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La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es coherente con otras tomadas desde 2003. Tuvo todos los rasgos K, hasta el de sorprender con una movida que se venía anticipando en los hechos y en las palabras. La división de aguas en la Argentina desmiente a quienes apostrofan sólo al Gobierno: son vastísimos el apoyo ciudadano y el del arco político. En el Senado y en Diputados aprobarán la medida, en general, alrededor del 80 por ciento de los legisladores. Si se hace una sencilla suma de los votos conseguidos en la reciente elección presidencial se expresarán de esa forma las fuerzas que ocuparon el podio, con más las de centroizquierda. De nuevo, más del 80 por ciento (o un cachito más porque hay unos cuantos peronistas federales que levantarán la mano) computados en base al mecanismo más certero que tiene la democracia para medir adhesiones. Aunque la derecha vernácula suponga lo contrario no es el centimil en los grandes medios, ni los minutos de peroratas en los canales de cable.

La medida es legal, establecida en el artículo 17 de la Constitución. El “Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones” firmado entre Argentina y España en 1992, aprobado por ley nacional 24.418, prevé y admite la expropiación, sujeta a interés público y previamente indemnizada. El artículo respectivo estipula que la medida no debe ser “discriminatoria”. Eso explica que los primeros funcionarios españoles que replicaron a la expropiación mencionaran esa circunstancia. Saben que la expropiación es lícita, aunque no lo reconocen de modo expreso. Buscan descalificar la jugada en base a hechos ulteriores: el pago supuestamente vil o la intervención inmediata a la empresa. De ese aspecto hablan más el gobierno español o voceros mediáticos de bandera que los dueños de Repsol. Tal vez –habrá que ver cómo se desenvuelven los acontecimientos– no les atraiga especialmente recuperar el control de la empresa en el nuevo escenario.

Su ruta futura son los tribunales nacionales y el arbitraje internacional.

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“El mundo” nunca ha sido para todo el mundo: El editorial de ayer del diario La Nación denuncia que hubo “Confiscación, no expropiación”. El Congreso, más representativo que el mitrismo, lo refutará.

El periódico español El País (que miente como cuando atribuyó el atentado de Atocha a ETA, aunque sostendrá la impostura por más tiempo) va en la misma línea. Pero se interesa en las peripecias políticas y cuestiona la ineficacia de “la encendida retórica” de la administración Rajoy, tanto como “la modestia de sus retorsiones”.

En efecto, las contramedidas son módicas tabuladas en la tarde del sábado, cuando falta mucho camino por recorrer. El apoyo del “mundo” es parcial y fragmentario. El Fondo Monetario Internacional (¡el FMI!) se abstiene con un lenguaje bastante sutil para lo que es su praxis. El G-20 excluye la controversia de su agenda. Los países hermanos y vecinos acompañan, en general. Las palabras del presidente uruguayo José Mujica “no me gusta el prepo de los poderosos” son dignas de ser enmarcadas. Y, como digresión, también amerita que en su manejo comercial internacional nuestros funcionarios contemplen mejor los intereses de tan firme y cordial aliado. Por caso, evitando o mitigando conflictos de bajo monto económico que le cuestan horrores al “Pepe” frente a la derecha oriental.

Volviendo al núcleo, el acompañamiento de Brasil es sobrio, vibrante el de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Es consabido, esos países no son “el mundo”.

Los vecinos que cuestionaron (Chile, Colombia y México) tienen gobiernos de centroderecha, detalle sugestivo. El presidente Felipe Calderón está de salida, va en tren bala a un tremendo revés electoral. Al chileno Rafael Piñera le queda tiempo, por ahora rueda cuesta abajo. El único exitoso en su propio rodeo es el colombiano Juan Manuel Santos. La ligazón ideológica con el Partido Popular (PP) español no es el único motivo que los mueve. Las efectividades conducentes cuentan: Chile y México tienen empresas petroleras en estas pampas, la petrolera Pemex es socia menor (que no irrisoria) de Repsol.

