Dirigentes del radicalismo consideraron que el gobierno nacional “interfiere en la Justicia” y expresaron su “profunda preocupación” por el desplazamiento del fiscal Carlos Rívolo de la investigación del caso Boldt-Ciccone, al haber unificado el juez federal Ariel Lijo esa causa con otra en la que se investiga la situación patrimonial del vicepresidente Amado Boudou, quedando como fiscal de ambas Jorge Di Lello. En un comunicado firmado por el presidente de la UCR, Mario Barletta, y los jefes de los bloques legislativos del partido, Ricardo Gil Lavedra y Luis Naidenoff, el radicalismo lamentó el desplazamiento de un fiscal que “había demostrado objetividad y valentía para investigar al poder”. Según los referentes radicales, la situación “aumenta la sospecha de la ciudadanía sobre la injerencia política en la investigación de los hechos de corrupción protagonizados por los más altos funcionarios de Gobierno”. Para ellos, la decisión de Lijo “añade una nueva anomalía al trámite de un proceso que, por su relevancia, debería haberse manejado con la mayor transparencia y seriedad”.