El acto de asunción de los nuevos jefes de la Policía Federal fue una candorosa exhibición de la cultura institucional que es imprescindible cambiar.
Imagen: DyN.

La desactivación del conflicto en el Parque Indoamericano por medio de una paciente negociación política y la designación de Nilda Garré como ministra de Seguridad con la misión de someter al control político a todas las policías, no arredraron a quienes se ilusionan con crear el vacío de poder que vaticinan desde 2007, cuando se anunció la candidatura presidencial de CFK. La reiteración de episodios similares en otros puntos de la Capital y del conurbano bonaerense, como Quilmes y Esteban Echeverría, son un toque de alerta: es imposible minimizar la gravedad de la situación, en la que se mezclan barras bravas que siguen directivas políticas con bandos enfrentados de vecinos que se unen, algunos para conseguir un terreno y otros para defender su vivienda que sienten amenazada. El mero despliegue policial en la tarde del viernes frente al ocupado Club Albariño cortó los enfrentamientos sin necesidad de un solo disparo de cualquier tipo de arma. Pero además de parches ante la emergencia, se requiere una política de tierras, que es anterior y más urgente que los planes de construcción de viviendas. Mañana, noveno aniversario de los asesinatos de casi cuarenta personas en el último día de gobierno de Fernando de la Rúa, el ex senador Eduardo Duhalde presentará su candidatura presidencial, con la promesa de orden ante la anarquía que sus fuerzas se encargaron de propiciar. “Sabemos y podemos” es su consigna, casi una confesión. El cartel que la propaga muestra al candidato sobre un fondo de incendios. Chaplin popularizó esa técnica en su filme El Pibe: un chico que recogió de la calle rompía vidrios a pedradas y detrás venía Carlitos ofreciendo reponerlos.

Cultura institucional

El acto de asunción de los nuevos jefes de la Policía Federal fue una candorosa exhibición de la cultura institucional que es imprescindible cambiar. Los firuletes con el sable que hizo el jefe de ceremonia en las ministeriales narices, el marcial discurso del nuevo jefe Enrique Capdevila, su taconeo y la fórmula que empleó para dirigirse a sus hombres (“Subordinación y valor, para servir a la Patria”) muestran hasta qué punto esa institución civil está permeada por el verticalismo militar, que la convirtió en una policía de Estado y no al servicio del ciudadano. Esta impronta se manifiesta también en la formación y en el régimen de pases y ascensos, por el que la designación de Capdevila como jefe y de Alejandro Di Nizo como subjefe implicó el retiro de todos los comisarios generales y de varios comisarios mayores, dieciocho en total. Sustituir ese criterio por una política de promociones basada en el mérito y no en la antigüedad jerárquica, es una de las tareas pendientes.

