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Cuando faltan pocos días para el anuncio de la candidatura presidencial del partido gobernante, la ofensiva del Grupo Clarín adquirió un nuevo impulso. A la impresionante sucesión de portadas del diario y de notas en sus medios electrónicos sobre la investigación judicial de una estafa en torno de la construcción de viviendas por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se sumaron las novedades en las causas para determinar la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble y por la transferencia accionaria de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón durante la dictadura. Es difícil creer que esto ocurra por mero azar, cuando son ostensibles los intentos de última hora por desmoralizar a CFK y disuadirla de buscar un segundo mandato, e imposible imaginar que puedan tener éxito.

Sin dilaciones

En su sorprendente decisión de no recurrir a la Corte Suprema de Justicia, Marcela y Felipe Noble Herrera hicieron referencia a sus “sufrimientos personales inenarrables”, que nadie puso en duda, aunque es legítimo disentir sobre la responsabilidad por sus padecimientos. Así, por primera vez en mucho tiempo, se ubicaron en el conveniente rol que les asignó la Doctrina Tenembaum-Lanata. Con ostensible perplejidad la agencia oficial de noticias Télam calificó el giro de “sospechoso” y sostuvo que los hijos adoptivos de la presidente del Grupo Clarín eran asesorados por la ex titular del Banco Nacional de Datos Genéticos, Ana María Di Lonardo, aunque no explicó qué implicaría ese consejo. La causa, iniciada por la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, lleva una década y cada parte acusa a la otra por las dilaciones. En el escrito por el cual se allanaron a la extracción de sangre y saliva para ser cotejadas con todos los registros del Banco Nacional de Datos Genéticos, los abogados de los Noble Herrera fustigaron el último fallo de la Cámara de Casación que habría sembrado “notorias confusiones”, sin mencionar que se originan en la resistencia de sus clientes a que sus datos se comparen con todos los del Banco Nacional de Datos Genéticos, como marca la ley. Los dos hermanos tienen una relación de afecto con su abogado Ignacio Padilla, con quien pasaron la última Nochebuena. Padilla habría sido uno de quienes aconsejaron cesar la estrategia de obstrucción, por el costo psicológico que está teniendo para sus clientes y el costo político para el grupo económico de su madre. Un consejo similar habría brindado el defensor de Ernestina Herrera, el ex juez Gabriel Cavallo, quien fue invitado a exponer sobre la causa ante la plana mayor del Grupo Clarín en su último encuentro plenario. Pero además, desde el grupo se ilusionan con un resultado negativo al cotejo. Cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó peritar las muestras de sangre obtenidas en 2009, el Grupo Clarín se opuso, aduciendo que con la cesantía de la doctora Di Lonardo en el Banco se había interrumpido la “cadena de custodia” del material. Los clarineros afirman que el gobierno supo que el resultado del cotejo sería negativo, porque una vez que los peritos declararon que las muestras eran aptas para identificar la jueza hizo la comparación en forma secreta. Esta versión conspirativa prescinde de cualquier diferenciación y confunde al gobierno nacional, con la jueza, el Banco Nacional de Datos Genéticos y las querellas. El escrito presentado por Padilla y sus colegas Alejandro Carrió, Horacio Silva y Roxana Piña, presenta el cumplimiento de la ley como un loable acto voluntario. También puede encubrir un conocimiento simétrico, de la otra parte. El texto vigente dice sin lugar a dudas que el análisis sólo puede hacerse en el Banco Nacional de Datos Genéticos (los jóvenes habían aceptado realizarlo en el sospechado Cuerpo Médico Forense) y que las muestras deben ser comparadas con las de todos los registros del Banco (y no sólo con los querellantes, como pretendieron en 2003). No es razonable argüir el sometimiento a la ley, que debe ser igual para todos, como un mérito o una concesión personal. Ningún otro caso debió sortear mayor cantidad de obstáculos para impedir una medida de prueba simple y segura. Fue la propia adoptadora quien reconoció en una carta difundida en enero de 2003 que muchas veces había hablado con Marcela y Felipe sobre la posibilidad de que “ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal. Y siempre les he dicho que yo apoyaba la decisión que ellos tomaran”. El desistimiento de la apelación se presentó sobre el vencimiento del plazo, cuando las otras partes ya habían recurrido el fallo. La cobertura de Clarín de ayer sugiere una nueva táctica: si las querellas y las Abuelas de Plaza de Mayo no desisten de sus recursos (para no consentir como precedente la arbitraria limitación cronológica inventada por los jueces García y Yacobucci), atribuirles la dilación y así equiparlas con la reticente actitud propia. El abogado Alejandro Carrió, que durante años se vinculó con el movimiento defensor de los derechos humanos, fue uno de los que equiparó el cumplimiento de la ley con una “virulenta persecución política y mediática”. Clarín agrega que fue un “acoso brutal y despiadado”. Carrió, quien ha escrito libros sobre derecho, pretende que la accionista del Grupo Clarín “los adoptó de buena fe, siguiendo los pasos judiciales que en su momento le fueron indicados”. Por provenir de un jurista es una curiosa descripción para un procedimiento en el que

- se usó como testigo falso de la aparición de uno de los chicos al chofer de la empresaria, presentado como jardinero de una casa vecina en San Isidro, jurisdicción donde ni él ni ella vivieron (lo cual sirvió para elegir una jueza comprometida con el terrorismo de Estado),

- se consignó el número de documento de un hombre para fingir la identidad de una mujer inexistente, que habría entregado a la otra criatura.

