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A cualquier gobierno le encanta tomar medidas distribucionistas cerca de las elecciones, máxime si se trata de aumentar ingresos para millones de personas. El kirchnerismo no hace excepción a esa regla de oro, de ahí la sonrisa y la extroversión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al realizar ayer los anuncios. Vale consignar que esas movidas no pueden parangonarse a prácticas que se toman sólo durante las campañas, la remanida circunstancia del candidato que aparece donde nunca se lo vio o “reparte” como jamás lo hizo antes. El oficialismo no innova en este caso, repite prácticas instaladas.

Durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se instauró una sana costumbre: el escalonamiento de las paritarias, el Consejo del Salario, el aumento de asignaciones familiares (a las que se acollaró la Asignación Universal por Hijo) y de jubilaciones (actualmente semestral, estipulado por ley). Casi todas esas acciones se han institucionalizado y conforman seguramente el pilar de las políticas laborales y sociales. Se jalonan mes a mes, año a año... en el 2011 también.

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La Asignación Universal por Hijo (AUH) se aumenta, con las asignaciones familiares: era imprescindible. Llega, pues, conforme al “protocolo”. Más de 3.590.000 menores son sus beneficiarios, distribuidos en poco más de 1.900.000 hogares. El promedio aritmético es de alrededor de 1,85 chicos por familia beneficiada.

La mayoría de las familias que reciben el ingreso tienen dos hijos en condición de beneficiarios (48 por ciento del total) o tres (28 por ciento). O sea, el 76 por ciento de los respectivos jefes (mayormente jefas) de hogar percibe mes a mes, vía tarjeta bancaria entre 540 y 810 pesos. Cifra que no tiene por qué ser el único ingreso del núcleo familiar y que, en el contexto de la expansión económica, no lo es usualmente. Ese dinero que llega seguro, puntual y es acumulable produce una mejora llamativa entre las personas de menores recursos.

Son consabidos los impactos de la AUH en las economías domésticas, en el desarrollo local, en el sistema educativo y en la atención médica a los menores. Jamás está de más recordarlos porque son la lógica consecuencia de un salto de calidad en las políticas sociales y de ingresos.

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Ninguna medida es perfecta, todas son mejorables, la AUH incluida. Es ingenioso y valorable el sistema elegido por el Ejecutivo: ligarla a las asociaciones familiares contributivas que cobran los trabajadores en relación de dependencia. Hay un deseable “puente de plata” entre una y otra asignación, pasible de ser recorrido si los padres ingresan al sistema de trabajo formal, conservando siempre la cobertura. Pero la lógica del sistema renguea algo cuando, en la práctica, quedan hijos de trabajadores que no cobran ninguna de las dos prestaciones.

Las “condicionalidades” (requisitos de admisión) fijadas por el decreto de creación, sus reglamentaciones y ciertos pruritos administrativos formalistas “dejan afuera” a algunos chicos. Imposible estipular cuántos son, lo que requeriría acciones estatales de corroboración. Pero los hay y ésa es una falencia digna de corrección.

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La implantación por decreto, en 2009, fue lógica consecuencia de la coyuntura política. El oficialismo no hubiera podido consensuar una norma con “la oposición” (agrandada e intratable), un criterio sustentable. Las absurdas resistencias al financiamiento vía la Anses (basadas en el falaz sambenito de “la plata de los jubilados”) hubieran dinamitado cualquier acuerdo. Se hizo lo posible, en ese trance, pero queda algo mejor pendiente para una contingencia ulterior. En algún futuro, acaso cercano, es deseable que la AUH se consagre por ley.

Un derecho ciudadano de semejante magnitud amerita un reconocimiento legislativo que lo fortalecería para el futuro. En la Argentina es difícil suprimir derechos, porque sus ciudadanos tienen conciencia, saben defenderse y movilizarse. Pero la tutela legal no está de más y ayudaría.

Si en octubre se reiterasen (casas más, casas menos) los resultados de las primarias, el oficialismo seguramente tendría una chance de dominar la agenda parlamentaria, aun si no contara con mayoría propia. Es factible (nada es seguro) un lapso durante el cual “la oposición” podría ser más transigente y aceptar la iniciativa del Gobierno, consolidada en las urnas. En ese clima, pintaría bien llevar la AUH a ley y revisar las condicionalidades que limitan su (cuasi) universalidad.

