Los camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Julio Demetrio Petra Fernández, investigados por su complicidad con los crímenes de la última dictadura militar, fueron citados a declarar por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura como sospechosos de “mal desempeño” y quedaron más cerca de un posible juicio político. A Romano, en este caso, se lo acusa de haber promovido y conseguido un amparo ilegal para frenar todas la actuaciones en su contra en el Consejo por su posible responsabilidad en delitos de lesa humanidad. Un conjuez amigo suyo que hizo lugar a la medida cautelar, el abogado Carlos Parellada, también será indagado por los consejeros. A Petra Fernández se le agregaron imputaciones a las que ya tenía por la liberación irregular de represores y por falta de imparcialidad. Una de las nuevas es haber sustraído el expediente de la apelación al amparo de su colega Romano y anular –aunque estaba excusado– la designación de jueces suplentes que debían resolverlo, y que no son de su círculo de confianza.

La situación de la Justicia mendocina ha sido señalada en varios plenarios como de extrema gravedad. El Consejo, con el voto de todos los sectores, ya suspendió y mandó a juicio político al camarista provincial Luis Miret por “actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad” cuando era juez de primera instancia. En el plano penal, Miret ya fue indagado también por 31 secuestros, torturas y desapariciones. En la misma causa está imputado Romano, por 55 privaciones ilegales de la libertad y 39 hechos de torturas en sus tiempos de fiscal. Pero Romano viene esquivando todo: eludió la indagatoria con un certificado médico; en el ínterin, la Cámara de Mendoza –integrada por jueces aliados, como Petra– apartó a pedido suyo al juez de la causa, Walter Bento; y frenó dos expedientes en el Consejo por su presunta vinculación con delitos de lesa humanidad con una medida cautelar que le concedió el juez ad hoc Parellada, nombrado por la propia Cámara, que dijo que no lo podían juzgar por lo que hizo como fiscal.

La movida de Romano generó grandes deliberaciones en el Consejo y fue denunciada por el procurador general Esteban Righi. Algunos consejeros llegaron a plantear que había que desconocer la cautelar, aunque se decidió plantear el tema a la Corte Suprema, que aún no respondió. La diputada Diana Conti (Frente para la Victoria) impulsó entonces un dictamen que fue aprobado ayer por unanimidad en la Comisión de Acusación y que dispuso citar tanto a Romano como a Parellada como sospechosos (una especie de indagatoria) de mal desempeño para luego votar si los enjuician. A Parellada, que no es juez, como mucho pueden sacarlo de la lista de conjueces.

Según el dictamen, la medida cautelar contraría la Ley del Consejo de la Magistratura que establece que la acusación a un juez no puede ser revisada judicialmente como, en cambio, puede serlo la destitución. Como las investigaciones contra jueces caducan a los tres años, ese plazo podría beneficiar “a quienes dilatan el trámite”. “La conducta de Romano (...) afecta profundamente nuestro sistema de división de poderes, impidiendo el ejercicio de la facultad de controlar a los magistrados”, dice el texto aprobado. Suma, como agravante, la aparente relación entre el camarista y el conjuez, cuya hija “fue designada y promovida en dos oportunidades por la Cámara Federal de Mendoza”.

En el plenario de ayer se discutió la posibilidad de votar en el acto la suspensión de Petra y la apertura de su enjuiciamiento propuesta por Héctor Masquelet (representante del Poder Ejecutivo) en base a dos cargos por los que ya declaró. Pero hubo consejeros, como el juez Luis Cabral y el radical Ernesto Sanz, que propusieron sumar otras cinco imputaciones pendientes y volverlo a citar. El argumento era dar más sustento a la posible futura acusación. A la vez, sacarse el asunto de encima, y que quede para los nuevos consejeros (sólo quedarán Masquelet y Marcelo Fuentes), que asumen en quince días. Petra tendrá que dar explicaciones por:

- Hacer desaparecer el expediente del amparo de su amigo Romano que frenó su investigación en el Consejo. La Cámara mendocina en pleno, Petra inclusive, se había excusado de fallar en la apelación del organismo, y se sortearon subrogantes. Uno de ellos, Antonio González Macías, denunció que no podía resolver porque el expediente no estaba. Es que Petra, con supuestas facultades de superintendencia, anuló el nombramiento de los suplentes y envió todo “en consulta” a la Corte, que ratificaría a los jueces recién la semana próxima.

- Su posible parcialidad, al haber firmado el fallo que desplazó al juez Walter Bento que había citado a indagatoria a Romano. La amistad entre Petra y Romano es conocida en Mendoza y como prueba de ella, un dictamen de Masquelet señala que después de aquel fallo fueron fotografiados festejando con vino y champán.

- Haber favorecido al teniente coronel Luis Stuhldreher, intendente de facto en 1976 con una falta de mérito extendida a expedientes que nunca habían llegado al tribunal, donde se le imputaban 18 desapariciones.

- Demoras en las causas de derechos humanos, en las que liberó en forma masiva a represores de Mendoza, San Juan y San Luis.

- Ya hay un dictamen acusatorio por liberar a un sargento procesado por crímenes de lesa humanidad y “falta de imparcialidad” al no excusarse en una causa de derechos humanos.

Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, uno de los denunciantes, está convencido de que “por más que cambie la integración del Consejo, aunque estos jueces hayan especulado con eso, son tantas y tan graves las irregularidades que han cometido que seguramente van a quedar suspendidos”.