Según el juez Rodolfo Canicoba Corral, el robo de 68 mil dólares y 17 mil euros, destinados a la gira de la presidenta Cristina Fernández por Medio Oriente, fue producto de la “imprudencia o negligencia” del empleado de la Casa Militar Rodolfo Stefanon, que llevaba el dinero en su mochila cuando –según denunció– fue asaltado, y también de su jefe, el comodoro Roberto José Tissoni, jefe de la Agrupación Aérea, que no tomó recaudos ni medidas de control. Por eso procesó a ambos por una variante del delito de malversación de caudales públicos que prevé una pena de multa del “veinte al sesenta por ciento del valor de lo sustraído”, y les trabó un embargo de 50 mil pesos a cada uno.

Stefanon, que había hecho la denuncia por robo, terminó convertido en acusado. En su testimonio inicial, cuando se presentó en la comisaría el 12 de enero último, dijo que había sido sorprendido por dos hombres a bordo de una moto, que lo golpearon y se llevaron la mochila con la plata. Relató que el incidente fue en la esquina de su casa, en Malabia y Nicaragua (Palermo), cuando acababa de bajarse del auto oficial, que lo trasladaba después de haber retirado el dinero en la tesorería de la Secretaría General de la Presidencia.

Tissoni, su superior, quien también pasó de testigo a ser imputado, había declarado que –si bien no hay reglas escritas– el dinero, de acuerdo con sus directivas, debía ser colocado en la caja fuerte de la dependencia a su cargo que está en el Aeroparque Metropolitano. Si Stefanon no acataba sus indicaciones, dijo, “lo hacía” a sus “espaldas”.

El empleado, cuando fue indagado, cantó retruco y aseguró que Tissoni le permitía previo a un viaje trasladar la plata a su domicilio porque el cofre de Aeroparque no era nada seguro, algo que a su entender todo el mundo en la Casa Militar sabía. Le había asignado esta tarea de llevar viáticos desde el año 2000, contó, y al hablar con periodistas dijo que le había tocado cargar hasta medio millón de dólares. Culpó al “Estado” de haberlo puesto durante todos esos años en una “situación de riesgo”.

El chofer y el suboficial de la Fuerza Aérea que iba como custodia sugirieron al testificar que debía haber pasado por Aeroparque, pero que les dijo que iba directo a su casa. Stefanon pidió un careo con Tissoni que, finalmente, se hizo la semana pasada y en el que ninguno de los dos se movió de su descripción de los hechos.

En un comienzo, el juzgado y el fiscal Patricio Evers intentaron desentrañar si el propio Stefanon se había quedado con ese dinero que tenía bajo su custodia por la función que tenía asignada, lo que podía valerle una pena de dos a diez años de prisión, ya que del robo no aparecieron testigos. En la pesquisa no se pudo probar adónde fue a parar el dinero, pero aún así Canicoba Corral evaluó que se les debía atribuir una responsabilidad tanto a él como a su superior.

Por eso, les aplicó una figura que prevé multas para “el funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior”. Su conclusión es que, por lo menos, habrían generado un terreno propicio para que el robo ocurriera, al no adoptar ni la más mínima medida de prevención.