La Confederación General del Trabajo respaldó la decisión del Gobierno de eliminar los subsidios al consumo de gas, luz y agua de 230 mil usuarios de alto poder adquisitivo y a 40 grandes empresas de distintos sectores. A través de un comunicado, la central sindical que conduce Hugo Moyano aplaudió la medida al considerar que deja sin efecto beneficios para sectores privilegiados de la sociedad. Sin embargo, la CGT no dejó pasar la oportunidad para insistir con un tema recurrente. Recordó que “hay sectores que sí necesitan el auxilio del Estado o situaciones a reparar como las del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias”.

“Por fin se dejan sin efecto subsidios a sectores empresarios, que son los que más ganan y siempre se han servido del Estado, y a barrios donde viven los ricos de Capital Federal y Gran Buenos Aires, puesto que realmente no se justifica el auxilio del Estado”, sostiene el comunicado de la CGT. Las compañías que dejarán de recibir los subsidios desde el 1º de diciembre pertenecen a los sectores de refinamiento de combustibles, biocombustibles y aceites de exportación, procesamiento de gas natural y agroquímicos. Por su parte, el Gobierno eliminará los beneficios para los usuarios residenciales de Puerto Madero, Barrio Parque y los countries de todo el país a partir del 1º de enero. “Creemos que hay que sacarles a los que más tienen y darle a los más necesitados. Queremos que paguen los privilegiados. Son cosas que había que cambiar, que eran herencia del pasado, siempre lo dijimos. Pero también es cierto que quedan asignaturas pendientes”, explicó Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT.

El título del texto que difundió ayer la central sindical reza: “Menos subsidios a los ricos y más justicia social”. Luego de resaltar el carácter positivo de la medida, la declaración de la CGT destaca que “restan sectores que sí necesitan el auxilio del Estado nacional, o situaciones a reparar como las del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a los que perciben un salario por su trabajo y las asignaciones familiares que por su carácter universal deben beneficiar a todos los trabajadores”. En ese sentido, la CGT recuerda que “ambos derechos (en referencia al mínimo no imponible y asignaciones familiares) fueron cercenados hace diez y once años por las políticas neoliberales que arrasaron la Argentina. Hoy siguen siendo algunas de las asignaturas pendientes de este modelo nacional y popular”.

El reclamo por el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias representa el principal cuestionamiento público del titular de la CGT y sus colaboradores. En los últimos meses, Moyano mantuvo una zigzagueante relación con el gobierno nacional. Las tensiones entre la Casa Rosada y la conducción de la CGT se hicieron públicas durante la puja política por la inclusión de representantes de la central sindical en las listas para diputados en las últimas elecciones. Hubo otros episodios donde se reflejó el distanciamiento, como los comunicados de la central sindical en favor de Gerónimo “Momo” Venegas y Rubén “Pollo” Sobrero tras sus respectivas detenciones. El último gesto de discrepancia ocurrió esta semana, cuando la CGT rechazó en duros términos la decisión del Gobierno de pedir a la Justicia la suspensión de la personería gremial del sindicato de técnicos aeronáuticos (APTA), que conduce Ricardo Cirelli.

En el comunicado de ayer, la central sostiene que en el Día de la Militancia “los trabajadores organizados fueron el bastión de la resistencia al neoliberalismo hasta el 2003, y desde entonces de defensa del gobierno popular ante las acechanzas desestabilizadoras de la usura financiera internacional y los sectores oligárquicos vernáculos”. Y enfatiza que “los trabajadores organizados seguiremos acompañando la profundización del modelo nacional y popular del gobierno de Cristina Fernández, hasta que la justicia social alcance al último de nuestros compatriotas”.