Martín Farrell (derecha) el día en que se presentó en la Legislatura para dar un informe.

A casi dos meses de la tragedia del boliche Beara, donde murieron dos personas como consecuencia de un derrumbe, renunció ayer Martín Farrell, director de Habilitaciones y Permisos del gobierno de Mauricio Macri y uno de los imputados en esa causa. Farrell era el responsable del área que le otorgó a Beara una habilitación como “casa de fiestas privadas” pese a que una funcionaria de su propia gestión le había advertido que ese local había sido clausurado por reiteradas infracciones.

Farrell integra la lista de cuatro funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) a los que el fiscal Andrés Madrea les pidió la declaración indagatoria acusados de “estrago doloso seguido de muerte”. De los cuatro, es el de más alto rango: estaba a cargo del área que otorga las habilitaciones y permisos desde el día en que se creó el AGC.

Según fuentes oficiales, Farrell renunció por “motivos personales”, pero no se quedaría fuera de la administración, ya que pasaría a desempeñarse en la Procuración General de la Ciudad. Su reemplazante, a partir de la semana próxima, será Juan Manuel Sandberg Haedo, informaron voceros de la AGC.

El funcionario ya venía siendo cuestionado, entre otras cosas, por otorgar permisos para la realización de festivales en lugares que no resultaban apropiados, como el club GEBA, en Palermo, y el Parque de los Niños, en Núñez. Pero las falencias en su gestión quedaron en evidencia con el derrumbe de un entrepiso en el boliche Beara Lounge Club, del barrio de Palermo, el 10 de septiembre último, que ocasionó la muerte a dos mujeres jóvenes y heridas a otras veinte personas.

Farrell renunció en la misma semana en que debía declarar como testigo en la causa Vanesa Berkowski, la directora de Verificación y Control que había clausurado por lo menos dos veces a Beara, porque funcionaba como discoteca cuando tenía habilitación como bar, confitería y restaurante. Berkowski había comprometido públicamente a Farrell cuando pocos días después de la tragedia, en un informe en la Legislatura, confirmó que había hecho esa advertencia por escrito.

Se refería a la nota que había enviado el 3 de agosto de 2009, en la que detallaba que el local había sido clausurado el 22 de abril de 2008, por “obstrucción al procedimiento inspectivo”, y el 2 de junio de 2009, “por funcionar como local de baile clase C sin encontrarse inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables ni contar con la respectiva habilitación otorgada”. En virtud de esos antecedentes, solicitó “el rechazo de la habilitación solicitada” por los responsables de Beara.

Farrell ignoró esa recomendación y, sin fundamentar el rechazo, le concedió la habilitación a Beara el 22 de agosto del año pasado, 19 días después.

Beara finalmente fue habilitada como “casa de fiestas privadas”, un rubro que permite la realización de shows en vivo siempre que no se vendan entradas y los concurrentes lo hagan con invitaciones. Pero la profecía de Berkowski se cumplió: el boliche utilizaba esa habilitación como pantalla para organizar bailes a los que se ingresaba pagando consumiciones, según se pudo comprobar en su sitio web, lo ratificaron varios testigos y lo certifican las “entradas consumiciones” secuestradas por la Justicia.

Berkowski finalmente postergó su declaración testimonial, por razones de salud, hasta fin de mes. A partir del 15 de este mes declararán otros testigos de la causa, en su mayoría personas que estuvieron en Beara el día de la tragedia.

Además de Farrell, en la causa están imputados el director de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas; el jefe de la misma área, Norberto Cassano, y el inspector Carlos Mustapich. En la misma condición están los socios propietarios de Beara, Agustín Dobrila, Juan Carlos Yun, Roberto Kattan Coria, Iván Fliess y Roberto Fliess, todos integrantes de la sociedad El Viejo Sabio SA, razón social bajo la cual funcionaba Beara.

La causa judicial no avanzó demasiado en estos casi dos meses, hasta esta semana, cuando la jueza Alicia Iermini, a pedido del fiscal Madrea, ordenó el allanamiento de la empresa constructora Mundo Seco, propiedad de Ronaldo Fliess, y otros domicilios. De esa manera descubrió que el fallido entrepiso fue construido en esa constructora, propiedad de uno de los socios de Beara.

Según fuentes judiciales, también se descubrió que algunos de los socios de El Viejo Sabio estaban borrando datos del sitio en Internet de Beara y modificando archivos.