Estados Unidos también guardó cautela, lo que bajoneó a La Moncloa y a los grandes medios argentinos. Es que la perspectiva de entrar a la Argentina en el espacio vacante que deja Repsol es una tentación.

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Los que se arriman y los que ya están: Sería fatuo negar que la conducta argentina encenderá luces de alerta extramuros. La prédica de la “seguridad jurídica” cunde. Aun sin ella, un gobierno firme en la defensa de sus derechos motiva resquemores de los poderes fácticos. De cualquier modo, habrá interesados en la actividad hidrocarburífera. Es hiperrentable y las ganancias tiran más que una yunta de bueyes o que los relatos apocalípticos de quienes parangonan al CEO Antonio Brufau con Teresa de Calcuta. O con Claudio María Domínguez, si uno se ciñe a personajes locales.

Los grandes jugadores que ya están en la Argentina pondrán las barbas en remojo y harán sus cuentas. Todo indica que les pueden dar bien si se encuadran en (o se cuadran ante) el nuevo marco legal soberano. Los primeros reflejos de la francesa Total y de Petrobras son indicios interesantes.

Hay incentivos para que otras empresas vengan a la Argentina. Tomarán sus recaudos bajo la nueva luz, más vale. Así las cosas, es verosímil que quienes se atrevan serán corporaciones con espaldas anchas. Las de China, por caso, tienen el respaldo de una potencia ascendente y cuentan con la ventaja de ser un gran comprador de productos argentinos, lo que las dota de poder para negociar. Petrobras llegaría de la mano del principal aliado estratégico de Argentina, es una baza fuerte. Y las empresas norteamericanas siempre son poderosas.

Tamaños interlocutores agigantan el desafío para la gestión futura no solo de YPF sino de todo el mercado de hidrocarburos. El discurso de Cristina Kirchner lo subrayó, el proyecto de ley lo explicita: la expropiación es el, tremendo, primer paso de una presencia nacional que va más allá de Repsol.

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Precedentes: El presidente boliviano Evo Morales impuso un giro copernicano a las reglas de expoliación que regían la actividad petrolera y gasífera en su patria. Los dueños del poder mundial montaron en cólera, dando rienda suelta a una verba estigmatizante y soberbia, que se exacerba ante mandatarios indígenas o mujeres. Una señal ideológica, ahí.

Según pasaron los años, los amos y señores se sentaron a negociar y no se fueron del Altiplano.

Cuando el presidente venezolano Hugo Chávez expropió una empresa del grupo Techint tronaron insultos y desprecio. Una mediación sensata y amigable del gobierno kirchnerista catalizó un acuerdo sobre la indemnización, que sedó al Grupo Techint.

Hoy día, suena a dislate. Pero una negociación es un horizonte imaginable en el mediano o largo plazo. Habrá bastante tiempo, un acicate para bajar la furia.

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Si al tiempo le pido tiempo...: En su presentación ante el Senado el viceministro de Economía, Axel Kicillof, sugirió que el precio de la tasación de Repsol será bajo, disminuido por sus significativos pasivos. Entre paréntesis, la exposición del funcionario acicateó demonizaciones varias sobre su vestimenta, la ingesta de ravioles, los jóvenes K, “La Cámpora” y el bueno del ex presidente Héctor Cámpora. Fuegos artificiales al margen, la calidad del discurso agregó valor a la postura oficial. Acaso dé que pensar al propio Gobierno: vaya si le sirve tener emisores de buen nivel, que sumen volumen a las medidas y discursos presidenciales. En este estadio hay pocos oradores oficiales que salgan a la palestra (no por carencia de cuadros, sino por haberse resuelto así) lo que es una debilidad relativa, digna de ser corregida.

Habrá que ver qué determina el Tribunal de Tasaciones. Algo es seguro: en ese trance Repsol y el gobierno español se mostrarán desolados y despojados. Comenzará entonces un largo trajín judicial. La Ley tratado 24.418 fija un itinerario largo, que comienza en los tribunales argentinos. La empresa puede salirse de ellos recién tras 18 meses de trámite o ante una sentencia que considere injusta. Lo más factible es que no se llegue a ella en ese lapso.

