El fiscal de la Cámara de Casación penal Juan Martín Romero Victorica intentó despegar la presentación de su renuncia a eludir el juicio político en su contra, próximo a comenzar, y la atribuyó a que “cumplió un ciclo” en el Poder Judicial. En tribunales, prácticamente nadie creyó en esa versión. El proceso de remoción había sido ordenado por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, ante la gravedad de la denuncia de la nieta recuperada Victoria Montenegro, quien dijo que el fiscal le anticipaba a su apropiador, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff (fallecido), información sobre su situación judicial y hasta le puso abogados. La joven incluso sostuvo que sabía que Tetzlaff había sido quien mató a sus padres en un operativo durante la última dictadura.

Página/12 reveló en su edición de ayer que Romero Victorica –apodado El Potro– había presentado la renuncia la semana pasada, con breves argumentos alusivos a su larga carrera en el Poder Judicial. Lo hizo ante el procurador Righi, jefe de todos los fiscales. A raíz de la publicación, el fiscal de Casación, de 67 años, dijo públicamente que su decisión de dar un paso al costado responde a que el 26 de julio, “día del aniversario del fallecimiento de Evita”, cumplió “50 años” en la Justicia. “Cumplí un ciclo” y “tengo la jubilación otorgada hace seis años”, señaló. Pero negó que la decisión tuviera algo que ver con el jury de enjuiciamiento en puerta.

La realidad es que presentando la renuncia en este momento podría ahorrarse no sólo el proceso de juicio político y una posible destitución, sino el riesgo de perder toda o parte de su jubilación en caso de, efectivamente, perder el cargo. La decisión de impulsar el enjuiciamiento fue adoptada por el procurador el 8 de julio. Ahora ya había un fiscal asignado para llevar el caso adelante y estaba en marcha la organización de las audiencias. Righi se basó en la recomendación de un consejo evaluador que lo asiste, que a su vez analizó los dichos de Victoria Montenegro y el descargo de Romero Victorica.

El relato de Montenegro fue el 25 de abril último, durante las audiencias del juicio oral sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, en el que declaró como testigo. Ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) contó que Romero Victorica tenía una relación estrecha con Tetzlaff, que “llamaba a casa y daba información” cuando avanzaba la causa sobre apropiación, que cuando fue detenido por primera vez le dijo a ella que le iba “a poner unos amigos (abogados) para que lo sacaran”, en alusión al sobrino del fiscal, Manuel Romero Victorica, Federico Casal y el ex juez Martín Anzoátegui. Victoria contó que su apropiador le había confesado que había matado a sus padres y hasta le mostró el arma que utilizó. El fiscal de Casación, dijo la chica, lo sabía.

El TOF6 no sólo mandó la declaración de Montenegro a la Procuración, sino que mandó abrir una causa penal para que se investigue a Romero Victorica. Al haber elevado la renuncia, su salida de la función judicial no es automática, ya que Righi tiene que evaluar si la acepta o no, algo que definiría esta semana. Mientras tanto, el enjuiciamiento está en suspenso.

En varios casos de fiscales investigados por complicidad con la dictadura o con represores, las dimisiones fueron aceptadas al considerar que el objetivo de que dejen el cargo quedaba cumplido. Algunas variables que entran en ese razonamiento son: un jury puede llevar dos o tres años; puede ser apelado en la Cámara en lo Contencioso Administrativo en caso de destitución; los fiscales juzgados no siempre pierden la jubilación si son removidos o pueden recuperarla con una demanda; en caso de absolución, lo más factible es que acto seguido el fiscal juzgado renuncie o se jubile. Las Abuelas de Plaza de Mayo dijeron que en principio preferirían que el juicio político a Romero Victorica se haga.