sector que atiende a casi 900 mil de los 4,5 millones de alumnos bonaerenses. Desde el gabinete de Scioli advierten que el tema será consensuado en el marco del Consejo Consultivo de Educación con el Consejo de Educación Católica (CEC), la Asociación de Entidades Educativas Privadas (Adeepra), la Asociación de Instituciones Educativas de la Provincia (Aiepba) y la Asociación Civil de Institutos de Enseñanza Privada (Acidepba). También participará de la discusión Sadop, el gremio que nuclea a los docentes privados. El encargado de pilotear las negociaciones será Néstor Ribet, el director de gestión privada, ex rector del Colegio Lasalle y, como tal, avezado conocedor de los dimes y diretes confesionales.

En diálogo con el diario Diagonales de La Plata, Oporto dijo que la revisión apuntará a “simplificar el sistema actual, mejorar la distribución interna de las subvenciones para que realmente el Estado apoye a los que más necesitan”. “Es injusto que el Estado invierta en el ámbito no estatal para que después ese ámbito pueda, con esa ayuda, dar una mejor oferta que la que ofrece la provincia”, apuntó Oporto y remarcó que “tenemos que ir a buscar la oferta igualitaria”.

“El objetivo será seguir con una mejor redistribución de los aportes, con transparencia y equidad, especialmente para los colegios que reciben el ciento por ciento, con más necesidades y con alumnos de barrios carentes”, explicaron en la Dirección de Escuelas y aseguraron que “no habrá política de persecución ni corte de subsidios” hacia los colegios subvencionados. El debate también incluirá determinar si en un mismo colegio o “servicio” educativo con varios niveles “es necesario aumentar el subsidio para la primaria respecto de las secciones de secundario y superior”. La provincia va a seguir ejerciendo el control en el caso de que haya aranceles que no coincidan con el beneficio del aporte que reciben del Estado.

Sobre un presupuesto total de 18.500 millones de pesos, la porción de tres mil millones asignados al pago de subsidios es motivo de permanente lobby. Durante la gobernación de Antonio Cafiero (1987-1991) se determinó un criterio de proporcionalidad según el cual a mayor aporte estatal, menor cuota. Ese criterio se mantiene vigente y, según estiman las autoridades, como el subsidio habilita mayores controles del Estado y establece un techo para los aranceles, los establecimientos que atienden poblaciones de mayores recursos a veces prefieren resignar la subvención para disponer de absoluta libertad.

La instauración del régimen de subsidios a la escuela privada tiene su origen en el primer mandato de Juan Domingo Perón. Durante los sucesivos gobiernos, en su mayoría militares, que signaron el siglo XX, el sector privado siguió ampliando sus beneficios sobre todo en la ciudad de Buenos Aires –donde la matrícula privada es casi la mitad del sistema educativo–, y en territorio bonaerense. La Iglesia hizo una apuesta de máxima en 2006, cuando se debatió la Ley Nacional de Educación, para que “el Estado financie equitativamente a la educación de gestión pública como de gestión privada, de manera que los colegios religiosos puedan ser gratuitos”. No lograron el objetivo.