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El gobernador Daniel Scioli le hizo a Hugo Moyano una oferta que éste no podía aceptar. Sugirió públicamente que el secretario general de la CGT se retractara su renuncia al PJ provincial. La propuesta, divulgada antes de tomarse licencia por razones de salud, no interpelaba a Moyano (quien jamás podría reasumir sin quedar como un chicanero), sino a la opinión pública. Scioli, cuya prioridad central es siempre su imagen, transita un estrecho camino: el de diferenciarse de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sin patear ningún tablero. Un picadito con el jefe de Gobierno Mauricio Macri por acá, un guiño al Negro acullá... ya llegará la hora del torneo de ajedrez con el intendente Sergio Massa o algo así.

“Daniel no tiene reelección, así que en 2015 se va para arriba o a su casa”, explica un dirigente del Movimiento Evita que encarna la peculiar oposición kirchnerista en Buenos Aires. Ese camino comienza a trazarse ya, de modo paulatino. La legitimidad y los votos a nivel provincial de Scioli lo hacen un hueso duro de roer. Es más difícil explicar el nivel de popularidad y de vigencia del gobernador que corroborarlos. Los compañeros kirchneristas (más dados al empirismo que a la teorización) saben que su competencia es brava, que el objetivo de “ganarle el territorio para un hombre de Cristina” es muy cuesta arriba. Y que hay que procurarlo sin desestabilizar la acción de gobierno. En ese punto finca su tensa concordancia con el gobernador.

La pulseada recién comienza, hecho que no puede negarse. Tampoco que por ahora tiene un estilo bastante florentino, pensando que de peronistas se trata.

El enfrentamiento entre la Casa Rosada y Moyano es (muy) otra cuestión. Por lo pronto, el calendario impone su ritmo. Hay hechos acuciantes inminentes: las paritarias ya y la renovación de autoridades de la Confederación General del Trabajo en contados meses. El tono es distinto, la escalada pinta incontenible.

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El changuito y los desplantes: Las palabras no lo son todo en ningún discurso, el contexto también cuenta. El líder de la CGT, silente durante la licencia presidencial, retomó el micrófono y fue puro desafío. “El índice del changuito” es un clásico cuando hay puja salarial, pero lo complementaron alusiones despectivas al Gobierno en general. Hubo un límite que, apenas, no se traspuso: aludir a la Presidenta aunque el desdén por los funcionarios “Chirolita” evoca a la supuesta Mrs. Chassman (Cristina) sin nombrarla.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue uno de los destinatarios, por haber replicado a Scioli. Al titular de Trabajo, Carlos Tomada, le cupieron retos (en la doble acepción del término) más tangibles. Pablo Moyano, secretario general de Camioneros, pateó la mesa de negociación en el ministerio. Se mostró intratable, se retiró sin firmar el acta, amenazó con un plan de lucha, ninguneó la conciliación obligatoria. La amenaza de un “plan de lucha” (así expresado, el primero después de la reelección) sugiere una ruptura irrevocable. Tomada cuestionó la falta de apego de (los) Moyano a la ley y su ansia provocadora.

La historia continuará, mientras comienzan a orejearse las convenciones colectivas. Mal momento, es lo que hay.

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La mesa de los docentes: Una de las hipótesis de esta columna, que se explicita desde ya, es la existencia de una constelación de poderes en la escena política argentina. Todas las sociedades la tienen en distintas proporciones, lo que también se subrayará más adelante. Por acá es comparativamente muy alta la cantidad de actores vivaces, intransigentes o jacobinos cuando cuadra, hábiles para pujar, duchos en optimizar su poder. Las negociaciones colectivas son un ejemplo clavado, con otro dato de poder local: la heterogeneidad de colectivos que se suele describir de modo simplista como uniformes, lo que simplifica la narrativa y habitualmente la tergiversa.

La oposición mediática anhela instalar (como sucedió desde 2004, en escenarios diferentes) la idea de un desmadre de la demanda gremial y una derrota del oficialismo, justo a manos de los “muchachos”. Simplificar el relato es una herramienta tradicional. Reducir un entramado muy rico a un número de cierre es un gran rebusque, difícil de replicar.

Los pininos de las negociaciones esbozan el cuadro. Los trabajadores aceiteros cerraron su acuerdo en el orden de un 25 por ciento, con un mínimo de 6500 pesos, sideral para la media de la clase trabajadora, aun los formalizados. Es lógico, es un sector de punta, de aquellos que obtiene ganancias incomparables. Suponer una tendencia o proyectar una extrapolación genérica de ese caso, que involucra a bastante menos de 20.000 laburantes, es una demasía. En el ágora y en los medios se intenta, con cierta eficacia.

