Es el primer juicio oral y público por trata de personas que se realiza en los tribunales de Mar del Plata, aunque corresponde a hechos ocurridos en la ciudad de Tandil, en un cabaret que funcionaba –créase o no– en la misma cuadra, sobre la misma vereda y a escasos 30 metros de una iglesia. Las víctimas y denunciantes del caso son dos jóvenes de nacionalidad paraguaya que fueron traídas al país con engaños, bajo la promesa de trabajar “cuidando ancianos”, y terminaron siendo privadas de su libertad y obligadas a prostituirse. En la causa hay cuatro imputados –tres hombres y una mujer–, a la vez que se sabe de la existencia de otras víctimas y del pago de coimas a la policía local por parte de los que regenteaban el local nocturno. La explotación sexual de las dos chicas paraguayas, que había comenzado en julio de 2008, terminó a los ocho días, cuando una de ellas pudo escapar arrojándose a la calle desde un primer piso y solicitando ayuda en un centro comunitario.

Los acusados y actualmente detenidos por los hechos son el ciudadano argentino Angel Raúl Romero, conocido con el seudónimo de Chupa, los paraguayos residentes en el país Carmen Mercado Sandoval, quien se hacía llamar Gladys, y su hermano, Mario Mercado Sandoval, y el chileno Raúl Mauricio Aguirre López. Los cuatro están imputados por haber “captado, trasladado, receptado y acogido en forma organizada y con fines de explotación sexual, entre los días 18 al 29 de julio” de 2008, a las jóvenes identificadas como M.R.A. y F.G.V., quienes ratificaron su denuncia ante los miembros del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra. Las víctimas declararon por “teleconferencia”, dado que ya han regresado a su país de origen.

La encargada de “captar” a las víctimas fue la imputada Carmen Mercado Sandoval, a través de una hermana suya, de nombre Marta, con domicilio en la ciudad paraguaya de Caaguazú. A las dos chicas les prometieron trabajo “cuidando ancianos”, asegurándoles que iban a ganar entre un millón y un millón y medio de pesos paraguayos, una suma exorbitante, teniendo en cuenta que en su país las víctimas ganaban apenas 500 pesos. Incluso les pagaron el pasaje para que llegaran primero a la estación Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, y luego a Tandil.

A poco de llegar, las dos jóvenes se dieron cuenta de que era “una falsa promesa de trabajo”. Las dos fueron obligadas a ejercer la prostitución en un local nocturno ubicado en San Francisco 2162, que de afuera tiene el aspecto de una casa de familia. Adentro funciona un cabaret, que incluye una barra y varias mesas donde los clientes toman alguna copa y eligen a la chica con la que quieren hacer “un pase”, denominación que recibe la contratación de relaciones sexuales, a cambio de sumas que oscilaban entre los cien y los doscientos pesos.

Las dos chicas declararon que se negaron a mantener contactos sexuales con los hombres que concurrían al lugar, pero fueron obligadas “mediante amenazas, violencia y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad”, como se dio por sentado en el texto de la acusación que fue elevada a juicio. El fiscal del proceso oral es Juan Manuel Pettigiani. La joven identificada como M.R.A. fue la que hizo la denuncia inicial, ante la fiscalía de instrucción 2 de Azul, con sede en Tandil, a cargo de Damián Borean.

M.R.A. viajó hacia Buenos Aires el 18 de julio de 2008 y cuando llegó al lugar donde creía que iba a trabajar “cuidando ancianos”, le dijeron que tenía que “atender a los clientes” y responder a todas sus exigencias. Como se negó, fue obligada y vigilada en forma permanente por los imputados Mario Mercado Sandoval, El Morocho, y Raúl Aguirre López, El Chileno. Las únicas veces que pudieron salir, para hablar por teléfono con sus parientes en Paraguay, fueron acompañadas y vigiladas por alguno de ellos dos. M.R.A. fue obligada a ejercer la prostitución “en dos ocasiones” y la otra chica “al menos en ocho oportunidades”.

M.R.A. trató de escaparse más de una vez. Un primer intento fue desde la planta baja del edificio, pero fue interceptada por uno de sus custodios, quien la golpeó y logró llevarla de nuevo al interior del prostíbulo. En la segunda oportunidad, esta vez desde la planta alta del edificio, la joven logró saltar y escapar hacia un Centro Comunitario de Salud, donde fue ayudada por la trabajadora social Juliana Cimino, quien la acompañó a hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

En el juicio oral, que ayer entró en su segunda semana, han prestado declaración los policías que estuvieron a cargo del allanamiento en el cabaret, algunos vecinos del barrio, los remiseros que llevaban a las chicas a otros lugares donde “atendían a los clientes” e incluso algunos de los que pagaban por tener sexo con ellas. M.R.A. sostuvo que algunos de sus verdugos “no tenían problemas con la policía”, tal como admitían al hablar con ella El Morocho y El Chileno. En su declaración, ratificada por “teleconferencia”, la joven recordó que en una ocasión vio cómo “el Chupa le entregaba algo (...) a un policía, el que había llegado (al cabaret) alrededor de las dos de la madrugada en un patrullero de color azul y blanco, similar al que después la llevó a declarar ante la fiscalía” en la que hizo su denuncia. Hasta ahora no fue identificado ninguno de los policías que presuntamente recibían pagos para hacer la vista gorda.