“Afortunadamente no hubo más víctimas porque Dios paró las balas” dijo el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, al referirse al tiroteo en casa del locutor Angel Etchecopar. También dijo que las estadísticas sobre delitos “siguen marcando una tendencia a la baja”. No quiso exponer cuáles eran esas cifras pero dijo que eran originadas en la Procuración General a cargo de María Falbo. Casal premió a Falbo por segunda vez en una semana, como ratificación de la alianza en defensa del compartido modelo de demagogia punitiva y concentración de poder y recursos. También modificó el proyecto de ley de creación de la Policía Judicial elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria, de modo de erradicar cualquier cláusula de control y transparencia. Falbo respalda todas las enmiendas de Casal y al mismo tiempo considera inconstitucional la autonomía de la Defensa Pública, que hoy es postergada en forma sistemática respecto de los fiscales. Sigue así un dictamen elaborado por el jefe de Casal, el ex Procurador del Tesoro Joaquín Da Rocha, durante la gobernación de Felipe Solá. Los datos que invoca Casal no se refieren a delitos cometidos, sino a investigaciones penales preparatorias (IPP) ingresadas por los fiscales a la base de datos de la Procuración. La propia Falbo ha aclarado que ese registro administrativo, útil para controlar la actividad del Ministerio Público, no es un programa para cuantificar delitos. Por ejemplo, en un robo de auto, con privación ilegítima de la libertad de su propietario, resistencia a la autoridad que quiso impedirlo y muerte de alguna persona interviniente o no en el hecho, quien carga los datos en la base sólo ingresa el delito que primero se menciona en la carátula de la IPP, que inicia la policía sin seguir ningún criterio prefijado. Sobre esas hojas secas de la estadística administrativa, el primer agente penitenciario que llegó al gabinete provincial se canta y se celebra a sí mismo. Las cifras reales de la Procuración marcan para el último año un incremento de 1,7 por ciento de IPPs. Hubo una disminución del 2 por ciento en aquellas de autor desconocido, pero un aumento del 6 por ciento de IPPs con imputados; se redujo 6 por ciento la cantidad de investigaciones sobre homicidios consumados, pero aumentó 7 por ciento la de tentativas, con lo cual el número final no difiere: 1660 un año, 1662 el otro. Por eso Casal no difunde las cifras de las que se jacta, en otro de sus habituales operativos de desinformación, como el arresto que nunca existió de uno de los jefes del Cartel de los Zeta o la banda inexistente que no hizo descarrilar el tren en José León Suárez para saquearlo. En cambio, siguen prófugos los cuatro camaradas penitenciarios de Casal, que mataron a golpes y patadas a Patricio Barros Cisneros en la U46 de San Martín, una evasión a la Justicia que no sería posible sin la protección corporativa. La mano de Dios también intervino en la actuación policial por el robo y la golpeadura que le dieron en su casa de Gonnet a la madre de Plaza de Mayo Nora Centeno. Casal informó el jueves que “hemos encomendado el máximo rigor en la investigación” y el viernes su policía dio el caso por resuelto, con otro procedimiento ilegal. El máximo rigor se lo aplicaron a la estudiante GNV, de 16 años, insultada y golpeada en la comisaría 13ª de Gonnet, donde también la dejaron en corpiño y la filmaron, acusándola del robo a Nora Centeno. GNV pasó seis horas en manos de esos hombres policías, pese a la prohibición judicial de conducir chicos a las comisarías. “Negra sucia”, le dijo un policía. “Ahora vas a saber lo que es una buena paliza.” Su detención se produjo como consecuencia de una declaración del oficial de la bonaerense Carlos Omar Avalos, según quien “vecinos de la zona” le dijeron que los autores del asalto eran la chica y los hermanos Vicente y Sergio Morales, cuya vivienda fue allanada sin orden judicial, donde se secuestraron “elementos vinculados con el robo”. Pero según Nora, quienes la golpearon “no eran marginales” como estos hermanos. Su yerno no reconoció ninguno de los objetos que le mostraron. En cambio la policía también les entregó un LCD y una cámara de fotos de Nora, que según los vecinos nunca identificados, les habrían vendido los hermanos Morales. Este grosero intento de mostrar eficacia mediante el empleo de tácticas propias de la dictadura es una burla a la madre de un detenido desaparecido. Para sofocar el disgusto que cunde en las propias filas policiales, Casal ordenó iniciar un sumario administrativo al sargento Esteban Javier Arriada por hablar con la prensa. Fundador de un Movimiento Policial Democrático, Arriada lo concibe como germen de un sindicato. Sostiene que Casal y el gobernador Daniel Scioli arrasaron con la “ley democrática” del ex ministro Carlos Arslanián, para volver “a la ley militar aunque disfrazada con otro nombre”, que “avasalla derechos de los trabajadores”. Entre ellos, el de expresarse con libertad sin temor a sanciones.