La Paritaria Nacional Docente (PND), que transita su fase preliminar, es otro planeta. Existe desde 2008, es una conquista gremial consagrada por el kirchnerismo, con apoyo general de otros partidos. La lucha de los docentes buscaba compensar el desquicio causado por las políticas noventistas de descentralización del sistema educativo que (entre otros daños tremendos) desamparó a los maestros de las provincias con menos recursos. La PND es una institución superadora, la consagración institucional de una lucha. No todo son rosas: el mecanismo es endiablado. Tallan en él el gobierno nacional, cinco confederaciones nacionales de sindicatos (Ctera es la más representativa). Las provincias están pendientes del resultado, que impone un piso para la ronda de negociaciones locales. Los trabajadores concernidos son 940.000, número resonante que se agranda si de cargos hablamos porque algunos docentes tienen más de uno.

El Tesoro Nacional contribuye al pago con el Fondo de Incentivo Docente, que ahora suma 4000 millones de pesos. Pero no mira de afuera el resultado porque apoya a provincias desfavorecidas, porque tiene que hacerse cargo de las presiones de los “gobernas”, hoy día mayoritariamente compañeros (stricto sensu o de ruta). Por añadidura, los sueldos de las universidades nacionales son pagados en su totalidad por el Fisco Nacional. El sindicato respectivo, la Conadu, “cierra” en las mismas condiciones o en otras muy similares que los docentes de escuelas. Son 110.000 trabajadores, con sueldos usualmente elevados. Es plata, pues.

Hasta ahora, dos provincias se anticiparon a ultimar sus propios acuerdos. Salta pactó una secuencia escalonada que, en porcentaje acumulado, supera el 22 por ciento. Pero, en el bolsillo de los maestros y en el presupuesto, arroja una cifra anualizada menor. Los porcentajes, ya se dijo, son engañosos si no se lee la letra fina y no se apela a la calculadora. Pero son efectistas en la presentación mediática, rezongan en Educación y en Trabajo, cuyos ministros se aprestan a un ejercicio tan repetido cuan exigente.

En Neuquén se acordó un esquema distinto, con reapertura a mediados del año. El gobierno nacional pugna por evitar que se expanda ese criterio, prefiere lejos que el 2012 quede cerradito y previsible.

Volvamos a la PND. El Gobierno aspira a la contención en los acuerdos, que deriven en cifras generales más moderadas que en 2011. “El 18 por ciento” es un mantra que se cuela en las conversaciones, seguramente no es una meta sino un indicador, pero como decía el laboralista Bambino Veira, “la base está”. El cronista supone, aunque ningún funcionario del ramo lo explicita, que el objetivo sensato (a fuer de factible con enorme esfuerzo) es “bajar la nominalidad”, tal vez a otro porcentaje que arranque del 20 por ciento.

El secretario general de la CTA oficialista, Hugo Yasky, y el de la Suteba (el principal sindicato docente de la provincia de Buenos Aires) Roberto Baradel, exigieron un 25 por ciento. Entre el piso del oficialismo y ese techo podría haber una resultante pasable, con los parámetros de otras negociaciones. Tal vez, en este caso, el Gobierno trate de bajar un poco más, en aras de cuidar la caja con el nuevo paradigma de la “sintonía fina”.

Los sindicalistas de la CTA estarán pendientes de sus bases (habituadas a una gimnasia participativa), asimismo tendrán un ojo en la competencia con el otro sector de la CTA y con la CGT. Ese karma pesa sobre casi todos los popes gremiales, se acentúa en este caso.

El oficialismo apuesta a la sensatez de los dirigentes que trata de estimular en charlas informales. Y, con el mazo dando, ponen de su lado el peso de la autoridad presidencial convalidada rotundamente en las urnas. En última instancia, “¿cómo hacerle un paro al 54 por ciento de los votos?”. Los precedentes ayudan, no hubo ninguna huelga nacional docente contra la política del gobierno nacional. Sí por motivos bien justificados como fue la decretada ante el asesinato del maestro Carlos Fuentealba en Neuquén.