Esas mujeres

No es un dato menor que la presidente haya designado a Nilda Garré, quien mostró que era posible actuar ante las Fuerzas Armadas como representante de la voluntad popular, y no a la inversa. Tampoco puede atribuirse al azar que la presidente y su ministra hayan escogido para la Secretaría de Gestión Operativa a Cristina Caamaño, la fiscal que impulsó el allanamiento al Departamento de Policía para secuestrar las modulaciones del Comando Radioeléctrico el último día de la breve vida de Mariano Ferreyra. De allí surge una de las puntas de la investigación. Luego del asesinato, el Comando Radioeléctrico ordenó identificar y detener a sus autores, mandato que el personal en el lugar no cumplió y del que ninguno de los interlocutores volvió a hablar. En junio de 1973 el entonces joven ministro del Interior de Héctor Cámpora pronunció un mensaje enaltecedor ante los mandos policiales, con una explicación impecable sobre la conducta que se espera de ellos ante los reclamos populares, diferente en una dictadura y en un gobierno popular. Pero luego Esteban Righi no pudo adoptar las medidas de depuración imprescindibles para que ese discurso se hiciera realidad, ya que por encima de Cámpora, la voluntad superior de Perón ataba sus manos. Sin perder un minuto, los jerarcas azules se plegaron a los planes golpistas que cuajarían en Ezeiza pocos días después. Ni Garré ni Caamaño tienen aquella restricción que paralizó a Righi, porque fue CFK quien decidió lo que se necesitaba hacer. La reestructuración policial deberá poner esa institución bajo control, de modo que no repita el tipo de atropellos que hicieron eclosión en estos días. Pero la tarea quedaría incompleta si además no lograra convertirla en un instrumento idóneo para enfrentar los delitos complejos y mejorar la seguridad cotidiana en el país. La policía es una parte del problema, pero no todo el problema, y debe convertirse en una parte de la solución. Por eso, para enfrentar desde el ministerio a la criminalidad organizada, Garré designó a un policía de investigaciones que acaba de pedir su pase a retiro luego de esclarecer, contra la voluntad de sus camaradas, un homicidio que durante muchos años parecía insoluble. Cristina se reunió con el investigador y sugirió su nombre a Garré. Además, la presidente anunciará mañana un operativo permanente de seguridad en el Gran Buenos Aires, para el que la ministra dispuso el empleo de seis mil efectivos de la Gendarmería. La especialidad del nuevo jefe, quien estaba al mando de Orden Urbano, completa el panorama. Las versiones acerca de la presunta influencia del ex ministro Carlos Arslanian, de Marcelo Saín o del CELS, corren por cuenta de quienes las propalan. Lo mismo vale para las presuntas designaciones de Alberto Binder y Mariano Ciafardini. Lo único real es que Binder, con experiencia en varios países americanos, fue consultado para la definición del organigrama ministrerial. Desde La Nación, su columnista Carlos Pagni firmó la defensa más insidiosa de la corrupción al preguntarse si es viable que un gobierno que según él “carga con antecedentes muy poco edificantes en materia de transparencia, quiera regenerar una policía cargada de sospechas”. Cristina no se resignó a que todo siguiera igual y decidió que con Garré comenzara un nuevo proyecto, que no tribute a ni tenga ataduras con ninguna experiencia previa.

El músculo y la ambición

Pero no fue la policía, sino ese sector de la dirigencia política que ya sólo puede acceder a la escena con estrépito y a golpes, el que procuró repetir la escalada de ocupaciones que en 1973 preparó el relevo del presidente Héctor Cámpora y preanunció las algaradas que desplazaron a otros mandatarios electos por el voto popular. En Alberto Martínez Baca, Ricardo Obregón Cano, Miguel Ragone, Oscar Bidegain y Jorge Cepernic se probó entonces la medicina que tres décadas más tarde fueron obligados a tomar De la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá. Sólo así se encaramó el ex senador Eduardo Duhalde en el sitio que la voluntad popular le rehusó y al que ahora intenta regresar. Horas antes de que comenzaran las ocupaciones dijo desde Estados Unidos que se vivía un estado de preanarquía y que sólo él podía reimplantar el orden. Después de las tres muertes en el Parque, agregó: “Sin reprimir”. Curiosa relectura del único peronista que no pudo terminar su mandato desde 1983, debido a los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Esos crímenes no fueron consecuencia necesaria de la crisis de fin de siglo, sino de la amenaza de impedir por la fuerza cualquier piquete, propósito que su Secretario de Informaciones Carlos Soria y su ministro de Justicia Jorge Vanidosi atribuyeron a un “plan subversivo”. Como el músculo duerme pero la ambición no descansa, comenzó a circular una versión extravagante según la cual el gobierno habría traído y documentado a un millón de bolivianos y paraguayos para que votaran el año próximo. Esto es imposible, por puras razones demográficas. Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado el día de la muerte de Kirchner, el 27 de octubre vivían en las villas porteñas 162 mil personas, contra 107 mil en 2001. En toda la Capital el incremento de población no pasó de cien mil personas, lo cual demuele el virósico rumor. Por otra parte, la migración deliberada de un millón de bolivianos y paraguayos, a un costo mínimo de 500 dólares cada uno, no insumiría menos de 500 millones de dólares, fuera de escala con cualquier inversión electoral. Una confirmación de esta imposibilidad surge de la información del Banco Mundial sobre remesas de migrantes a sus países de origen: la Argentina ni figura. La versión también atribuye el reconocimiento de un estado palestino libre e independiente al plan de traer otros 100 mil electores del Medio Oriente, a un costo muy superior al de bolivianos y paraguayos, ya que deberían cruzar medio mundo para llegar a la patria de Tinelli. ¿Cómo se explicaría entonces el reconocimiento que también decidieron Brasil y Uruguay, donde ya pasaron las elecciones, y el que está estudiando la Unión Europea, harta de la falta de resultados del apaciguamiento con Israel?