Recién pasada esa etapa, podrá Repsol recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (Ciadi). El engendro, al que Argentina adscribió en la década menemista, no es un tribunal permanente, como (por ejemplo) la Corte de La Haya. Es un ámbito donde se conforman, ad hoc para cada conflicto, tribunales arbitrales de tres miembros. Cada litigante elige un árbitro, el tercero es puesto por el Ciadi. Todo está predispuesto para que gane el local, que no es Argentina. El partido para Repsol será algo así como si Real Madrid jugara de local en el estadio Santiago Bernabeu con el DT Mourinho como referí. Las sentencias están cantadas, la ejecución (a realizarse ante la Justicia argentina) tiene sus bemoles y demora lo suyo.

Los tratados que remiten al Ciadi resignan soberanía. Tienen reconducción (renovación) automática si no se “denuncian”. El entramado legal torna muy peliagudo intentarlo. La Argentina ha hecho poco por tratar de modificar el cuadro, tal vez sea hora de ir pensando el modo. No es para nada sencillo, pero es imprescindible.

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Cuadro de situación: El presidente Mariano Rajoy tiene problemas más graves y densos que Repsol. La economía de su país está en caída libre y se anuncia recesión para los años venideros. El desempleo crece, los recortes a beneficios sociales levantan oleadas de protestas. Le costará al líder del PP mantener a la Argentina en el tope de la agenda de sus compatriotas de a pie. Los osados sudacas no son, ni siquiera, quienes más cuestionan a España. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, usa el ejemplo ibérico como advertencia en su campaña electoral: si ganaran los socialistas, Francia caería al nivel de España. Discurso que escuece a muchos de sus habitantes, ni qué decir a los del PP, que son tan de derechas como Sarkozy.

En la Casa Rosada el humor es diferente al que prima en La Moncloa. Los sondeos marcan aprobaciones ciudadanas a tasas chinas. YPF domina la agenda pese a los denodados intentos de Clarín por colar otros temas.

El oficialismo debe ser cauto, atento a su propio imaginario: el mundo real es mucho más vasto que lo que aparece en grandes titulares. Y la agenda de un gobierno se nutre cotidianamente de muchos tópicos, de necesidades y demandas de los argentinos que no se suspenden. El crédito político del oficialismo aumentó pero será sustentable en el tiempo si la movida histórica redunda en beneficios tangibles para la ciudadanía, los trabajadores especialmente.

El kirchnerismo es fascinante cuando se sube al ring y pelea por causas afines a su mejor imaginario, que tiene tantos puntos tangentes con la tradición nacional-popular. Pero, como comenta el sociólogo y escritor Ernesto Semán, para hacer “sintonía fina” hay que sacarse los guantes de box. La presidenta Cristina destacó esa necesidad, que para YPF se traduce en una gestión profesionalizada. Los errores previos del propio gobierno, como explicaron en este diario el filósofo Ricardo Forster y el colega Luis Bruschtein, provocaron su autocrítica fáctica que es la adopción de un nuevo y mejor paradigma. Enfilar el rumbo es un gran acierto, que sólo se redondeará si la gestión es congruente con las banderas.

El miércoles habrá una sesión histórica en el Senado. El grueso de la oposición hará un apoyo crítico. Cuestionará y propondrá reformas, a veces con buenos argumentos que el oficialismo debería escuchar y, acaso, poner en práctica. La Presidenta agradeció el aval de los adversarios, en buena praxis republicana.

El futuro es incierto por definición y siempre depende de la destreza de los actores, sobre todo si toman decisiones audaces. En el camino, son estos días memorables. Muchos pensaron, con decepción, que no llegarían nunca. De ahí la adhesión masiva, que no basta para garantizar resultados pero que entona e insufla fuerzas.

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