Optimista de la voluntad, el ministro de Educación Alberto Sileoni supone que el trance se pasará, como es de rigor, sudando la gota gorda. La conflictividad docente sigue siendo elevada, en especial en los dos distritos más masivos: Buenos Aires y la Capital. Así y todo, según los cálculos oficiales van dos años en que se cumple la meta de los 180 días efectivos de clase. Tan es así, aseguran, que puede proyectarse elevar ese piso a 190 días para el ciclo lectivo 2013. Otro objetivo deseable, a construir hasta fines del mandato presidencial, es que todos los chicos de cuatro años estén escolarizados. Las tareas inmediatas son más ruidosas que la construcción del porvenir, también son un tramo de ese camino.

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La espada de Damocles: Se contaban con los dedos de una mano los dirigentes corporativos (sindicales o patronales) que presenciaron el discurso de Cristina en el Salón de las Mujeres. Claro que todos los que no estaban escucharon y tomaron nota. José Ignacio de Mendiguren, el titular de la Unión Industrial Argentina, estaba casi solito. Algún otro, como Aldo Roggio, fue de la partida, pero como protagonista signatario de uno de los surtidos convenios que configuraron la puesta en escena.

Si los cuerpos no estaban, los oídos zumbaron de lo lindo. Las precisas críticas a las empresas petroleras ratifican un horizonte de disputa. Por algo los dirigentes de las multis mantuvieron silencio durante tantos días. El precio abusivo del gasoil es apenas un ítem de la agenda futura, los baqueanos en el trato con el kirchnerismo lo saben. Si la Presidenta blandió la espada de Damocles sobre las concesiones, los capitalistas ponen las barbas en remojo.

Es un lugar común decir que YPF, personalizado en el Grupo Eskenazi, es el gran adversario que el Gobierno tiene en mira. La dimensión de la empresa la ranquea arriba, pero las campanas doblan por todos. Y aunque la palabra presidencial produjo un cambio cualitativo del horizonte, no expresó una sorpresa. Hace ya dos meses el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, le advirtió al petrolero Alejandro Bulgheroni (corroboran fuentes cercanas a ésta) que se había acabado la jauja de la fijación de precios.

En el espinel patronal, se traduce la movida como una ratificación del acumulativo poder de Moreno en el Gabinete. La observación es correcta, a condición de aceptar que Moreno traslada las políticas elegidas por la propia Presidenta. Tiene un poder personal, pero no es (como nadie en el equipo de Gobierno) un francotirador o un protagonista con iniciativas descolgadas.

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Las cosas del poder: François Hollande es el candidato socialista a la presidencia de Francia, enfrentando a Nicolas Sarkozy. El sabe quién es su rival, pero fue rotundo en su primer discurso de campaña: “Mi adversario, mi verdadero adversario no tiene nombre, rostro ni partido. Nunca presentará su candidatura y, por consiguiente, nunca será electo. Sin embargo, ese adversario gobierna. Ese adversario es el mundo de las finanzas”. Consagrado, dicen los que conocen, a recuperar el tono reformista del socialismo europeo, Hollande habló de los poderes fácticos, de su peso relativo, de su contradicción con gobiernos democráticos y progresistas. Ese punto, mayormente obvio para quien lee la realidad mundial sin anteojeras ni mala fe, es negado por numerosos académicos, intelectuales, periodistas y medios argentinos. “El poder”, según su miope ver, es el político. Los otros le van a la zaga o, tout court, no existen. Con tamañas distorsiones es imposible una lectura sensata de cualquier coyuntura. En la Argentina hay un gobierno que ha sabido potenciar su poder, especialmente en momentos de carencia. Y que lo ejerce sin remilgos, a menudo en disputa con corporaciones. Cómo lo hace o lo logra es pasible de debate, no así la existencia y contumacia de esos “verdaderos adversarios” que, conforme denuncia el europeo Hollande “gobiernan” en sus propios pagos.

El panorama se complejiza con una sociedad civil compuesta por numerosos actores que también pugnan, resisten, reivindican. “Buenos” o “malos” a la luz de cualquier cartilla valorativa. Reales.

El 54 por ciento convalida el poder presidencial y se traduce en un Congreso nacional manejable. En las provincias, los gobernadores (cuya mayoría no suscribe de buen grado las mejores iniciativas K) conservan prerrogativas. Los sindicalistas, los movimientos sociales, las puebladas, las corporaciones patronales también juegan este TEG.

Así son las cosas, complejas y con una Presidenta activa, potente y legitimada. El futuro es siempre abierto, sujeto a la destreza de los contendientes. Y, parafraseando al compañero Hollande, el primer desafío es determinar quién gobierna... sin jamás manejar la suma del poder.

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