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Raúl Martins, denunciado por su hija por ser propietario de prostíbulos en la Argentina y en México, intentó defenderse de las acusaciones presentando una supuesta denuncia contra Lorena, su hija, por extorsión. La joven está en el país del Norte presentando ante la fiscalía y la Procuración General de la República la documentación contra su padre –que fue durante trece años agente de la SIDE–, a raíz del enorme impacto que se produjo en México por las denuncias de Lorena que fueron adelantadas en exclusiva por Página/12. Ayer, el subprocurador de Justicia de Quintana Roo, el estado al que pertenece Cancún y donde están los prostíbulos de Martins, negó la existencia de la denuncia por extorsión contra Lorena, por lo que la joven podrá volver hoy mismo a la Argentina. Es la tercera vez que Martins se defiende de las acusaciones por trata de personas y coimas con el artilugio de una supuesta denuncia por extorsión. Migraciones de México ya ordenó su expulsión, pero la medida está suspendida por los amparos presentados por los abogados de Martins. Sin embargo, se dice que esta semana el propio Congreso Federal de México pediría su expulsión.

Lorena viajó al país azteca invitada por la diputada federal Rosi Orozco, titular de la Comisión contra la Trata de Personas. Pero las declaraciones judiciales se hicieron ante la fiscal Lourdes Campos y ante la Procuración General de la República. La joven tuvo que mantener en secreto el horario de su llegada, fue transportada en un coche blindado y la Justicia mexicana le adjudicó una numerosa custodia durante todos los días que estuvo. Es que tanto Lorena como otros testigos dieron cuenta de que Raúl Martins está aliado al cartel de Los Zetas.

Martins recurrió al contraataque de acusar por extorsión en tres oportunidades:

- Cuando fue investigado por Migraciones de México, acusó a los funcionarios de querer extorsionarlo y sacarle dinero.

- Cuando su abogado durante siete años, Claudio Lifschitz, lo denunció en Cancún, también lo acusó de extorsión. Alegaba que Lifschitz quería obtener una indemnización.

- Ahora, tras la denuncia de Lorena, igualmente sostiene que la joven lo extorsiona. En verdad, Martins y su ex esposa, la madre de Lorena, mantienen un juicio de divorcio en el que acusan al Profesor, como le decían en la SIDE, de poner sus propiedades a nombre de testaferros. Eso ocurre, por ejemplo, con los siete prostíbulos de Buenos Aires. Lorena detalló a nombre de quién está cada propiedad.

Ayer, el subprocurador de Justicia de Quintana Roo, Juan Ignacio Hernández Mora, negó que exista la denuncia contra Lorena por extorsión. Es que la presencia de la joven en México produjo una enorme repercusión, reflejada por las cadenas nacionales e internacionales de televisión. Sólo un diario de Cancún salió en defensa de Martins, aunque el director de esa publicación ya había sido denunciado por Lorena: “Mi papá le entrega chicas, él le da cobertura mediática”. Según contó ante la Justicia mexicana, el trato con el cartel de Los Zetas es parecido: “El interlocutor de Los Zetas con él, antes era El Chilango y actualmente El Taxista. Ellos le dan protección, él les entrega chicas”.

Lorena afirma también que su padre tiene algún papel en la comercialización de drogas. La fiscal Lourdes Campos investiga al crimen organizado, razón por la cual es ella la que le tomó declaración. Lorena entregó una agenda y el teléfono celular de Martins en el que constan sus contactos y también mensajes de texto reveladores sobre la forma en que las autoridades de Cancún le avisaban cuándo iba a realizar inspecciones.

En la Argentina, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría aceptó investigar el caso, luego de que el expediente recayera en el juzgado de Norberto Oyarbide, amigo de Martins. Servini de Cubría allanó cien prostíbulos en marzo último y Lorena relató que la organización de su padre ya conocía los procedimientos con 48 horas de antelación. Por ello, sólo quedaron unas pocas chicas en los locales. En aquellos allanamientos Servini detectó una gran cantidad de boliches en que tenían retenida la documentación de las chicas, lo que fue indicio de que las jóvenes estaban casi esclavizadas. En ese expediente fueron investigados –con la ayuda de la ministra de Seguridad, Nilda Garré– decenas de comisarios y oficiales de la Policía Federal. Es más, los allanamientos los hizo la jueza utilizando a la Gendarmería, tal cual lo convino con la ministra.

Como Lorena no quería ni presentar la denuncia ni aportar documentación al juzgado de Oyarbide, lo hizo en el Ministerio de Seguridad, que a su vez entregó todos los elementos a la Procuración, cuyo titular es Esteban

Righi. Este se dirigió a Servini el jueves y puso a disposición todo lo entregado por Lorena.

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