El procurador general de la Nación, Esteban Righi, le respondió por carta y en duros términos a la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano, quien lo había acusado de no “hacer nada” con la denuncia que presentó junto con la ONG La Alameda sobre “más de 600 prostíbulos” en 2009. “Entre ellos –sostiene la legisladora en una publicación en su página web– estaban los de Zaffaroni.” “Usted sabe –replicó Righi– que en ninguna parte de la presentación del 15 de diciembre de 2009 se indicaba al doctor Eugenio Zaffaroni como titular de alguno de los inmuebles denunciados, de modo que cualquier insinuación, como la que usted ha hecho en algunos medios, acerca de una ocultación intencionada de ese dato resulta absolutamente improcedente.” Además de formular acusaciones públicamente, Gil Lozano se presentó en la Procuración el 2 de agosto último reclamando que el titular del organismo le informe las medidas adoptadas en relación con la denuncia de hace más de un año y la ampliación presentada dos semanas atrás. Righi le respondió que ella debería “saber” que “ni el procurador general ni los ministros de la Corte Suprema investigan delitos”. Si hay una denuncia, es girada a jueces y fiscales, de modo que “cualquier información referida al trámite de las investigaciones” se las debe pedir “directamente” a ellos. Por esta vez, y para despejar toda duda, le informó que “dada la trascendencia que reviste el tema y el compromiso asumido por la Procuración”, intervino para realizar una investigación preliminar la Unidad de asistencia en secuestros extorsivos y trata de personas (Ufase). El reporte de la Ufase aclara que entre los seis departamentos atribuidos a Zaffaroni, sólo dos figuraban en la denuncia de las ONG de 2009 sin referencias al propietario. Entre los que se difundieron, que tampoco integran la presentación original, dos ya habían sido denunciados por posible proxenetismo. Desde 2009, Ufase originó, en total, más de 48 causas judiciales, que incluyen la presunta connivencia de al menos 75 policías.