La bandera manchada

La concepción autoritaria con la que Maurizio Macrì creó su Policía Metropolitana, bien descrita en el informe final de la Comisión Investigadora que puede abrir paso a su juicio político, y el descontrol de la Policía Federal, permitieron el asesinato de tres de los ocupantes del Parque y mancharon la bandera más limpia que Cristina, y antes que ella Néstor Kirchner, alzaron como novedad absoluta en la historia argentina: no reprimir los conflictos sociales para evitar muertes jóvenes. Esa es la mayor mortificación de la presidente, cada vez que alguien alude a aquello que “los Kirchner” perdieron. “El no. A mi me pasó. A él no pueden ni rozarlo”, replica. Evocando sus años de Río Gallegos, Kirchner decía que era imprescindible tener a las fuerzas policiales con la rienda corta, porque en cuanto sienten que se relaja el control liberan sus instintos. Esto no responde a una perversión especial de los canas argentinos sino a un temperamento propio de la función, ya se trate de flics, cops o polizei. Kirchner trabajó sobre la idea de atender en forma especial a la seguridad en sus últimos días de vida. Con mayor precisión, a partir del asesinato de Mariano Ferreyra en Barracas por una patota armada que la Policía Federal permitió acercarse. Un compañero de los atacantes se confesó con el intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez: estaba dispuesto a contar lo que sabía si se garantizaba su seguridad, para lo que sólo confiaba en Cristina. A menos de 24 horas del crimen, la presidente lo recibió en Olivos y lo hizo acompañar al juzgado, donde declaró con reserva de su identidad. Fue Kirchner el primero en realizar el anuncio público de que el caso estaba esclarecido y que de inmediato comenzaría la detención de sus autores. CFK se enfureció cuando supo que el mayor empeño de sus ministros vinculados con la seguridad en los casos de Ferreyra y de los asesinatos de Villa Soldati era defender la actuación policial, un grave error político que así deriva las culpas hacia la presidente a la que debían proteger.

La solución es política

Hace dos semanas el juez federal Daniel Rafecas avisó al comisario de la seccional 48ª la posible ocupación del Club Albariños, según información recibida de los vecinos. El lunes, ya sobre el hecho consumado, Rafecas ordenó cercar el perímetro del club, aislar a los ocupantes y desalojarlo, sin fijar plazos y en forma pacífica. Al correr de los días asistió con creciente inquietud al agravamiento de la situación. El viernes, durante una reunión de emergencia, insistió con su criterio, pero el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y los jefes de la Gendarmería, Héctor Schenone, y el nuevo titular de la Federal, replicaron que el riesgo era excesivo. El juez no está convencido de que su orden sea de cumplimiento imposible, si se dispone un gran número de efectivos, sin armas. El sábado Garré siguió su criterio y ordenó cortar las calles que permitían el ingreso de materiales al predio. También relevó al comisario que ignoró la advertencia y no previno la ocupación. Rafecas recibió un pedido de reunión por parte de los ocupantes y se llegó solo hasta el lugar. En una iglesia en construcción lindera con el club se reunió con medio centenar de los ocupantes y les propuso un encuentro con autoridades del gobierno nacional. Sus interlocutores eran personas de entre 20 y 30 años, muy pobres y con chicos. La reacción ante la propuesta fue positiva, pero cuando el trato estaba por cerrarse llegaron cinco hombres de mayor edad, con un abogado, dijeron que la decisión se tomaría en otro lado y dejaron al juez esperando. Cuando pasó el tiempo sin novedad, una mujer le avisó a Rafecas que nadie vendría a darle una respuesta. Rafecas alcanzó a ver a los cinco pesados cuando se acercaban a un auto, con cuyo conductor hablaron. Por la información que recogió en el lugar, esa presión se ejerció en defensa del negocio inmobiliario que constituyen los setenta lotes en que puede parcelarse el club. Al juez le quedó claro que los habitantes de Ciudad Oculta están entre los principales interesados en una solución rápida y pacífica de la crisis. La represión no es el camino, pero la política sí, y hasta ahora ha corrido detrás de los acontecimientos.