Sergio Schoklender ya no tiene abogados. Adrián Tenca y Horacio Pitrau renunciaron a su defensa después de que el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo tuviera un exabrupto en Tribunales, en medio del cual advirtió que quiere que lo sobresean antes de las elecciones presidenciales, y anunció que daría una conferencia de prensa para explayarse al respecto precisamente en el estudio de sus letrados. Ellos, sin embargo, discrepaban con la línea de “politizar” la causa y preferían cumplir un papel técnico que –razonaban– hasta ahora le habría ahorrado a su ex cliente la detención tan temida en la causa en la que se lo investiga por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la Misión Sueños Compartidos.

“¡Quiero hablar con el petiso del juez!”, bramó Schoklender ante la secretaria de Norberto Oyarbide, relataron en tribunales. Un mes atrás ya había pedido su sobreseimiento por escrito, con argumentos tendientes a responsabilizar a Hebe de Bonafini por presidir el consejo administrativo. Ahora volvía a la carga. Sin suerte en el juzgado, caminó hasta la punta del pasillo seguido por periodistas, a quienes anunció que pensaba dar hoy una conferencia ante los medios. Ofuscado, acusó al juez de dilatar la causa hasta que pasen las elecciones y le apuntó al Gobierno, mientras deslizaba datos sobre supuestas negociaciones para que su empresa Meldorek recibiera un crédito del Bicentenario. “Voy a hablar de todo y de todos”, dijo.

Tenca y Pitrau fueron a ver ayer a Oyarbide y le anunciaron que abandonaban la defensa del ex apoderado de Madres, con quien venían acumulando discrepancias y se les había vuelto casi “inmanejable”. Estaban molestos porque Schoklender, tras cuatro meses sin hablar, decían que se puso a la ofensiva, en una actitud de apriete al Gobierno, lo que no les parecía conveniente, y menos aún tras las primarias. Además, los abogados decían ver en el expediente un caso complejo que querían enfrentar con destreza técnica. En un comunicado insistieron en que todo se debía a “diferencias en torno a la estrategia procesal” que, aclararon, “no altera” su convicción sobre la “inocencia” de Schoklender. En todo este tiempo los abogados alegaron que el aumento patrimonial que pudo haber tenido (la compra de aviones, yates, propiedades y su nivel de gastos) no era el eje de la causa y que él no se había apropiado de los fondos públicos que recibían las Madres.

De todos modos, como reveló Página/12 ayer, un nuevo delito se agregó a la pesquisa que lo compromete: un peritaje realizado por la Gendarmería sobre un contrato por el cual la fundación de las Madres le adjudicaba a la firma Meldorek la fabricación de las viviendas y su construcción en todo el país, dio como resultado que la firma de Hebe de Bonafini estaba falsificada. En ese convenio, que se conoció a comienzos de agosto, estaba previsto incluso un pago inmediato de 1.920.000 pesos. Schoklender, como se detectó en la causa, es dueño del 90 por ciento de esa firma que, según sospecha el fiscal Jorge Di Lello, sería un sello de goma para sacar el dinero de la fundación. Otra de las firmas pantalla que se habría usado es Antártica Argentina, presidida por Alejandro Gotkin, contador muy cercano a los Schoklender.

Uno de los abogados de las Madres, Eduardo Barcesat, remarcó ayer que el estudio de Gendarmería es “una prueba de que las maniobras eran exclusivamente del grupo Schoklender”, y por ende habría habido una defraudación a la entidad, “y echa por tierra las manifestaciones (de Sergio) de pedir el sobreseimiento”.

El fiscal antilavado Raúl Pleé le entregó un escrito a Di Lello donde describe el funcionamiento de un grupo de quince personas, donde los Schoklender son señalados como protagonistas de una presunta defraudación al Estado mediante el desvío de fondos, y el resto opera como lavadores de dinero. Di Lello debe resolver si llama a indagatoria a todos los implicados, pero esto no sería inmediato, ya que aguarda los resultados de una pericia contable que recorre el circuito de los fondos del Plan Federal de Viviendas destinados a Sueños Compartidos, cuánto se gastó y cuánto se desvió. Además, en esta fiscalía analizarían la hipótesis de la existencia de una asociación ilícita.

Hasta anoche no había ninguna certeza sobre la conferencia de prensa anunciada por Schoklender, que tampoco había presentado nuevos abogados.