Cristina Fernández de Kirchner se reunió con Sebastián Piñera y su mujer en La Moneda. Imagen: EFE

El gobierno chileno redobló la presión para que la Argentina extradite a Galvarino Apablaza Guerra, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a quien Chile acusa por el secuestro del empresario Cristian Edwards y el asesinato en 1991 del ex senador Jaime Guzmán. Aprovechando la visita de la presidenta Cristina Kirchner a Santiago de Chile, su par Sebastián Piñera le pidió personalmente que no le otorgue el refugio político a Apablaza. Cristina dijo que “no hay que dramatizar” el tema y llamó a “respetar el orden jurídico de cada país”.

La Presidenta viajó a Santiago de Chile para participar de los festejos del bicentenario de la independencia, pero desde antes de su llegada la visita ya estaba asociada al tema de la extradición. Fue porque Piñera, al hablar por la mañana con los periodistas que cubrieron el Tedéum por el aniversario, les anunció su intención. “Vamos a conversar con Cristina Kirchner. Y por supuesto, yo creo que una persona que cometió un crimen tan grave, que le costó la vida a un senador, y lo cometió en Chile, debe ser juzgado por los tribunales chilenos. Para eso estamos trabajando”, señaló. La ofensiva de Piñera tuvo el respaldo de los partidos políticos con representación en el Parlamento chileno.

La jefa de Estado no ha tomado postura públicamente sobre el caso, que tiene de un lado la presión diplomática y del otro el rechazo de los organismos de derechos humanos argentinos, que apoyan al ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y han expresado que Apablaza reúne las condiciones para obtener el status de refugiado político.

De todos modos, y aún sin pronunciarse, ayer Cristina recordó que Apablaza “está en el país desde 1993” y que “ya hubo otros pedidos de extradición a otros gobiernos”. “No hay que dramatizar, éstas son cuestiones legales, hay que respetar los convenios internacionales y las leyes, y por supuesto el marco jurídico de cada país”, señaló.

La visita de la Presidenta a Chile duró menos de seis horas. Viajó acompañada por la ministra de Defensa, Nilda Garré, y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien había acordado el día anterior con el embajador chileno Adolfo Zaldívar los detalles del encuentro entre los presidentes. Al llegar a Santiago, la jefa de Estado pasó por la embajada, donde participó del bautismo de Anais Escobar Maldonado, una niña que nació en febrero mientras ella visitaba el hospital de campaña que la Argentina montó en Curicó por el terremoto, por lo que la familia le pidió que amadrinara a la recién nacida. Después de la ceremonia, Cristina se reunió con Piñera en la Casa de La Moneda.

El pedido del presidente chileno tuvo repercusiones en Buenos Aires, donde el abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, advirtió que las propias declaraciones de Piñera evidenciaban que su defendido “no podría tener un juicio justo en Chile, si se tiene en cuenta que el propio presidente lo está señalando como culpable de un delito en el que Apablaza no participó, y del que fue acusado sin pruebas”.

Yanzón sostuvo además que el eventual otorgamiento del asilo “no puede generar un daño a las relaciones bilaterales”, porque “el refugio político es un estatuto regido por una convención internacional que tanto Argentina como Chile han suscrito”.

El principal argumento de la defensa es que el dirigente chileno fue imputado de los hechos por la única razón de haber integrado el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El pedido de extradición se había mantenido sin respuesta durante años, pero el caso fue reflotado hace dos semanas cuando otro ex integrante del FPMR, Mauricio Norambuena, preso en Brasil, dijo en una entrevista difundida por el canal Chilevisión que hasta hace poco perteneció al presidente Piñera, que las decisiones sobre el secuestro de Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio, y el asesinato de Guzmán fueron tomadas colectivamente dentro del Frente, involucrando así a Apablaza.

Aunque reimpulsada en los últimos tiempos, luego de que Piñera asumió la presidencia, el reclamo por la extradición de Apablaza también fue sostenido por el anterior gobierno de Michelle Bachelet. Y el viernes, en vísperas de la llegada de Cristina al país, el oficialismo y la oposición chilena acordaron en el Congreso hacer frente común para insistir en el pedido.

El chileno vive en una quinta del partido de Moreno, junto a su mujer y sus hijos. Su biografía política arranca en la campaña de la Unidad Popular que llevó a Salvador Allende a la presidencia de Chile. Con el golpe de Estado de Augusto Pinochet, Apablaza fue encarcelado durante un año y sometido a torturas. Finalmente la dictadura lo expulsó a Panamá.

Vivió en Cuba y participó después de la revolución sandinista en Nicaragua. En los años ’80 regresó a Chile, donde fue uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En 1991, un sector del FPMR llevó adelante los hechos de los que está acusado, pero en los que él argumenta no haber tenido responsabilidad. En el año 2004, tras haber sido detenido en la Argentina, pidió el asilo político.

El martes pasado, la Corte Suprema de Justicia autorizó su extradición, luego de esperar casi seis años que el Gobierno definiera si le otorgaba el refugio. Sin embargo, la última palabra la tendrá el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare) que tramita el pedido de asilo, y que se expediría la semana próxima. El Cepare es un órgano colegiado integrado por funcionarios del Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores, con participación de la Acnur (Naciones Unidas).