Cualquiera sea la interpretación acerca de las motivaciones de cada uno, la perspectiva de un pronto desenlace en el que se establezca la verdad fue recibida con general alivio ante la posible conclusión de un conflicto extenuante.

Los párrafos en cuestión

Pero tampoco puede omitirse la simultaneidad entre esta modificación absoluta de la táctica judicial y la denuncia que los abogados de Papel Prensa presentaron contra el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, a quien acusaron de adulterar el informe producido en 1988 por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas. Lo hicieron en una audiencia que la Cámara Federal de La Plata había convocado sólo para analizar la competencia entre los jueces Arnaldo Corazza, de La Plata, y Daniel Rafecas, de la Capital. La Cámara respaldó a Corazza y devolvió el expediente a Rafecas. Los párrafos que, según los abogados de Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto, no figurarían en el dictamen original de Molinas, certificado por la Fiscalía de Investigaciones, afirman que existió “un solo oferente impuesto o elegido por las autoridades nacionales” y que fueron los miembros de la Junta Militar quienes “eligieron ellos mismos como compradores a los diarios Clarín, La Nación y La Razón”. En agosto de 2010 este diario obtuvo en la FNIA una copia no certificada de aquel expediente, en la que tal como dicen ahora Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada, esos párrafos no figuran. Pero la cuestión es menos simple: el facsímil que el secretario de Comercio Guillermo Moreno entregó a la Secretaría de Derechos Humanos también está certificado, no una sino dos veces. En febrero de 1988, por la secretaria Marta Rava, y el 7 de mayo de 2010, por el secretario Marcelo Sonvico, quien acredita que donde está el sello corresponde a copia fiel del original. Los dos párrafos que Papel Prensa considera adulterados están en fojas con sello. Más definitiorio aún, también forman parte del libro que publicaron como rendición de cuentas hace casi veinte años el fiscal Molinas y su hijo y secretario Fernando, luego de la remoción dispuesta por el gobierno de Carlos Menem. En la página 246 de ese libro, “Detrás del espejo. Quince años de despojo al patrimonio nacional”, BeaS Ediciones. Buenos Aires, 1993, luego de referir el testimonio ante la Fiscalía de Isidoro Graiver, los Molinas sostienen que “quedaba acreditado, con otros testimonios concordantes, que al conocerse la muerte o desaparición de David Graiver y la quiebra del grupo, las máximas autoridades nacionales del momento tomaron la determinación de liquidar dicho grupo. Para ello decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas. En este caso, la Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario clase “A” de Papel Prensa S.A., eligiendo ellos mismos como compradores a los mencionados diarios”. Una explicación posible es que Molinas haya modificado su propio dictamen, a pedido del entonces presidente Raúl Alfonsín, que le había encomendado la tarea. El año pasado, Fernando Molinas sostuvo que su padre pidió a Alfonsín la nulidad de la venta a los diarios, pero el reclamo no figura en el dictamen firmado el 29 de febrero de 1988. Esta incongruencia es coherente con la situación política. El gobierno de entonces denunciaba a los militares de la dictadura, pero cortejaba a los sectores del poder económico que la sostuvieron. El mejor ejemplo es la comida que Alfonsín mantuvo en Olivos el 22 de abril de 1985, horas después de que comenzaran las audiencias del juicio a Videla, Massera & Compañía, con una docena de representantes de la oligarquía diversificada o, con el lenguaje de entonces, los capitanes de la industria. Allí el poder económico ofreció apoyar el enjuiciamiento a cambio de un plan antiinflacionario. Alfonsín comenzó esa semana convocando a defender la democracia contra un intento golpista y la concluyó anunciando a los reunidos la economía de guerra contra el salario, comienzo del plan Austral. Clarín y La Nación insisten en que Molinas los consideró ajenos al despojo. Omiten que en realidad dijo que no podía formularles “un cargo concreto, apareciendo prima facie como terceros de buena fe y consolidados luego de muchos años al frente de la empresa”, dado que el interventor militar en la empresa tomaba decisiones sin consultarlos.

El rompecabezas

La investigación sobre la existencia de dos dictámenes de la FNIA, con mínimas diferencias, y ambos certificados como corresponde, puede insumir meses, sin que se llegue a lo principal: esos dos párrafos no son decisivos, y ni el dictamen de los fiscales Rodolfo Molina y Hernán Schapiro ni la resolución de los camaristas Carlos Alberto Nogueira, Antonio Pacilio y Carlos Alberto Vallefin los toman en cuenta. La prueba surge de todo el cuerpo de la investigación de la FNIA y de los testimonios prestados en La Plata ante ambos fiscales y el juez Corazza. La dificultad probatoria no reside en la presencia o la ausencia de esas pocas líneas. No está en duda la brutal presión de la Junta Militar sobre los accionistas para que vendieran su parte de Papel Prensa a los diarios. También es bien conocida la conducta servil con que le retribuyeron, desde sus páginas informativas y editoriales, algo que incluso señaló la misión investigadora enviada por la SIP en 1978 . Pero aun así, eso no convierte en forma automática a los beneficiarios del crimen en sus coautores según las exigentes reglas del derecho penal. Será ahora el turno del juez Rafecas de encontrar y encajar las piezas que aún le faltan al rompecabezas. Aunque no sean muchas ni impidan advertir con nitidez de qué paisaje se trata, resultan imprescindibles para cerrar la figura. Y en eso consiste el juego.