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La adecuación de los topes salariales para percibir asignaciones familiares es parte del combo anunciado, que interpela a otro segmento de la clase trabajadora. Elevar el tope para no privar a las familias de una entrada adicional es pura justicia ya que, aunque el Gobierno lo disimule o niegue, el tope se vino devaluando por causa de la inflación.

La corrección había sido solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en la reunión del Consejo del Salario. La CTA planteó la necesidad de urgente revisión, que le fue prometida, como requisito para firmar de conformidad, revisando su costumbre de Consejos anteriores.

Algunos observadores, que la van de astutos, presagiaron que la Presidenta había “dormido” a los sindicalistas, que no honraría lo pactado. Otros vaticinaron que no soltaría pronto la medida para no darle “un triunfo a Hugo Moyano”. Poca perspicacia política la suya: la Casa Rosada entiende mejor que varios “formadores de opinión” la relación costo-beneficio entre otorgar una mejora a muchos laburantes y sacarles una ventajita a la CTA y a la CGT. En un caso, se obtiene un triunfo cortito, sin repercusión; en otro se interpela a los ciudadanos que, por cierto, también son votantes.

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La AUH y la reestatización del sistema jubilatorio, vigas de estructura del “modelo” en su actual conformación, fueron implantadas durante el mandato de Cristina Kirchner. De hecho, no integraban el programa (ni el imaginario) del oficialismo allá por el año 2007. La AUH en especial era muy resistida, con argumentos “laboristas” (defensa de la cultura del trabajo, exclusividad del empleo como motor de la integración social y garante de una subsistencia digna) estimables aunque desajustados a la realidad del siglo XXI. Ni el crecimiento sostenido, ni el del mercado interno, ni siquiera el trabajo estable permitieron que los beneficios del “modelo” llegaran a todos los argentinos. La configuración de la clase trabajadora es diferente de la que primó hasta cerca de finales del siglo XX, mutación que incluye enormes asimetrías a su interior.

El veredicto de las urnas en 2009, particularmente en el conurbano bonaerense, cambió la lectura del kirchnerismo. Se fustigó la conducta de los aliados, punteros e intendentes. Proliferaron denuestos con los traidores. Pero se comprendió que “la traición” no explicaba todo, ni mucho menos. Que las razones del voto crítico había que buscarlas en los sectores populares. Comprender los motivos de su disconformidad. Se tradujo el veredicto popular como una demanda, que se debía satisfacer. La heterodoxia primó sobre el discurso previo, en buena hora.

Si la AUH fue hija de las elecciones del 2009, el cambio de paradigma de la Anses brotó tras la derrota en el conflicto de las retenciones móviles. Tampoco estaba en el menú kirchnerista previo.

Hay una paradoja en esto, soslayada por ciertos devotos del kirchnerismo o por sus censores más acérrimos. Es el reconocimiento, en el terreno de la acción, de falencias o limitaciones. Habrá que ver cómo se hace ese balance y qué se innova si, como todo lo indica, la Presidenta es reelecta. De la aptitud para revisar instrumentos, incorporar algunos y archivar otros, depende mantener “el rumbo”, en el que se interponen desde ahora la perspectiva de una crisis internacional machaza.

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Los sistemas políticos contemporáneos se caracterizan por “la campaña permanente”. El presidente norteamericano Barack Obama anuncia medidas de emergencia para mejorar los niveles de empleo y aliviar la recesión: todos traducen esas decisiones (con inversiones fabulosas, objetivos importantes y riesgos a la altura) en clave electoral. A menos de dos meses de las presidenciales, cualquier medida del oficialismo es parte de su propuesta para los años venideros.

Por lo demás, el kirchnerismo siempre privilegió sustentar su campaña en la tozudez de los hechos, en la acumulación de acciones congruentes con su pasado, en la repetición de rutinas como son los aumentos de salarios, jubilaciones y asignaciones. Ahí finca una cuota grande de su capital político y simbólico.

Sus opositores, en tanto, no dan con un discurso ulterior a la debacle de agosto. Casi todas sus palabras se orientan a cuestionar a sus adversarios internos (el resto del Grupo A), lo que es de manual porque la mayor competencia los enfrenta entre ellos antes que al kirchnerismo.

Entre tanto, el cuadro económico doméstico sigue a pedir de boca del oficialismo. El real debate sobre el “después”, sobre los cambios y correcciones imprescindibles, sobre los nuevos elencos de gobierno comenzará, dendeveras, cuando termine de contarse el último voto en la única elección que cuenta, para la que falta poco más de un mes.

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