La Universidad Nacional del Sur, que aún cobija en su staff de profesores a civiles imputados por su actuación durante la dictadura, será sede a partir del 28 de junio del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. La fecha fue confirmada por el Tribunal Oral Federal en su nueva conformación, luego de la postergación derivada de la recusación del juez Juan Leopoldo Velázquez, producto de un cónclave en público con imputados y abogados de represores que informó Página/12. El proceso oral tendrá 19 acusados, que rendirán cuentas por secuestros, torturas y asesinatos contra un centenar de víctimas en el centro clandestino La Escuelita, en la periferia del Cuerpo V de Ejército.

El juicio debió comenzar en abril pero se suspendió por la escasa imparcialidad que garantizaba Velázquez. El presidente del TOF, que había generado suspicacias al ordenar prórrogas motu proprio y facilitar excarcelaciones, coronó su actuación con una reunión nocturna en el aristocrático Club Argentino con abogados que defendieron en los ’80 al fallecido general Adel Vilas, con el imputado Hugo Sierra (secretario del Juzgado Federal durante la dictadura) y con el juez Gustavo Duprat, de fugaz intervención en la causa de la que estaba excusado para excarcelar a militares. Los ex abogados de Vilas son Luis De Mira, que ahora defiende a varios marinos imputados por crímenes en Puerto Belgrano, y Rubén Diskin, defensor del prófugo coronel Aldo Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V. Diskin es además cuñado de Vicente Massot, el heredero de la dirección del diario La Nueva Provincia y uno de los mayores interesados en el proceso, en el que podría trascender quién pidió la cabeza de los obreros gráficos que habían osado enfrentar a su madre y quién demoró cuatro días para interrogarlos antes de autorizar sus fusilamientos.

Ante la recusación presentada por los fiscales federales Abel Córdoba y Horacio Azzolín, el juez Velázquez admitió su “amistad íntima” con Sierra y se apartó. Siguió sus pasos Beatriz Torterola, que adujo problemas de salud. La Cámara de Casación designó para ocupar sus puestos a José Triputti, presidente del Tribunal Oral que en noviembre condenó a un grupo de policías y militares en La Pampa, y al camarista marplatense Jorge Ferro. El tercer miembro del tribunal será el juez Martín Bava, de Azul.

El tercio de siglo transcurrido desde los crímenes dejó fuera de juego a los máximos jefes militares: el ex comandante Osvaldo Azpitarte y sus segundos, Vilas y Abel Catuzzi. Del Estado mayor llegan a juicio el general Juan Manuel Bayón, los coroneles Hugo Delmé, Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni, y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Tres acusados actuaban en el Destacamento de Inteligencia 181: Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Granada, el mismo que ayudó a esconderse a su amigo Luis Patti cuando la Justicia ordenó su captura. Otros cuatro pertenecían a grupos operativos. El más conocido es el teniente coronel Julián Corres, alias Laucha, quien se fugó de la delegación bahiense de la Policía Federal y fue recapturado en la casa de su madre. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno hizo carrera en el peronismo porteño: fue concejal, asesor de Miguel Angel Toma y director del Registro de las Personas durante el interinato de Eduardo Duhalde. Los otros son Jorge Masson y Mario Carlos Méndez. Compartirán el banquillo con los penitenciarios Andrés Miraglia y Héctor Selaya, ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, donde se blanqueaba a los secuestrados, y policías que participaron en secuestros en Viedma y Carmen de Patagones: Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Contreras y Héctor Goncálvez.

El Consejo Superior de la universidad que será sede del juicio revalidó esta semana la continuidad de la profesora Gloria Girotti, objetada por falta de idoneidad moral por agrupaciones de docentes, no docentes y por todo el claustro de alumnos. Girotti y Sierra, profesores de la carrera de Derecho, fueron secretarios de Guillermo Madueño, el juez que de noche se reunía con los militares y de día archivaba sin investigar los expedientes por sus fusilamientos. Madueño murió impune en agosto luego de diez meses en los que el juez Alcindo Alvarez Canale se negó a viajar a Buenos Aires para indagarlo. El juez se resiste ahora a detener e indagar a los ex secretarios, acusados por el fiscal Córdoba de haber sometido a interrogatorios bajo tortura a un grupo de dirigentes sindicales y de perseguir a docentes y no docentes de la propia UNS en una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista”. En 1976 Sierra propuso usar para una imputación una declaración arrancada bajo tortura a un militante que permanece desaparecido, límite que Madueño prefirió no traspasar. También integra el claustro el camarista Néstor Montezanti, ex asesor del general Vilas y ex agente de inteligencia del Ejército.