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A dos meses de la tragedia de Once, el juez Claudio Bonadío ya citó a declaración indagatoria a los dos ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; a otros funcionarios a cargo del control estatal de los ferrocarriles, a los dueños de TBA, al gerente de material rodante, Roque Cirigliano –que curiosamente no tiene ningún vínculo familiar con los propietarios de la empresa–, a numerosos directivos y ejecutivos de la empresa y al maquinista Marcos Antonio Córdoba, quien tendrá que ampliar sus dichos. Cuando empiecen las indagatorias, el 7 de mayo, el magistrado ya tendrá en su poder todos los peritajes, incluyendo el análisis contable de los subsidios pagados por el Estado. El jueves, Bonadío recibió la respuesta a su pedido de ampliación de peritaje (ver aparte) que confirma los resultados que publicó Página/12 en exclusiva hace ya dos semanas.

El corazón de la causa tiene que ver con el enfoque de lo ocurrido. En el juzgado han dicho que debe determinarse por qué el tren no frenó aquella mañana del 22 de febrero y de allí derivarán las responsabilidades penales. En primer lugar, aparece el maquinista en la mira, porque era el que estaba a cargo de frenar el tren. Si hay cuestiones de organización y mantenimiento que llevaron a que el tren no frenara, obviamente serán parte de la acusación. Por eso fueron citados a indagatoria los funcionarios del Estado y los hombres de TBA. El fiscal Federico Delgado, en cambio, considera que hay “un adentro” –el choque mismo– y “un afuera” –las condiciones en que se prestaba el servicio–, y que estas condiciones influyeron en el accidente porque no se tomaron las medidas previas que se debieron tomar. Por lo tanto, considera que el maquinista fue la parte débil de la tragedia y que las mayores imputaciones corresponden a los organismos del Estado, la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y a los dueños y ejecutivos de TBA.

En ese marco, la empresa TBA sugiere que el maquinista no aplicó los frenos porque se durmió o desmayó o cabeceó por falta de sueño y que está probado que los frenos funcionaban bien. La Fraternidad, el gremio del conductor, Marcos Antonio Córdoba, insiste en que hubo un problema técnico y que fallaron los frenos. Por ahora, el peritaje firmado por siete ingenieros, incluyendo el de La Fraternidad, indica que los frenos no fallaron. De todas maneras, el sindicato –también lo señala el fiscal Delgado– alega además que parte de las muertes se produjeron porque el parachoques del andén 2 de la Estación Once no tenía mantenimiento y por lo tanto falló el mecanismo hidráulico, lo que impidió que hubiera una amortiguación en el impacto. El tema fue abordado –y negado– por los ingenieros en la ampliación de la pericia.

Hay dos puntos firmados por los siete especialistas que apuntan a la empresa. En primer lugar, que “la mayor parte de las unidades se encuentran con mantenimiento diferido”, es decir que debieron hacerles trabajos, de acuerdo con una tabla de kilometrajes, que no se hicieron con la frecuencia que correspondía. “Como concepto, está reñido con la seguridad”, señalaron los peritos. El otro punto tiene que ver con que “el alto grado de informalidad con que se ponen en servicio los vehículos no es compatible con mínimos conceptos de organización de seguridad”. Esto significa que de los talleres entraban y salían vagones sin que los trabajos en ellos quedaran bien certificados, con las firmas de los responsables. Estos dos puntos muestran falencias en la organización y da la impresión de que el juez los tomará en cuenta.

Hay otro tema por el que Bonadío citó a doce funcionarios públicos, principalmente efectivos de la División Bomberos, de Criminalística y de Defensa Civil. El magistrado intenta dilucidar por qué no se encontró a Lucas Menghini Rey, sino hasta 48 horas de producido el choque. El fiscal Delgado afirmó en su escrito que todavía no pudo ver esa parte del expediente y por ello no se pronunció, pero se trata de una cuestión en la que el juez va a poner especial énfasis.

Por último, antes del 7 de mayo, fecha de la primera indagatoria, estarán los resultados de la pericia contable. Se supone que de allí deberían salir datos sobre la forma en la que se utilizaron los subsidios que paga el Estado. En teoría esos fondos tienen que ir principalmente para pagar sueldos y para mantenimiento. Las inversiones en infraestructura corren por cuenta del Estado.

Más allá de la causa judicial, el Gobierno tiene que tomar decisiones sobre la línea ex Sarmiento. La Presidenta ha dicho que espera los resultados de los peritajes y por ahora decretó la prórroga de la intervención a TBA. La realidad es que las decisiones deberían ser adoptadas en función de la mala calidad del servicio, por la forma en la que viajan los pasajeros, y no por un expediente que tendrá idas y vueltas.