Después de lograr congelar la investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura por cerca de un año y medio con una medida cautelar, el camarista federal de Mendoza Otilio Romano finalmente tuvo que hacer su descargo ante las imputaciones del organismo, basadas en su procesamiento como partícipe primario de delitos de lesa humanidad en 103 hechos (desde secuestros, torturas, homicidios, robo de bienes y allanamientos ilegales y hasta el archivo de la investigación sobre la apropiación de una menor). Romano no fue a declarar personalmente, sino que mandó un escrito a la Comisión de Disciplina y Acusación en el que se presenta como víctima de lo que llama una “patraña judicial” y dice que es “exagerado” atribuirle violaciones a los derechos humanos. El jueves de la semana que viene, el organismo podría votar la acusación para iniciarle juicio político y no está descartado que el mismo día el plenario resuelva suspenderlo.

Aunque no concurrió, Romano tenía cita para presentarse en el Consejo ayer. Por eso fueron allí varios organismos de derechos humanos que impulsan la acusación, entre ellos el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); estuvieron también Angela y Javier Urondo –hijos del escritor Francisco “Paco” Urondo asesinado durante la última dictadura en Mendoza–, así como algunas de las víctimas que incriminaron a Romano, como Luz Faingold, quien fue detenida en 1975 a los 17 años por la “llamada ley antisubversiva” y pese a ser menor fue enviada a una cárcel de adultos, el D2 (el Departamento de Policía, que fue un centro clandestino). Allí fue atacada sexualmente y dijo que vio a Romano, que entonces era fiscal y que junto con el ex juez Luis Miret –destituido en marzo por este y otros casos– se negó a restituirla a sus padres, que pedían por ella.

En su descargo escrito, el camarista Romano trata de justificar las detenciones de 1975 en virtud de la llamada “ley antisubversiva” con el argumento de que se vivía un estado “peligroso y criminal”. Que lo cuestionen 35 años después, acusa, le parece una “excusa armada y aprovechada oportunamente por los denunciantes, que no eran santos, pertenecían al PRT”, dice. Y como parte de la acusación en su contra en el Consejo está basada en que no investigó denuncias de secuestros y torturas recibidas en dictadura, argumenta que “en aquella época resultaba la tramitación normal de un expediente” y que hay “vicios de anacronismo” en la interpretación de aquellas decisiones. Para reforzar su argumentación cita un voto de los jueces de la mayoría automática menemista Julio Nazareno y Eduardo Moliné O’Connor, que dicen que no se debe prescindir de las “circunstancias históricas como factor interpretativo” y que “no parece razonable apreciar las actitudes humanas en períodos de anormalidad institucional e inseguridad jurídica con los parámetros propios del estado de derecho”. Romano alega que en aquel entonces las Fuerzas Armadas y policiales actuaban en forma clandestina y como él desconocía su accionar no podía ser funcional.

Su presentación apunta a atacar la causa judicial en la que está procesado por crímenes de lesa humanidad, con confirmación de la Cámara y pedido de elevación a juicio oral por parte del fiscal Omar Palermo. La investigación penal es clave para que avance el juicio político y es el factor que de hecho empieza a convencer a algunos consejeros de votar la suspensión del juez. Romano acusa a los funcionarios judiciales que lo han investigado de participar de una “campaña de persecución y desprestigio”. Dice que “han exagerado acciones” que “si bien podrían ser ilícitas, carecen palmariamente de” la “envergadura legal” de “delitos de lesa humanidad”.

El consejero Hernán Ordiales (representante del Poder Ejecutivo), quien tuvo a cargo el expediente de Romano, estaría por presentar un dictamen proponiendo acusar al camarista para abrirle el juicio político. La Comisión de Acusación tendría los votos para aprobar el pedido de jury el jueves 25 y existe la chance de que ese mismo día (o a lo sumo una semana después) lo avale el plenario del Consejo, con suspensión en el cargo incluida.