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La difusión, iniciada en medios uruguayos, de una auditoría del Tribunal de Cuentas (TCR) del país vecino que señala “dudas” sobre la extensión del contrato con la empresa Riovía para el mantenimiento del dragado del canal Martín García y advierte sobre dilaciones en el proceso de licitación de parte de la Argentina para favorecer a esa empresa, cruzó ayer el charco y tuvo una réplica de la Cancillería. En un comunicado afirmó que la auditoría de la prórroga del contrato había sido su propia condición impuesta para continuar los trabajos en el canal a raíz de denuncias de sobornos. Añadió que las demoras en la licitación permitieron un ahorro de 2.850.000 dólares en la negociación y son ajenas a otras especulaciones.

“Es falsa –añade la Cancillería en su respuesta– la afirmación respecto de que las supuestas demoras responderían a que la Argentina pretendería retrasar el dragado del canal Martín García para favorecer al canal argentino Emilio Mitre, puesto que contrasta con el hecho irrefutable de que el canal binacional Martín García es utilizado mayoritariamente –en más del 80 por ciento– por buques que tienen como destino puertos argentinos. La Argentina será el país más beneficiado por dicha profundización a pesar de las infundadas creencias de ciertos políticos uruguayos.”

El informe que elaboró el TCR y que envió a la Cancillería uruguaya se refiere a la actuación de las delegaciones tanto de ese país como de la Argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). El tribunal había sido convocado en mayo después de que el embajador itinerante Julio Baráibar aludiera a un supuesto intento de coima al presidente de la CARP, Francisco Bustillo, para que favoreciera la continuidad de Riovía, empresa que se ocupa del mantenimiento del canal Martín García. La auditoría difundida del TCR dice que “existió un enlentecimiento en el tratamiento de temas importantes y trascendentes dentro de la CARP, actitud que tuvo incidencia directa en la forma en que se llegó al final del plazo contractual con Riovía”. “Las responsabilidades para que se llegase a esta situación deben atribuirse a la delegación argentina”, afirma, y la responsabiliza de impedir un concurso de precios y generar “condiciones más beneficiosas para Riovía”.

La Cancillería argentina señaló que “mientras que la empresa llegó a valorizar el precio del trabajo en 18 millones de dólares, finalmente concluyó en el acuerdo de prórroga suscripto el 7 de febrero de 2012, por el que se estableció el precio de 15.150.000 dólares anuales. La supuesta demora, de la cual es sospechada la Argentina, resultó en un ahorro de 2.850.000 dólares”. También dijo que la auditoría uruguaya lo señala como un precio “razonable”. El concurso de precios para prorrogar la concesión, aclaró Cancillería, “se encuentra en pleno desarrollo” y la apertura de ofertas es el 30 de julio.